La Policía determina que los 100.000 euros que un empresario entregó a Alvise fueron, evidentemente, para respaldar su campaña | España.

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, que investiga la presunta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe que considera “veraz” la afirmación del empresario Álvaro Romillo sobre haber entregado 100.000 euros al agitador ultra, destinados a financiar parte de su campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que logró 800.000 votos y tres escaños. El informe policial subraya que “es evidente que el objetivo subyacente en la actuación de Luis Pérez Fernández es la obtención de fondos para financiar la campaña electoral, que deben ser opacos, no declarados y de origen difuso, buscando que no sean fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad final entregada pudiera ser superior, ya que el propio Alvise menciona en un mensaje interceptado que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise compareció en el Supremo en julio pasado, donde admitió haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó haber utilizado ese dinero para financiar la campaña de su agrupación electoral en las elecciones europeas de 2024. Según fuentes presentes en su declaración, Alvise afirmó que utilizó la mitad de esa suma para gastos personales y algunos viajes profesionales, mientras que la otra mitad se la guardó. Romillo, quien compareció después que el eurodiputado, desmintió esa versión y aseguró que siempre estuvo claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. El informe policial respalda el testimonio de Romillo y resalta que “no hay ningún dato” que relacione la entrega de ese dinero con “la prestación de servicio por su parte a Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias, como había declarado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, analiza los mensajes interchanged entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería Signal, recuperados por la Policía en el teléfono de Romillo. Al verificar que los mensajes no fueron manipulados, los investigadores enfatizan que demuestran que el agitador ultra pretende hacer ver a Romillo “la potencialidad” de su colaboración. “Con un buen acuerdo, tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente, y yo financiar con seguridad y holgura mi campaña sin la problemática de la persecución estatal”, señala uno de los mensajes.

El político detalla sus “necesidades”, mencionando la falta de “fondos que no requieran control por el Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad”, que no puede costear de su propio bolsillo “por la ley de financiación de partidos políticos”. Además, el líder ultra indica que debe “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido], también me viene bien esto para financiar la aventura política […] En cash es irrastreable, sí”, afirma en otro mensaje.

En cuanto a Romillo, conocido en redes como Luis CryptoSpain, los agentes indican que actúa exclusivamente por intereses empresariales, “no siendo su propósito directo financiar la campaña electoral de SALF, aunque es plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, ayudando a su consecución”. Según la Policía, el “principal incentivo” de Romillo son “sus expectativas de negocio al involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la intención de lucrarse”. El informe resalta que “en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario presenta a Alvise “las diversas metodologías para mover capitales que no sean trazables por las instituciones fiscalizadoras, ni detectadas como financiadores de su campaña electoral”.

Así, los agentes mencionan que dos días antes de la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le sugirió a Alvise que el dinero que reciba SALF, materializado en criptomonedas, “sea compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de modo que los pagos que reciba SALF en diversos wallet [monederos virtuales] controlados por Romillo siempre sean supervisados por él, quien tiene la clave privada […] que permite operar”. De esta manera, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien le indica a Alvise que publique en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía explica que el modus operandi de Alvise, “consistente en introducir capitales en una sociedad simulando que es una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizado en múltiples ocasiones por la criminalidad organizada”. Básicamente, se trata de “simular que el dinero entrante es un préstamo de un tercero, que luego tiene derecho a canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, produciéndose una ampliación del capital social […]. Este movimiento ―indica el informe― disimula las verdaderas intenciones de los actores, en este caso utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta es, de las tres causas abiertas en el Supremo, la que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, una se centra en la difusión de una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y la otra por varios mensajes enviados a través de Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, podrían constituir un delito de acoso.