La UE rechaza la ‘Ley Begoña’ que impide la acusación popular: «Es desproporcionada»

La Unión Europea (UE) rechaza la Ley Begoña, presentada por el PSOE, que busca eliminar la acusación popular en causas judiciales para limitar las investigaciones relacionadas con el entorno personal y político de Pedro Sánchez. Bruselas respalda las críticas de la oposición y demanda al Ejecutivo socialista que «reconozca» que «las restricciones que establecería son excesivas y socavan» la lucha contra el delito.

El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha recordado en una respuesta escrita las conclusiones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2025. Este documento recomendó «resolver los obstáculos referentes a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos para incrementar la eficiencia en el manejo de los casos de corrupción de alto nivel».

Asimismo, el Ejecutivo europeo exige a Sánchez que garantice la independencia de la Fiscalía antes de asignarle la instrucción de las causas penales. El comisario McGrath le ha indicado a Sánchez que «debe fortalecer el estatuto del Fiscal General».

Específicamente, piden la «disociación temporal de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, considerando las normas europeas en términos de independencia y autonomía del Ministerio Fiscal». Esto implica que el mandato del Fiscal General deba ser superior o inferior al período de las legislaturas del gobierno central para evitar que coincidan, algo que el Ejecutivo de Sánchez ya anunció que llevaría a cabo.

No obstante, exige al Gobierno de Sánchez que «reconozca» la oposición a la norma que prohibirá la acusación popular. El Ejecutivo europeo se hace eco de las críticas de «algunas partes interesadas»: «Las restricciones que establecería son excesivas y socavan en la práctica el valor de este mecanismo».

Dicha normativa podría vaciar de acusaciones populares los casos de corrupción que afectan al presidente del Gobierno. Su aprobación excluiría a Vox de las investigaciones que rodean a Begoña Gómez y al hermano de Sánchez, además de dejar fuera a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que está implicada en la instrucción sobre la supuesta revelación de secretos del fiscal general del Estado.

«La evaluación por parte de la Comisión de las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones se presentará en la próxima edición del Informe sobre el Estado de Derecho en 2026», advierte el Ejecutivo europeo.

Pregunta del PP Europeo

Esta respuesta se produce después de que la eurodiputada del PP Dolors Montserrat preguntara a la Comisión sobre la «adecuación en el Derecho comunitario de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en España».

Por un lado, la portavoz parlamentaria del PP Europeo recordó que esta nueva norma asignará la instrucción penal al Ministerio Fiscal, cuyo máximo representante «es nombrado por el Ejecutivo», comentaba la representante popular.

En ese mismo sentido, expresó su preocupación porque esta nueva ley «limita el ejercicio de la acusación popular». «Diversas asociaciones judiciales y fiscales han alertado que esta reforma puede comprometer la independencia judicial, el principio de separación de poderes y la tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», argumenta la eurodiputada del PP.

El temor que Montserrat comparte con la Comisión es que esta reforma pudiera «debilitar los mecanismos de investigación de delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión y respecto a la corrupción».

Por todo ello, Montserrat preguntó si la Comisión considera que la Ley Begoña «es compatible con los valores del Estado de Derecho de artículo 2 del TUE y con la independencia judicial que establece su artículo 19».

Asimismo, se interesó por saber si el Ejecutivo europeo contempla «evaluar esta norma en el próximo informe sobre el Estado de Derecho» y si planea «iniciar antes un diálogo específico con el Gobierno de España para que se retire».