La responsable de comunicación de la Fiscalía afirma que Ayuso buscó generar «dudas» sobre el ministerio público | España

Durante la sesión de la mañana del juicio de hoy, la defensa del fiscal general del Estado ha reafirmado su línea argumental principal: Álvaro García Ortiz no filtró ningún secreto y, ese día, recolectó información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y su posible acuerdo con la fiscalía por un presunto fraude fiscal como medida defensiva, para contrarrestar rumores que provenían del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, ha señalado que el 6 de marzo (siete días antes de que se filtrara el correo de la defensa del novio de Ayuso) recibió la primera llamada de un periodista que deseaba saber si había un caso contra Alberto González Amador, destacando que el asunto adquirió una gran repercusión mediática, sobre todo, tras los ataques públicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia la fiscal jefe provincial.

“El 12 de marzo, Ayuso comenzó a sembrar dudas sobre la fiscal provincial y, por ende, sobre toda la Fiscalía”. La presunta filtración del correo que desmentía un rumor anterior de Miguel Ángel Rodríguez y una información errónea publicada en El Mundo ocurrió la noche del 13 de marzo, que afirmaban que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a la pareja de la dirigente del PP, cuando en realidad había sido inverso.

Hedo también ha declarado que un periodista de EL PAÍS le preguntó el 12 de marzo, es decir, casi 32 horas antes de que el fiscal viese el correo, si tenía conocimiento sobre este posible acuerdo. Su testimonio coincide con el de cuatro redactores de este medio que fueron citados como testigos, quienes informaron al juez que, a mediodía del 12 de marzo de 2024, supieron por fuentes fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el abogado de la pareja de Ayuso pretendía llegar a un acuerdo con el ministerio público, implicando la devolución de lo defraudado más una multa a cambio del reconocimiento de los delitos de su cliente. Los periodistas, que testificarán en los próximos días en el juicio, aclararon que el diario no publicó esa información debido a que no pudieron verificarla con el abogado, Carlos Neira, quien no respondió las llamadas, el correo y el mensaje de WhatsApp que uno de ellos le envió.

Hedo ha precisado que conoció la primera información sobre la denuncia de la Fiscalía a la pareja de Ayuso el 6 de marzo por la tarde, cuando un periodista de ElDiario.es le preguntó si había alguna denuncia en la Fiscalía sobre una empresa llamada Maxwell Cremona, que, según la información proporcionada por el periodista, era de alguien llamado Alberto González, vinculado a la Comunidad de Madrid. Ella, según su relato, le sugirió que se pusiera en contacto con la Fiscalía de Madrid.

Según Hedo, nadie volvió a preguntarle sobre ese asunto hasta el 12 de marzo, cuando ElDiario.es informó que el ministerio público había denunciado a la pareja de Ayuso. En ese momento, la jefa de comunicación de la Fiscalía General, según su versión, se comunicó con el responsable de prensa de la Fiscalía madrileña y, ante las consultas de los medios, envió la denuncia presentada contra González Amador a los periodistas que lo solicitaron.

Hedo ha indicado que las llamadas de los periodistas se multiplicaron el 13 de marzo después de las 21.29, cuando El Mundo publicó la versión que estaba dando el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, recogiendo detalles de un correo enviado por el fiscal del caso de la pareja de Ayuso a su abogado. Hedo subrayó que, poco después, a las 21.45, un periodista de La Sexta le llamó para informarle que había conseguido información contraria a lo que publicaba El Mundo, es decir, que era el abogado quien proponía un pacto, información que contenía el correo que está en el centro de la investigación y que, en ese momento, García Ortiz aún no había recibido (lo obtuvo a las 21.59).

“La confusión era monumental porque los periodistas no sabían si lo correcto era lo de El Mundo o no. Y El Mundo ya incluía fragmentos de un correo específico, con citas literales y datos concretos. Los correos habían salido a la luz”, enfatizó Hedo. A partir de ese momento, Hedo intercambió llamadas y mensajes con García Ortiz sobre el caso de González Amador para reunir la información y redactar el comunicado, pero aclaró que solo recibió información verbal y no tuvo acceso a los correos relacionados con el caso.

La nota informativa de la fiscalía

Parte del testimonio de Hedo y Corral se centró en la nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid la mañana del 14 de marzo, que ofrecía una cronología de las acciones de la Fiscalía en el caso de González Ayuso. La elaboración de esta nota fue, según Hedo, lo que llevó al fiscal general a solicitar los correos intercambiados entre el abogado y la Fiscalía.

La fiscal superior declaró en la primera sesión del juicio que no estaba de acuerdo con la nota redactada por la Fiscalía General porque contenía datos personales de González Amador, un aspecto que Hedo ha rechazado, asegurando que las objeciones de la fiscal jefa superior y su jefe de gabinete fueron “objeciones formales”, nunca sobre el contenido. Al ser preguntado al respecto, el director de comunicación de la fiscalía madrileña admitió que su oposición a la nota se debió a que le parecía “ridículo” hacer público ese comunicado, ya que todo su contenido ya estaba disponible en los medios y los correos se habían hecho públicos.

Antes de concluir su declaración, la jefa de comunicación de García Ortiz dejó un mensaje relevante sobre filtraciones. La defensa del fiscal le preguntó en qué momento tuvo conocimiento de que el Supremo iba a imputar a su jefe, a lo que ella respondió que había muchos rumores desde varios días antes de que, el 16 de octubre de 2024, el alto tribunal iniciara la causa; pero la confirmación, según Hedo, se la dio el propio García Ortiz el 12 de octubre, tras salir de la recepción en el Palacio Real, cuando la llamó para informarle que ya sabía con certeza que iba a ser imputado.

La defensa del fiscal presentó a otros dos testigos para intentar contrarrestar otras dos cuestiones en las que se basa la acusación. Uno de ellos era un fiscal de la unidad especial contra la corrupción, Diego Lucas, quien asumió el caso del fraude fiscal de González Amador. Lucas confirmó que los abogados de este propusieron nuevamente un acuerdo de conformidad, que implicaría aceptar los delitos a cambio de evitar la cárcel, después de que se hiciera pública la primera negociación con el Ministerio Público. De esta forma, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, intentaba debilitar el argumento de los acusadores de que la filtración de que el novio de Ayuso reconocía la comisión de los delitos había complicado su estrategia de defensa. Lucas también relató las maniobras de los abogados de González Amador para retrasar su declaración judicial, tras el inicio de otra investigación contra él por adquirir por medio millón de euros una empresa sin valor, con la que logró cobrar dos millones por la venta de mascarillas durante la pandemia.

La segunda testigo fue Esmeralda Rosillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, departamento encargado de gestionar cuestiones tecnológicas. En este caso, la defensa intentaba desvincular el cambio de teléfonos móviles por parte de García Ortiz de un intento de destruir pruebas. Rosillo indicó que dicho cambio de dispositivos es habitual y detalló que el acusado ya lo había realizado en seis ocasiones desde su entrada en la Fiscalía General en 2020, y en tres desde que asumió el mando en 2023.

También compareció, en esta ocasión requerido por las acusaciones, el anterior secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. El exalto cargo del Gobierno desmintió tener acceso al correo filtrado que es objeto de la investigación, el cual fue enviado el 14 de marzo de 2024 por otra funcionaria socialista de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para utilizarlo contra Ayuso en una sesión de control en la Asamblea regional. Vallés negó haber tenido comunicación alguna sobre el caso con la Fiscalía del Estado y enfatizó que ni siquiera tiene el número de García Ortiz.