La responsable de comunicación de la Fiscalía afirma que Ayuso buscó proyectar «dudas» sobre el ministerio público | España

La defensa del fiscal general del Estado ha continuado, en la sesión de la mañana del juicio, insistiendo en su argumento principal: Álvaro García Ortiz no reveló ningún secreto y, en esa fecha, recabó información sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y su posible pacto con la fiscalía por un supuesto fraude fiscal, de manera defensiva, para contrarrestar las informaciones falsas que surgían del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, detalló que el 6 de marzo (siete días antes de que se filtrara el correo de la defensa del novio de Ayuso) recibió la primera llamada de un periodista interesado en saber si existía un caso contra González Amador, explicando que el asunto adquirió una gran relevancia mediática, especialmente tras los ataques públicos de la presidenta hacia la fiscal jefe provincial.

“El 12 de marzo, Ayuso comenzó a extender sospechas sobre la fiscal provincial y, por ende, sobre toda la Fiscalía”. La noche del 13 ocurrió la presunta filtración del correo que desmentía un bulo anterior de Miguel Ángel Rodríguez y una información previa distorsionada de El Mundo, afirmando que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de la dirigente del PP, cuando en realidad había sucedido lo contrario.

Hedo también mencionó que el 12 de marzo, es decir, casi 32 horas antes de que el fiscal tuviera el correo, un periodista de EL PAÍS le preguntó si tenía conocimiento de este posible acuerdo. Su versión coincide con las declaraciones de cuatro redactores de este periódico que, durante la instrucción, contaron al juez que al mediodía del 12 de marzo de 2024, habían sido informados por fuentes fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la intención del abogado de la pareja de Ayuso de alcanzar un pacto con el ministerio público, que implicaba que su cliente devolviera lo defraudado más una multa a cambio del reconocimiento de sus delitos. Los periodistas, que declararán en los próximos días en el juicio, explicaron que la información no fue publicada porque no lograron contrastarla con el letrado, Carlos Neira, quien no respondió a su llamada, correo ni al mensaje de WhatsApp que le enviaron.

Hedo precisó que tuvo la primera información sobre la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso el 6 de marzo por la tarde, cuando un periodista de ElDiario.es le consultó si había alguna denuncia en la Fiscalía sobre una empresa llamada Maxwell Cremona, vinculada a alguien llamado Alberto González. Según su relato, le indicó que se pusiera en contacto con la Fiscalía de Madrid.

Según Hedo, nadie le preguntó nuevamente sobre el asunto hasta el 12 de marzo, cuando ElDiario.es publicó que el ministerio público había denunciado a la pareja de Ayuso. La jefa de comunicación de la Fiscalía General, según su versión, habló entonces con el responsable de prensa de la Fiscalía madrileña y, ante las consultas de los medios, envió la denuncia presentada contra González Amador a los periodistas que la requerían.

Hedo aseguró que las llamadas de periodistas aumentaron el 13 de marzo después de las 21:29, cuando El Mundo publicó la versión dada por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, que incluía detalles de un correo del fiscal del caso de la pareja de Ayuso a su abogado. Hedo marcó que, poco después, a las 21:45, un periodista de La Sexta la contactó para explicar que había recibido información contraria a lo publicado por El Mundo, es decir, que era el abogado quien proponía el pacto, información reflejada en el correo central de la investigación, que en ese momento todavía no estaba en manos de García Ortiz (lo recibió a las 21:59).

“La confusión ya era considerable porque los periodistas no sabían si lo correcto era lo que decía El Mundo o no. Y El Mundo ya incluía un correo concreto, con frases exactas y datos específicos. Los correos se hicieron públicos”, afirmó Hedo. A partir de ese instante, la jefa de prensa intercambió llamadas y mensajes con García Ortiz sobre el caso que afectaba a González Amador para estructurar la información y redactar el comunicado, pero explicó que solo recibió información verbal y no tuvo acceso a los correos del caso.

La nota informativa de la fiscalía

Parte de la declaración de Hedo y Corral se centró en la nota de prensa divulgada por la Fiscalía de Madrid la mañana del 14 de marzo, que documentaba una cronología de la actuación de la Fiscalía en el caso de González Ayuso. La elaboración de esta nota fue, según Hedo, lo que llevó al fiscal general a solicitar los correos intercambiados entre el abogado y la Fiscalía.

La fiscal superior afirmó en la primera sesión del juicio que no estaba de acuerdo con la nota redactada por la Fiscalía General porque contenía datos personales de González Amador, un extremo que Hedo negó, asegurando que las objeciones de la fiscal jefa superior y su jefe de gabinete fueron “objeciones formales”, nunca sobre el contenido. Al ser cuestionado al respecto, el director de comunicación de la fiscalía madrileña admitió que se oponía a la nota porque le parecía “ridículo” publicar ese comunicado, ya que todo su contenido ya había sido expuesto en los medios y los correos se habían hecho públicos.

Antes de concluir su declaración, la jefa de comunicación de García Ortiz dejó otro mensaje significativo sobre filtraciones. La defensa del fiscal le preguntó en qué momento supo que el Supremo iba a imputar a su jefe, a lo que ella respondió que había muchos rumores desde varios días antes de que, el 16 de octubre de 2024, el alto tribunal abriera la causa; pero la confirmación, según Hedo, se la dio el propio García Ortiz el 12 de octubre, cuando, al salir de una recepción en el Palacio Real, la llamó para informarle que sabía con certeza que lo iban a imputar.

La defensa del fiscal presentó también a otros dos testigos para intentar desestimar otros dos puntos en los que se ha fundamentado la acusación. Uno fue el fiscal de la unidad especial contra la corrupción, Diego Lucas, quien heredó el caso del fraude fiscal de González Amador. Lucas confirmó que los abogados de este propusieron nuevamente un acuerdo de conformidad que implicaría aceptar los delitos a cambio de evitar la cárcel, tras haberse revelado la primera negociación con el Ministerio Público. De esta manera, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, intentaba refutar el argumento de los acusadores de que la filtración sobre el reconocimiento de culpabilidad por parte del novio de Ayuso había obstaculizado su estrategia de defensa. Lucas también narró las maniobras de los abogados de González Amador para retrasar su declaración judicial, luego de que se iniciara otra investigación en su contra por la compra de una empresa sin valor por medio millón de euros, facilitándole cobrar una comisión de dos millones por la venta de mascarillas durante la pandemia.

La segunda testigo fue otra fiscal, Esmeralda Rosillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, el departamento que gestiona las cuestiones tecnológicas. En este caso, la defensa intentaba desvincular la sustitución de teléfonos móviles por parte de García Ortiz de un intento de destruir pruebas. Rosillo indicó que el cambio de dispositivos es habitual y detalló que el acusado ya lo había hecho en seis ocasiones desde su ingreso en la Fiscalía General, en 2020, y en tres ocasiones desde que ocupó el cargo de mando, en 2023.

También compareció, en este caso solicitado por las acusaciones, el anterior secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. El exalto cargo del Gobierno desmintió tener acceso al correo filtrado objeto de la investigación, que el 14 de marzo de 2024 fue enviado por otra empleada socialista de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para usarlo contra Ayuso en una sesión de control en la Asamblea regional. Vallés negó haber mantenido comunicación alguna sobre el caso con la Fiscalía del Estado y subrayó que ni siquiera tenía el teléfono de García Ortiz.