La responsable de prensa de la Fiscalía afirma que Ayuso buscó proyectar «la duda» sobre el ministerio público | España

Durante la sesión matutina del juicio, la defensa del fiscal general del Estado reiteró su argumento principal: Álvaro García Ortiz no divulgó ningún secreto y, el día en cuestión, obtuvo información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y su posible acuerdo con la fiscalía en relación a un presunto fraude fiscal, actuando defensivamente para contrarrestar rumores provenientes del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, explicó que el 6 de marzo (siete días antes de que se filtrara el correo de la defensa del novio de Ayuso) recibió su primera llamada de un periodista que indagaba si conocían la existencia de un caso contra Alberto González Amador, resaltando que el escándalo adquirió especial relevancia mediática tras los ataques públicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia la fiscal jefe provincial.

“El 12 de marzo, Ayuso comenzó a arrojar dudas sobre la fiscal provincial y, en consecuencia, sobre toda la Fiscalía”. Al día siguiente por la noche, se produjo la presunta filtración del correo que desmentía un rumor previo de Miguel Ángel Rodríguez y una información tergiversada de El Mundo, que afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a la pareja de la dirigente del PP (cuando había sido realmente al revés).

Hedo también testimonió que un periodista de EL PAÍS le preguntó el 12 de marzo, es decir, casi 32 horas antes de que el fiscal recibiera el correo, si tenía información sobre este posible trato. Su versión coincide con la que proporcionaron durante la instrucción cuatro redactores de este periódico que fueron citados como testigos. Ellos informaron al juez que, a mediodía del 12 de marzo de 2024, supieron, a través de fuentes fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el abogado de la pareja de Ayuso estaba interesado en alcanzar un acuerdo con el ministerio público, que implicaba la devolución de lo defraudado más una multa, a cambio de un reconocimiento de sus delitos. Los periodistas, que testificarán en los próximos días en el juicio, explicaron que el diario no publicó esa información porque no pudieron confirmarla con el abogado, Carlos Neira, quien no respondió a las llamadas, correos y mensajes de WhatsApp que le enviaron.

Hedo precisó que la primera información sobre la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso la recibió el 6 de marzo por la tarde, cuando un periodista de ElDiario.es le consultó sobre una denuncia en la Fiscalía relacionada con una empresa llamada Maxwell Cremona, que, según el periodista, pertenecía a alguien llamado Alberto González vinculado a la Comunidad de Madrid. Ella le indicó, según su relato, que se pusiera en contacto con la Fiscalía de Madrid.

Según Hedo, no hubo más consultas sobre el asunto hasta el 12 de marzo, cuando ElDiario.es publicó que el ministerio público había denunciado a la pareja de Ayuso. La jefa de comunicación de la Fiscalía General, relató que habló con el responsable de prensa de la Fiscalía madrileña y, ante la creciente interés de los medios de comunicación, envió la denuncia presentada contra González Amador a los periodistas que se lo pedían.

Hedo destacó que las llamadas de periodistas se incrementaron el 13 de marzo después de las 21:29, cuando El Mundo publicó la versión que estaba dando el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, incluyendo detalles de un correo enviado por el fiscal del caso de la pareja de Ayuso a su abogado. Hedo subrayó que, poco después, alrededor de las 21:45, un periodista de La Sexta la llamó para comentarle que había recibido información contradictoria a lo que publicaba El Mundo, es decir, que era el abogado quien había propuesto un acuerdo, que es la información contenida en el correo que es objeto de la investigación y que, en ese instante, todavía no estaba en poder de García Ortiz (lo recibió a las 21:59).

“La confusión era enorme porque los periodistas no sabían cuál era la versión correcta: si la de El Mundo o no. Y El Mundo ya citaba un correo concreto, con frases literales y datos específicos. Los correos se pusieron en circulación”, afirmó Hedo. En ese momento, la jefa de prensa intercambio llamadas y mensajes con García Ortiz sobre el caso que involucraba a González Amador para poner en claro la información y redactar el comunicado, pero explicó que solo recibió información verbal y no tuvo acceso a los correos sobre el caso.

La nota informativa de la fiscalía

Parte del testimonio de Hedo y Corral se centró en la nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid la mañana del 14 de marzo, que proporcionaba una cronología de las acciones de la Fiscalía en el caso de González Ayuso. La elaboración de esa nota fue lo que, según Hedo, llevó al fiscal general a solicitar los correos intercambiados entre el abogado y la Fiscalía.

La fiscal superior declaró en la primera sesión del juicio su desacuerdo con la nota redactada por la Fiscalía General, ya que incluía datos personales de González Amador, un punto que Hedo negó, asegurando que las objeciones de la fiscal jefa superior y su jefe de gabinete eran “objeciones formales”, nunca sobre el contenido. Después, el director de comunicación de la fiscalía madrileña admitió que su oposición a la nota se debió a que le parecía “ridículo” publicarla, dado que todo su contenido ya había sido publicado en los medios y los correos habían sido divulgados.

Antes de concluir su testimonio, la jefa de comunicación de García Ortiz dejó otro mensaje significativo sobre filtraciones. La defensa del fiscal le preguntó en qué momento ella supo que el Supremo iba a imputar a su jefe, a lo que ella respondió que había varios rumores días antes de que, el 16 de octubre de 2024, el alto tribunal abriera la causa; pero la confirmación, según Hedo, se la dio el mismo García Ortiz el 12 de octubre, tras salir de una recepción en el Palacio Real, cuando la llamó para informarle que ya sabía seguro que lo iban a imputar.

La defensa del fiscal presentó a otros dos testigos para contrarrestar otras dos cuestiones en las que se basó la acusación. Uno de ellos fue un fiscal de la unidad especial contra la corrupción, Diego Lucas, quien asumió el caso del fraude fiscal de González Amador. Lucas confirmó que los abogados de este propusieron nuevamente un acuerdo de conformidad que implicaría reconocer los delitos a cambio de evitar la prisión, tras la revelación de la primera negociación con el Ministerio Público. Así, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, intentaba desmentir la afirmación de los acusadores de que la filtración sobre el reconocimiento de los delitos por parte del novio de Ayuso había socavado su estrategia de defensa. Lucas también expuso las maniobras de los abogados de González Amador para retrasar su declaración judicial después de que se iniciara una nueva investigación en su contra por la compra de una empresa sin valor por medio millón de euros a un empresario que le facilitó cobrar una comisión de dos millones por la venta de mascarillas durante la pandemia.

La segunda testigo fue otra fiscal, Esmeralda Rosillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, el departamento responsable de gestionar cuestiones tecnológicas. En su intervención, la defensa intentó desvincular el cambio de teléfonos móviles por parte de García Ortiz de un intento de destruir pruebas. Rosillo indicó que ese cambio de dispositivos es habitual y destacó que el acusado había realizado este cambio en seis ocasiones desde su entrada en la Fiscalía General en 2020, y en tres desde que asumió el mando en 2023.

También compareció, en este caso requerido por las acusaciones, el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. Este alto cargo del Gobierno desmintió tener acceso al correo filtrado que fue enviado el 14 de marzo de 2024 por otra funcionaria socialista de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para usarlo contra Ayuso en una sesión de control en la Asamblea regional. Vallés negó haber tenido comunicación alguna sobre el caso con la Fiscalía del Estado y subrayó que ni siquiera tiene el teléfono de García Ortiz.