La UCO encuentra documentos de la fiscal de Madrid relacionados con Begoña Gómez un mes antes de su acusación.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado una anotación en la agenda de la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, que menciona el nombre de la esposa del presidente del Gobierno, «Begoña Gómez Fernández», junto a la ubicación «restaurante (de la plaza de) Manuel Becerra», en Madrid.

Este apunte, hecho en un post-it, está ubicado en la página correspondiente al 11 de marzo de 2024. La imagen de la nota, que ha sido revelada por LA RAZÓN, acompaña esta información.

En esa fecha, la esposa de Pedro Sánchez no enfrentaba ninguna imputación, y la primera denuncia en su contra se presentó en abril por parte de Manos Limpias. No fue sino hasta finales de ese mes cuando el juez Juan Carlos Peinado decidió abrir diligencias en su contra por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por LA RAZÓN indican que la anotación «restaurante Manuel Becerra» se relaciona con el incendio que ocurrió en el establecimiento de comida italiana Burro Canaglia, el cual dejó varios muertos y tuvo lugar aproximadamente un año antes del apunte, en abril de 2023. Esta tragedia está judicializada y se investiga en un juzgado de Plaza de Castilla. Por lo tanto, se niega cualquier vínculo entre ambas anotaciones y la posibilidad de que se reuniesen ese lunes en la mencionada plaza madrileña.

Esto se debe a que las notas están separadas por una línea, y debajo se encuentra el nombre de la pareja del presidente, porque –afirman las fuentes consultadas–, en ese momento ya había dos querellas registradas en el Ministerio Público en su contra.

Durante casi un año y seis meses de instrucción, la Fiscalía de Madrid ha sostenido que no hay pruebas de delitos y ha respaldado el archivo del procedimiento.

El fiscal José Manuel San Baldomero está convencido de que no hay indicios de que Begoña Gómez haya aprovechado su relación con la segunda máxima autoridad del Estado para favorecer a socios (como Juan Carlos Barrabés) en contratos públicos o que haya utilizado a su asesora en Moncloa para gestionar asuntos relacionados con la cátedra de la UCM.

Esta fiscal también es la misma que llegó a enfrentar un proceso judicial, junto al fiscal general del Estado, por filtrar datos de la investigación que afectaba al novio de Isabel Díaz Ayuso.

A finales de julio, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo archivó las actuaciones en su contra por un delito de revelación de secretos, ya que consideró que solo había cumplido órdenes de su superior, Álvaro García Ortiz, al enviar correos entre un abogado de Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos que se ocupaba de su caso, Julián Salto.