La Policía determina que los 100.000 euros que un empresario entregó a Alvise se utilizaron claramente para financiar su campaña | España

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, quien investiga la presunta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe que considera “veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo afirmó haber entregado al agitador ultra fueron utilizados para financiar en parte la campaña electoral de este en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que recibió 800.000 votos y logró tres escaños. El informe policial subraya que “es evidente que el objetivo subyacente de la actuación de Luis Pérez Fernández es la obtención de fondos para financiar la campaña electoral, los cuales deberían ser opacos, es decir, no declarados y de origen difuso, para evitar su fiscalización por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad finalmente entregada pudiera ser superior, ya que el mismo Alvise mencionó en un mensaje intervenido que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró sobre este asunto en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, reconoció haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó que hubiera utilizado ese dinero para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024 de su agrupación electoral. Fuentes presentes en la declaración aseguraron que Alvise manifestó haber utilizado la mitad de ese dinero para gastos personales y algunos viajes profesionales, mientras que la otra mitad la tenía guardada. Romillo, quien declaró después de él, desmintió esa versión y, según las mismas fuentes, indicó que siempre quedó claro que los 100.000 euros eran para los gastos del partido. Ahora, el informe policial respalda el testimonio del empresario y resalta que “no hay dato alguno” que vincule la entrega de esos fondos con “la prestación de servicio por su parte a Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias asociadas, como había manifestado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el pasado 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, examina los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal, los cuales fueron recuperados por la Policía en el teléfono del primero. Tras verificar que no han sido manipulados, los investigadores destacan que de estos mensajes se infiere que el agitador ultra hace ver a Romillo “la potencialidad” de la colaboración entre ambos. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente, y yo financiar mi campaña con seguridad y holgura, sin la problemática de la persecución estatal”, se puede leer en uno de ellos.

El político detalla sus “necesidades”, entre las que menciona “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que él no puede financiar de su propio bolsillo “por la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra añade que también debe “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si era elegido], también me ayuda eso para financiar la aventura política […] En cash es irrastrable, sí”, afirma en otro mensaje.

Con respecto a Romillo, conocido en las redes como Luis CryptoSpain, los agentes indican que actúa por intereses puramente empresariales, “no siendo su objetivo directo financiar la campaña electoral de SALF, siendo no obstante plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, apoyando su consecución”. Según la Policía, el “principal incentivo” del empresario son “sus expectativas de negocio al involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con el propósito de lucrarse en consecuencia”. El informe policial enfatiza que, “en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario presentó a Alvise “las diversas posibilidades metodológicas para mover capitales sin que sean rastreables por las instituciones fiscalizadoras, ni detectadas como financiadores de su campaña electoral”.

Así, indican los agentes, dos días antes de que se realizara la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le sugirió que el dinero que reciba SALF materializados en criptomonedas “sea compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de modo que los pagos que reciba SALF en diversas wallet [monederos virtuales] controladas por Romillo sean siempre gestionados por él, ya que será el que dispone de la clave privada […] que permite operar”. De esta manera, añaden los agentes, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien le indica a Alvise que publique en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía detalla que la forma de actuar de Alvise, “consistente en introducir capitales en una sociedad simulando que es una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada en múltiples ocasiones por la criminalidad organizada”. Se trata, básicamente, de “simular que el dinero entrante es un préstamo realizado por un tercero, que luego tiene el derecho de canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, resultando en una ampliación del capital social […]. Este movimiento ―recoge el informe― disimula la verdadera intención de los actores, en este caso utilizar ese capital para financiar la agrupación electoral SALF”.

Esta es, de las tres causas que tiene abiertas en el Supremo, la que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, se le investiga por difundir supuestas pruebas falsas de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y por varios mensajes lanzados a través de la aplicación Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, podrían constituir un delito de acoso.