La Policía determina que los 100.000 euros que un empresario le dio a Alvise fueron claramente utilizados para financiar su campaña | España

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, encargado de investigar la supuesta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe que “considera veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo aseguró haber entregado al activista ultra fueron destinados a financiar parte de su campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, donde logró 800.000 votos y tres escaños. El informe enfatiza que “es evidente que el propósito subyacente en la actuación de Luis Pérez Fernández es la obtención de fondos para financiar la campaña electoral, los cuales deben ser opacos, es decir, no declarados y con un origen difuso, para evitar su fiscalización por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad entregada pudiera haber sido mayor, dado que el propio Alvise mencionó en un mensaje intervenido que necesitaba entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró sobre este asunto en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, admitió haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, aunque negó que esos fondos se utilizaran para financiar su campaña electoral de 2024. Fuentes presentes durante la declaración indicaron que Alvise dijo haber usado la mitad del dinero para gastos personales y algunos viajes profesionales, y que la otra mitad la guardaba. Romillo, quien declaró después, contradijo esa versión y aseguró que siempre había quedado claro que los 100.000 euros eran para cubrir gastos del partido. El documento policial respalda el testimonio del empresario, destacando que “no existe dato alguno” que relacione la entrega del dinero con “la prestación de servicio por parte de Álvaro Romillo o sus estructuras societarias, como había afirmado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el pasado 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, analiza los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal, que fueron recuperados del teléfono de Romillo. Después de verificar que los mensajes no han sido manipulados, los investigadores resaltan que de ellos se infiere que Alvise hace ver a Romillo “la potencialidad” de su colaboración. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a muchas más personas, y yo podría financiar mi campaña con seguridad y holgura, sin el problema de la persecución estatal”, se puede leer en uno de estos mensajes.

El político detalla sus “necesidades”, entre las que menciona “fondos que no requieran control del Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad”, que no puede cubrir de su bolsillo “debido a la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra también menciona que debe “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido], eso también me sirve para financiar la aventura política […] En cash es irrastrable, sí”, afirma en otro mensaje.

En cuanto a Romillo, conocido en redes como Luis CryptoSpain, los agentes señalan que se mueve por intereses puramente empresariales, “sin que su objetivo directo sea financiar la campaña electoral de SALF, pero siendo plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, contribuyendo a su logro”. Según la Policía, el “principal incentivo” del empresario son “sus expectativas de negocio al involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la intención de lucrarse”. El informe recalca que, “en múltiples ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario presentó a Alvise “las diversas metodologías para mover capitales sin que sean rastreados por las instituciones fiscales, ni identificados como financiación de su campaña electoral”.

Así, los agentes indican que dos días antes de la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le propuso que el dinero recibido por SALF materializado en criptomonedas “sea compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de tal forma que los pagos que reciba SALF a través de diferentes wallet [monederos virtuales] controladas por Romillo, siempre estén bajo su control, ya que él tiene la clave privada […] que permite operar”. De esta manera, señalan los agentes, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien sugiere a Alvise que comparta en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía señala que el modo de actuar de Alvise, “consistente en introducir capitales en una sociedad haciendo pasar por una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizado por múltiples organizaciones criminales”. Se trata, fundamentalmente, de “simular que el dinero recibido es un préstamo realizado por un tercero, que luego tiene derecho a canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, llevando a cabo una ampliación del capital social […]. Este movimiento ―afirma el informe― disimula la verdadera intención de los actores, en este caso utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta causa, de las tres abiertas en el Supremo, es la que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, se le investiga por difundir una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y por varios mensajes enviados a través de la aplicación Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, los cuales, según el alto tribunal, podrían constituir un delito de acoso.