La responsable de comunicación de la Fiscalía afirma que Ayuso trató de difundir “dudas” sobre el ministerio público | España

Durante la sesión de la mañana de hoy, la defensa del fiscal general del Estado se ha mantenido firme en su principal argumento: Álvaro García Ortiz no divulgó ningún secreto y su objetivo al recabar información sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, era defensivo, buscando frenar los rumores provenientes del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, ha explicado que el 6 de marzo (siete días antes de que se filtrara el correo del abogado de Ayuso) recibió la primera llamada de un periodista indagando sobre la existencia de un caso contra González Amador, destacando que la situación adquirió una gran relevancia mediática tras el ataque público de Ayuso a la fiscal jefe provincial.

“El 12 de marzo, Ayuso comenzó a sembrar dudas sobre la fiscal provincial y, por extensión, sobre toda la Fiscalía”. La filtración del correo que desmentía un bulo anterior de Miguel Ángel Rodríguez y una información malinterpretada de El Mundo ocurrió la noche del 13 de marzo, afirmando que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de la dirigente del PP, cuando en realidad era al contrario.

Hedo también mencionó que un periodista de EL PAÍS le preguntó el 12 de marzo, es decir, casi 32 horas antes de que el fiscal tuviera acceso al correo, si tenía información sobre este posible acuerdo. Su relato coincide con el de cuatro redactores de este diario que testificaron durante la instrucción, afirmando que en la tarde del 12 de marzo de 2024, supieron, a través de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el abogado de Ayuso pretendía alcanzar un acuerdo con el ministerio público que implicaba la restitución de lo defraudado junto a una multa a cambio de reconocer los delitos. Aunque los periodistas declararán en los próximos días, señalaron que el diario no publicó esta información porque no lograron confirmar los detalles con el abogado, Carlos Neira, quien no respondió a su llamada, correo o mensaje de WhatsApp.

Hedo ha especificado que el primer conocimiento sobre la denuncia de la Fiscalía hacia la pareja de Ayuso fue el 6 de marzo por la tarde, cuando un periodista de ElDiario.es le consultó acerca de una denuncia relacionada con una empresa llamada Maxwell Cremona, que supuestamente pertenecía a alguien llamado Alberto González vinculado a la Comunidad de Madrid. Según su relato, ella le recomendó que se dirigiera a la Fiscalía de Madrid.

Según Hedo, no volvió a recibir consultas sobre este tema hasta el 12 de marzo, cuando ElDiario.es reportó que el ministerio público había denunciado a la pareja de Ayuso. La jefa de prensa de la Fiscalía General se comunicó entonces con el responsable de prensa de la Fiscalía madrileña y, ante las preguntas de los medios, envió la denuncia presentada contra González Amador a los periodistas interesados.

Hedo ha indicado que las consultas de periodistas se incrementaron el 13 de marzo después de las 21:29, cuando El Mundo publicó detalles proporcionados por el jefe de gabinete de Ayuso y que incluían un correo del fiscal sobre el caso a su abogado. Añadió que, poco después, alrededor de las 21:45, un periodista de La Sexta le contactó con información contraria a la publicada por El Mundo, señalando que era el abogado quien proponía un pacto; esta era la información del correo en el centro de la investigación, que en ese momento aún no estaba en posesión de García Ortiz (lo recibió a las 21:59).

“La confusión era enorme porque los periodistas no sabían si debían confiar en lo publicado por El Mundo o no. Y El Mundo ya citaba un correo específico, con frases y datos concretos. Los correos estaban en el público”, aseguró Hedo. Desde ese momento, la jefa de prensa intercambió llamadas y mensajes con García Ortiz sobre el caso de González Amador para aclarar la información y redactar un comunicado, aunque señaló que solo recibió información verbal y no tuvo acceso a los correos del caso.

La nota informativa de la fiscalía

Parte de la declaración de Hedo y Corral se ha centrado en la nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid la mañana del 14 de marzo, la cual detallaba la cronología de las acciones de la Fiscalía en el caso de González Ayuso. La elaboración de dicha nota, según Hedo, llevó al fiscal general a solicitar acceso a los correos entre el abogado y la Fiscalía.

La fiscal superior expresó en la primera sesión del juicio que no coincidía con la nota redactada por la Fiscalía General debido a que contenía datos personales de González Amador, lo cual fue negado por Hedo, quien explicó que las objeciones de la fiscal jefa y su jefe de gabinete eran “formales” y no se referían al contenido. Cuando se le preguntó al respecto, el director de comunicación de la Fiscalía madrileña apuntó que su oposición a la nota se debió a que le parecía “ridículo” publicar un comunicado cuyo contenido ya era público en los medios y cuyos correos ya habían sido filtrados.

Antes de finalizar su declaración, la jefa de comunicación de García Ortiz dejó otro mensaje relevante sobre las filtraciones. La defensa del fiscal le preguntó cuándo se enteró de que el Supremo iba a imputar a su jefe, a lo que ella contestó que había muchos rumores desde días antes de que, el 16 de octubre de 2024, el alto tribunal abriera la causa; pero la confirmación, según Hedo, se la proporcionó el propio García Ortiz el 12 de octubre, al salir de un evento en el Palacio Real, quien le confirmó que sabía con certeza que lo iban a imputar.

La defensa del fiscal presentó a otros dos testigos para intentar refutar otras dos cuestiones que sustentan la acusación. Uno de ellos fue el fiscal Diego Lucas, responsable de la unidad especial contra la corrupción, quien heredó el caso del fraude fiscal de González Amador. Lucas confirmó que los abogados de este propusieron nuevamente un acuerdo de conformidad, asumiendo los delitos a cambio de evitar la cárcel, después de que se revelara la primera negociación con el Ministerio Público. Así, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, intentaba cuestionar el argumento de los acusadores de que la filtración relacionada con el reconocimiento de culpabilidad de la pareja de Ayuso había mermado su estrategia de defensa. Lucas también relató los intentos de los abogados de González Amador para retrasar su declaración judicial tras el inicio de otra investigación en su contra por la adquisición de una empresa sin valor por medio millón de euros, facilitando el cobro de una comisión de dos millones por la venta de mascarillas durante la pandemia.

La segunda testigo fue otra fiscal, Esmeralda Rosillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, departamento encargado de gestionar asuntos tecnológicos. En este caso, la defensa buscaba desvincular el cambio de teléfonos móviles por parte de García Ortiz de un intento de destruir pruebas. Rosillo indicó que el cambio de dispositivos es habitual, despreciando que el acusado ya lo había hecho en seis ocasiones desde que se unió a la Fiscalía General en 2020, y en tres ocasiones desde que asumió el cargo en 2023.

Además, compareció, a solicitud de las acusaciones, el anterior secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. El exalto funcionario del Gobierno negó haber tenido acceso al correo filtrado objeto de la investigación, el cual fue enviado el 14 de marzo de 2024 por Pilar Sánchez Acera, una empleada socialista de La Moncloa, al entonces líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, con el fin de usarlo contra Ayuso en una sesión de control en la Asamblea regional. Vallés también negó haber mantenido comunicación sobre el caso con la Fiscalía del Estado y enfatizó que ni siquiera tiene el número de teléfono de García Ortiz.