La UE alertó en 2020 que la conexión Madrid-Sevilla estaba «casi en su máximo de operatividad».

La Unión Europea estaba al tanto en 2020 de las carencias en la Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía, la línea donde ocurrió la tragedia de Adamuz con 46 fallecidos, y otorgó millones de euros al Gobierno de Pedro Sánchez para solucionarlas. Concretamente, el 25 de marzo de 2022, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aprobó un préstamo de 90 millones de euros a Adif Alta Velocidad para modernizar la línea Madrid-Sevilla, que se encontraba «al final de su vida útil». Esta suma se añade a los 111 millones que también fueron destinados a la misma línea en fondos europeos en 2024.

En el informe del proyecto, publicado el 27 de octubre de 2020, el BEI reconoce explícitamente que las obras e instalaciones de la línea de Alta Velocidad Madrid–Sevilla estaban “al final de su vida útil”, y que la financiación europea tenía como objetivo preservar los altos estándares de «disponibilidad, fiabilidad y seguridad» requeridos para este tipo de infraestructuras críticas.

El proyecto subrayaba la necesidad de renovar los 471 kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992. La renovación incluía trabajos en la obra civil, la vía, la electrificación, los sistemas de señalización y telecomunicaciones, así como la implementación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, debido al envejecimiento de los componentes esenciales de la línea. El financiamiento público fue aprobado en marzo de 2022, con Raquel Sánchez como ministra de Transportes tras el cese de José Luis Ábalos, ahora en prisión preventiva por presunta corrupción en el caso de las mascarillas.

Por todo esto, el eurodiputado del PP y exministro Juan Ignacio Zoido ha presentado una pregunta a la Comisión Europea donde solicita aclarar el uso de los millonarios fondos europeos y si se invirtió en lo que realmente se necesitaba. “Las investigaciones posteriores al accidente ferroviario del 18 de enero en Adamuz, donde fallecieron 46 personas y otros dos centenares resultaron heridos, indican que Adif, dependiente del Gobierno de España, había recibido diferentes partidas de fondos -muy generosas- para la modernización de la línea Madrid-Sevilla. Nos comprometemos a llegar hasta el final para averiguar qué se hizo con ese dinero y si fue invertido en lo que realmente era necesario”, afirmaron fuentes del PP.

A la luz de este reconocimiento previo y del trágico accidente ocurrido cuatro años después, el PP plantea dos preguntas a la Comisión Europea: ¿cómo evalúa la Comisión Europea, desde un enfoque técnico, «el impacto en la seguridad y la fiabilidad ferroviaria de operar una infraestructura cuyos sistemas e instalaciones estaban al final de su vida útil”, y si, antes de otorgar el préstamo del BEI, el Gobierno de España informó a la Comisión Europea de que la línea podía no cumplir plenamente los altos estándares de seguridad exigidos, precisamente a causa del envejecimiento de sus instalaciones.

“Cuando una infraestructura crítica es calificada por las propias instituciones europeas como ‘obsoleta’ o ‘al final de su vida útil’, la prioridad absoluta debe ser asegurar que sigue funcionando bajo condiciones de máxima seguridad”, ha señalado el PP Europeo, subrayando la necesidad de transparencia y de responsabilidades claras.