La Sareb del Gobierno corta el suministro de agua a 10 familias en situación vulnerable en Madrid.

La Sareb, entidad estatal, está llevando a cabo acoso inmobiliario contra 10 familias en situación de vulnerabilidad. Esta acción se originó porque la empresa, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, ha ordenado el corte de agua en un inmueble ubicado en el municipio madrileño de Casarrubuelos, a pesar de que los contratos de alquiler social de los inquilinos se mantienen vigentes.

La justificación de Sareb para esta medida, en colaboración con el Canal de Isabel II, se basa en una deuda que realmente corresponde al antiguo propietario del edificio y no a los inquilinos actuales.

Hoy, Casarrubuelos se ha levantado sin agua.

¿La razón?

Una deuda del antiguo propietario que la SAREB se niega a asumir, intentando que familias con ingresos inferiores a la mitad del SMI la paguen.

Esto es acoso inmobiliario de Sareb hacia familias vulnerables. pic.twitter.com/hUqR1D6XAr

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) 16 de enero de 2026

«Todas las personas a las que les han cortado el agua son familias vulnerables, que tienen niños y hogares donde también residen personas con alguna minusvalía. Son familias que, en su mayoría, perciben menos de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y además hay jubilados y personas que reciben solo la pensión mínima no contributiva», advierten desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Sin embargo, los vecinos afirman que estas presiones se deben a problemas que se arrastran desde hace tiempo. El 29 de mayo de 2025, lograron una victoria significativa tras años de lucha colectiva: la firma de nuevos contratos de alquiler social, luego de que Sareb inicialmente se negara a formalizarlos. «Esta conquista fue resultado de la organización vecinal y del apoyo del Sindicato, y logró frenar el riesgo inmediato de desahucio», explican los residentes.

No obstante, lejos de respetar esta situación, Sareb, en coordinación con el Canal de Isabel II, ha comenzado un nuevo proceso de presión, según relatan los vecinos. Como también denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, «el Canal ha instalado cepos en el suministro de agua, alegando una deuda que no corresponde a los inquilinos, sino al antiguo propietario del edificio».

«Este nuevo episodio pone de manifiesto una estrategia de acoso inmobiliario destinada a desgastar y expulsar a los vecinos, utilizando los suministros básicos como herramienta de presión. Esta práctica resulta especialmente grave al tratarse de viviendas de titularidad pública», defienden desde el sindicato.

Adicionalmente, los vecinos de Casarrubuelos enfatizan que la experiencia muestra que la organización comunitaria y la movilización colectiva pueden frenar los procesos especulativos y defender el derecho a una vivienda digna y a los suministros esenciales. «La situación actual resalta la urgencia de cambiar la gestión de las viviendas que están en manos de Sareb y de poner fin a las políticas de privatización de lo público», concluyen los vecinos.