La UE arriesga su capacidad de intervención con la iniciativa de utilizar activos rusos para prevenir la quiebra de Ucrania | Internacional

A pocos metros de los bulliciosos bulevares comerciales del centro de Bruselas, en un rascacielos ordinario, se encuentra una institución financiera que podría liberar una de las decisiones más significativas de la Unión Europea en años. Euroclear, una poco conocida empresa belga de liquidación y custodia de valores, está en el centro de atención. Este organismo tiene en su custodia fondos rusos valorados en 193.000 millones de euros, la mayor parte perteneciente al Banco Central de Rusia, que han permanecido inmovilizados desde 2022 debido a las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania. En este contexto, la UE está considerando la posibilidad de transferir más de 92.000 millones de esos activos rusos a Ucrania en forma de «préstamo de reconstrucción» para ayudar al país a mantenerse a flote.

Esta decisión, apoyada por la Comisión Europea y países como Alemania, se discutirá en la cumbre europea programada para el jueves y viernes en Bruselas. Sería un cambio significativo en la política de sanciones de la UE y su postura frente a Rusia. “No nos engañemos. Si no lo conseguimos, la capacidad de la UE para actuar se verá seriamente comprometida durante años, o incluso más”, advirtió el canciller alemán, Friedrich Merz, el lunes en Berlín.

Sin embargo, tanto Euroclear—una compañía que asegura el correcto funcionamiento del mercado bursátil, donde se realizan acciones, ventas y transacciones fronterizas—como Bélgica, el país que ha acogido a esta entidad buscando la protección de sus derechos de propiedad, uno de los más robustos de Europa, se oponen a la propuesta.

Mientras tanto, los socios europeos de Kiev se aferran a esta idea. En un clima de presupuestos ajustados, sostienen que esta es la única manera rápida y viable de proporcionar apoyo financiero a Ucrania en este momento crítico. La UE ahora discute complejos mecanismos legales para desbloquear esta propuesta y convencer a Bélgica y a otros países como Italia, que no están completamente convencidos. Bulgaria y Malta tampoco están satisfechos. ¿Su propuesta preferida? La deuda conjunta, que enfrenta el rechazo absoluto de Alemania y los Países Bajos.

La hoja de ruta sigue avanzando. La semana pasada, una mayoría de Estados miembros de la UE aprobó un inusual mecanismo de emergencia, diseñado para crisis o desastres naturales, que permite congelar indefinidamente esos fondos (en lugar de tener que renovar cada seis meses las sanciones que los inmovilizan) y hacerlo por mayoría en lugar de por unanimidad. Este fue un primer y significativo paso para acceder a ese dinero y evitar el veto de socios cercanos al Kremlin, como Hungría.

La cumbre de líderes en Bruselas el jueves y viernes promete ser bastante intensa. El Gobierno belga argumenta que este salvavidas financiero para Kiev podría ser extremadamente perjudicial, no solo para ellos, sino para todo el mercado europeo y su reputación. La fórmula europea podría abrir una brecha y sentar un precedente para tomar decisiones similares con otros actores globales que tienen sus fondos bajo la custodia de Euroclear u otras instituciones financieras. Países como China, India y otros con grandes reservas en Europa están observando atentamente la evolución de los acontecimientos.

Demandas de Rusia

Rusia ya ha presentado demandas contra la entidad belga por daños y perjuicios al no poder acceder a sus fondos, y ha advertido que si se abre la caja de Euroclear y de países como Francia, que también tiene fondos rusos en bancos privados, y se utilizan esos activos para Ucrania, lo consideraría un “motivo de guerra”.

Euroclear, que gestiona 42,5 billones de euros en depósitos, casi no ha hablado. Su directora ejecutiva, Valérie Urbain, comentó en una entrevista con Le Monde hace un mes (una de las raras ocasiones en las que se ha pronunciado) que no descarta demandar a la UE si el esquema legal elegido para utilizar los activos soberanos rusos congelados implica su confiscación.

De esa conversación se puede inferir que Urbain, quien lleva guardaespaldas debido a amenazas recibidas, temía por el futuro de su entidad. “Somos un eslabón crucial que debe permanecer infalible para la estabilidad de los mercados financieros” expresó al diario francés.

La presión sobre Bélgica va en aumento. Los representantes de los Estados miembros están examinando la última propuesta legal de la Comisión Europea para ofrecer garantías al Gobierno belga de que el riesgo será mutualizado pase lo que pase.

Hasta ahora, el uso de esos activos rusos había sido diferente. El año pasado, la UE acordó utilizar los rendimientos generados para emitir un importante préstamo a Ucrania. Ahora, lo que se propone es inédito. La idea de la Comisión es emplear los saldos de los activos rusos para otorgar un préstamo a Ucrania a interés cero que solo tendrían que devolver si Rusia, al finalizar la guerra, paga por los daños causados. A cambio, los Estados miembros dejarían una garantía.

Además, se ofrece a Bélgica una red de tres puntos: que el país pueda acceder a financiación equivalente al paquete completo en caso de demandas legales o represalias de Moscú; que pueda contar con esta financiación, independientemente de las garantías financieras totales que ofrezca cada Estado miembro de la UE; y que el dinero no se transfiera hasta que las garantías estén vigentes, según explican fuentes diplomáticas.

Los Veintisiete están debatiendo, además, como parte de la propuesta que todos los países que todavía tengan tratados bilaterales de inversión con Rusia (como España, por ejemplo) rescindan esos acuerdos simultáneamente. Sin embargo, esto no eliminaría completamente las posibles represalias del Kremlin, ya que esos acuerdos incluyen cláusulas temporales que mantienen esquemas de protección.

Desde el punto de vista político, la mayoría ya tiene las manos en la caja. La intención no es solo proporcionar ese salvavidas financiero a Ucrania, sino también elevar el componente simbólico: que sea Rusia quien asuma la carga de los daños. No obstante, no todos los economistas y expertos están convencidos de este enfoque.

Ursula García, socia fundadora del despacho de abogados finReg 360 especializado en regulación financiera, advierte que para avanzar en la toma de activos, es necesario contar con un “amparo legal sólido”. Este aspecto es clave para ella. No hacerlo de manera adecuada podría abrir la puerta a litigios en tribunales internacionales durante muchos años, con la incertidumbre de cuál sería el resultado para una institución clave en los mercados financieros.

Para Judith Arnal, investigadora del Instituto Elcano, existen “dudas jurídicas muy significativas en dos dimensiones”. “Desde el derecho internacional público, está el principio de inmunidad soberana que protege los activos de los Estados, incluso en contextos de sanciones. Aunque la UE ha legalmente inmovilizado estos activos mediante sanciones, movilizar el principal, y no solo los rendimientos, entra en un terreno jurídicamente más incierto y podría resultar en impugnaciones ante tribunales internacionales”, afirma.

“Desde la perspectiva de Bélgica, el problema es aún más tangible: Euroclear, como entidad domiciliada en territorio belga, tiene la obligación contractual de devolver los activos a su propietario legal, que sigue siendo el Banco Central de Rusia. Si la UE utiliza esos saldos y los entrega a Ucrania, Bélgica se convierte en la jurisdicción que tendría que hacer frente a una obligación de reembolso de 185.000 millones de euros si las sanciones se levantan, además de exponerse a posibles represalias rusas de naturaleza cibernética, energética u otra”, agrega Arnal.

La también investigadora del Centro de Estudios de la Política Europea ha elaborado una propuesta junto con el director de este think tank que se limita al uso de los rendimientos generados por los activos inmovilizados, creando una herramienta financiera extraordinaria que “evita tocar los activos principales, reduce drásticamente la exposición legal y geopolítica de Bélgica, y se basa en instrumentos financieros convencionales que los mercados reconocen perfectamente”.

Arnal, junto con otros analistas como Wolfgang Münchau, señala que avanzar con la propuesta de la Comisión sin más podría suponer un “precedente que socave la confianza de otros bancos centrales [no solo del ruso] para mantener reservas significativas en euros en infraestructuras europeas [como Euroclear], debilitando así el atractivo del euro como moneda internacional”.