La sanidad protegerá legalmente las lenguas cooficiales en los hospitales públicos.

Este aspecto ha sido incorporado al texto que el departamento de Mónica García ha compartido con los sindicatos en las negociaciones sobre la norma, luego de modificar su anteproyecto de Estatuto Marco —la ley que regula las condiciones laborales del personal en el ámbito sanitario—, añadiendo algunas de las sugerencias de las comunidades autónomas. Según informa ABC a través de diversas fuentes, Cataluña fue la que propuso incluir esta obligación para el personal sanitario, una iniciativa respaldada por el País Vasco. Sanidad lo añadió al texto que se ha entregado a las organizaciones para continuar avanzando en la norma, que todavía podría experimentar cambios. De hecho, la ministra enfrenta varios retos, dado que ni los sindicatos ni las comunidades autónomas parecen conformes con el proyecto, lo que dificultará que cumpla con todos los trámites necesarios para su implementación.

En la práctica, este nuevo requisito significaría que las comunidades autónomas solo podrían regular la materia lingüística en sanidad a partir de esta base; es decir, estableciendo que hay una obligación de atender a los pacientes en la lengua oficial de la comunidad autónoma, distinta al castellano, cuando así lo soliciten. Por ejemplo, en Cataluña existe actualmente una instrucción que otorga a los pacientes el derecho a ser atendidos «en la lengua oficial que elijan», lo que obliga a las entidades proveedoras de servicios sanitarios del sistema público, junto a sus profesionales, a asegurar siempre el uso lingüístico que «mejor salvaguarde su salud». De manera similar, el País Vasco cuenta con un decreto en este sentido. Si en el futuro un nuevo gobierno quisiera eliminar este requisito en estas comunidades, no podría hacerlo si el Estatuto Marco se aprueba en estos términos.

Durante décadas, el uso del catalán en el ámbito sanitario ha sido una ‘batalla perdida’ para la Generalitat. Mientras que la inmersión lingüística promovía el uso de la lengua autonómica en las aulas de Cataluña, en hospitales y centros de salud este avance no se concretaba. Desde hace años, el Govern exige conocimientos básicos de catalán a todos los profesionales que buscan una plaza fija en la comunidad (uno de los requisitos para estas posiciones es tener el nivel C de catalán), aunque no había una obligación de emplearlo en el acto médico ni tampoco una ley que sancionara su falta de uso.

Cien medidas

El primer cambio relevante se produjo a comienzos de 2022, cuando el Govern lanzó un ambicioso plan para promover el catalán en todos los ámbitos, incluyendo el sanitario. El entonces presidente del Govern, Pere Aragonès, anunció una nueva ofensiva: un conjunto de cien medidas concretas para reforzar los objetivos del Pacto Nacional por la Lengua, en el que se señalaba por primera vez de manera directa la ‘catalanización’ de los hospitales y centros de salud. Se plantearon, entre otras, la creación de comités lingüísticos en los hospitales para supervisar el uso del idioma en las instalaciones y la designación de referentes lingüísticos responsables de su gestión, medidas que están empezando a materializarse.

La Generalitat ha lanzado diversas campañas dirigidas al personal sanitario, apelando a su sensibilidad para que se capaciten lingüísticamente y utilicen la lengua autonómica en sus consultas. Sin embargo, fue en mayo de 2024 cuando la Consejería de Salud dio un nuevo paso en su lucha por ‘catalanizar’ la sanidad, anunciando la mencionada instrucción. Esta nueva directiva, que entró en vigencia el 3 de junio de 2024, obliga a los centros del sistema sanitario público a elaborar un plan de gestión lingüística para poder atender al paciente en la lengua que elija.

El plan debe contener un diagnóstico de la situación lingüística del centro, los objetivos a alcanzar, así como la formación lingüística necesaria para el personal del centro y medidas específicas para promover el uso del catalán. También debe incluir un sistema para gestionar quejas sobre cuestiones lingüísticas y las acciones correctivas adoptadas. En este contexto, la instrucción del Govern establece la necesidad de crear comités de vigilancia que evalúen «el grado de cumplimiento de las obligaciones lingüísticas». El ex consejero de Salud, Manel Balcells, incluso propuso la posibilidad de multar a los médicos que ignoren la instrucción. En algunos hospitales, como el Clínic de Barcelona, ya operan estos comités. Aunque hasta ahora no se han impuesto sanciones, cada año se registran alrededor de 200 quejas de pacientes por no ser atendidos en catalán.

Blindar la atención sanitaria en las diferentes lenguas cooficiales por ley «es un insulto a los 177.000 médicos y 45.000 MIR que trabajamos en la sanidad pública y despierta nuestro rechazo absoluto», critica Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Considera que estos requisitos son inaceptables en un sistema sanitario que sufre una falta crónica de médicos. «Que en la sanidad pública haya elementos disruptivos ante la falta de médicos, y que haya quienes están trabajando sin tener el título homologado, es un problema de irresponsabilidad», añade. Asimismo, lamenta que son los pacientes quienes terminan sufriendo las consecuencias de estas decisiones, reflejadas en las largas listas de espera.

Competencia autonómica

Lázaro también critica que el ministerio «utilice las competencias a su conveniencia», ya que en el último texto, Sanidad eliminó el apartado que establecía una retribución mínima por hora de guardia que estuviera por encima de la ordinaria, una medida que se había añadido tras reunirse con los sindicatos médicos. Esta parte fue removida aludiendo a las competencias de las autonomías. «Imponer mínimos retributivos desde el Estado podría generar conflictos de competencias, por lo que se ha eliminado esa fórmula concreta», justificó el departamento de Mónica García.

El presidente de CESM ejerce en Baleares, donde durante el gobierno de Francina Armengol se instauró el requisito de conocimiento del catalán para los profesionales de la sanidad, que luego fue eliminado por Marga Prohens para que fuera considerado un mérito y no una imposición. «Lo que observamos a diario es que no hay ningún problema para comunicarse con los pacientes. Es un tema de sesgo ideológico que se proyecta sobre la sanidad. La ministra cede ante las exigencias de los partidos nacionalistas, que condicionan su permanencia en el poder», denuncia Lázaro. Insiste en que el Estatuto Marco «debería ser un elemento vertebrador del Estado, pero ellos no están en esa vertebración».