La transformación aún por realizar en la profesión médica.

La última reunión duró menos de media hora. Tras 20 minutos de diálogo entre los sindicatos y los representantes del Ministerio de Sanidad el pasado miércoles, los delegados de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) abandonaron la mesa. ¿El motivo? La ministra, Mónica García, se negó a establecer una negociación paralela que aborde exclusivamente las condiciones laborales y económicas de todo el personal del Sistema Nacional de Salud. Este episodio se suma a la serie de desencuentros entre la CESM y el Ministerio, después de que la semana pasada se quedara fuera del preacuerdo con CSIF, UGT y CCOO, entre otros.

«Ese preacuerdo es claramente insuficiente, ya que no aborda las condiciones laborales específicas de nuestra profesión ni nuestras principales demandas», sostiene José Manuel Gutiérrez, cirujano infantil del HUBU y portavoz de la CESM en Burgos, quien recuerda que se mantienen las jornadas de huelga programadas para enero. Entre las necesidades que considera que el texto no satisface se encuentran, según indica, un estatuto específico para la profesión médica y la creación de una categoría profesional diferenciada. Critica que no ha habido cambios en la jornada de guardia, que sigue siendo obligatoria y adicional, sin importar para la jubilación, y que se retribuye por debajo de la tarifa normal; que no se reconoce que cualquier hora laborada más allá de las 35 horas semanales debería considerarse jornada extraordinaria, ni que el régimen de incompatibilidades debería ser igual al del resto de funcionarios públicos.

Enrique Vega, presidente de Sanidad de CSIF en Castilla y León, defiende que se sumaron a este acuerdo cuando el Ministerio aceptó negociar cuestiones que consideran «esenciales», como la jornada laboral, la limitación de horas de guardia y el reconocimiento del solape de jornada, que es el tiempo necesario para asegurar la continuidad asistencial durante el relevo de turno, «una situación ya reconocida en Enfermería, pero que también afecta a médicos de urgencias, técnicos de laboratorio o profesionales que deben pasar información clave a sus sucesores en los turnos».

En relación con el delicado tema de las guardias de 24 horas, CSIF sostiene que el preacuerdo facilita su eliminación como obligación, aunque reconoce que su implementación será más complicada en Atención Primaria que en el ámbito hospitalario debido a la falta estructural de personal. La propuesta contempla que estas guardias sean voluntarias y establece un límite máximo de 17 horas de trabajo continuado, de tal forma que las horas que superen este límite se paguen a una tarifa superior a la ordinaria. Actualizando la situación, Vega recuerda que las guardias no solo representan un desgaste físico y mental para los profesionales, sino que también se remuneran peor que las horas normales.

Esta ‘tradición’ médica ha sido un salvavidas para los gestores sanitarios, y tanto ellos como los profesionales han normalizado una situación que no existe en ningún otro ámbito laboral, obligándolos, en muchas ocasiones, a trabajar en condiciones físicas deficientes. Sin embargo, en los últimos años han surgido médicos y médicas jóvenes que, cultural y generacionalmente, perciben el trabajo de manera diferente, no abordan la vocación como lo hacían sus mayores, priorizan más su vida personal, se rebelan contra los escasos salarios tras años de formación y están encontrando, más de lo que las administraciones desearían, un mejor acomodo en la medicina privada, lo que degrada la pública.

El apoyo de estas voces -entre ellas la de la propia ministra, quien no hace mucho evocó sus reivindicaciones en redes sociales como anestesista- ha llevado a que los médicos de mayor edad respalden esta causa. Es una de las razones por las que la CESM no ha firmado el acuerdo con el Ministerio: «La realidad es incómoda -insiste Gutiérrez- y las guardias de sábado y domingo siguen siendo de 24 horas. Sabemos que cuando no haya voluntarios, recurrirán a la coletilla de las ‘necesidades del servicio’, lo que significa que cuando no haya suficientes médicos, deberán garantizar la continuidad asistencial, por lo que nos obligarán a hacerlas aun superando la duración máxima de la jornada, como ocurre en la actualidad».

La discrepancia entre este sindicato y los demás está avivando el debate público y, de alguna forma, enfrentando a los profesionales. La CESM es acusada, en particular en las redes sociales, de ser «clasista» porque busca que los médicos tengan un estatuto propio y distinto al de otras profesiones sanitarias. Sin embargo, Gutiérrez rechaza tal acusación y reafirma su especificidad: «Nuestra jornada es diferente, las guardias son obligatorias hasta los 55 años, el régimen de descansos es distinto, y nos aplica un régimen de incompatibilidades diferente al resto de categorías».

La cohesión del sistema. Para Enrique Vega, enfermero de profesión, un marco común para todos los sanitarios «promueve la cohesión del sistema y ha funcionado durante más de veinte años, incorporando las particularidades de cada colectivo en un mismo texto». También recuerda que no solo los médicos realizan guardias: enfermeras, técnicos de laboratorio, personal de cuidados, informáticos o celadores también colaboran, y el funcionamiento del sistema depende del trabajo en equipo. En relación con las críticas de algunos sectores médicos, que afirman que los sindicatos firmantes no representan adecuadamente al colectivo facultativo (la CESM tiene alrededor de 500 afiliados en Burgos), Vega rechaza esa idea y subraya que los sindicatos generalistas también tienen un número significativo de médicos afiliados, concretamente, su sindicato cuenta con 700 médicos en Castilla y León, 130 de ellos en Burgos: «Se está alimentando un enfrentamiento innecesario entre colectivos que no beneficia a nadie y que desvía el foco del debate crucial». Además, reconoce la brecha generacional: los médicos más jóvenes tienden a rechazar las guardias, mientras que muchos mayores de 45 años las defienden «porque son una parte fundamental de sus ingresos».

En este panorama, la CESM mantiene su postura firme y la convocatoria de huelga en enero sigue en pie. Por su parte, CSIF busca «avanzar hacia un acuerdo antes de las festividades y establecer las bases para un estatuto marco que modernice las condiciones laborales de toda la sanidad pública».