Las 36 reducciones de impuestos de Ayuso: pionera en recortes fiscales y rezagada en servicios públicos fundamentales | Noticias de Madrid

La Comunidad de Madrid es la región que más ha aprovechado su capacidad para implementar políticas de reducción fiscal. La disminución de impuestos se ha consolidado en los últimos años como un sello distintivo del Gobierno autonómico. En 2021, las medidas destinadas a reducir la carga fiscal resultaron en una disminución de los ingresos públicos equivalente al 1,9% del PIB regional, cifra que casi triplica la media de otras comunidades, que se sitúa en torno al 0,65%, según datos de la AIReF, una agencia estatal con autonomía de supervisión. Esta tendencia ha ido aumentando desde entonces; de hecho, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que ya lleva acumuladas 36 rebajas fiscales, siendo la más reciente la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de obras de arte, comunicada este miércoles.

En la presentación del proyecto de Presupuestos Generales para este año, la Comunidad de Madrid anunció que consolidaría sus reducciones fiscales y presumió de haber generado “un ahorro a los contribuyentes de casi 40.000 millones de euros”. Sin embargo, esta autonomía destaca por su bajo gasto por habitante en servicios públicos esenciales. Los recursos asignados en este ámbito están diez puntos por debajo de la media nacional y hasta 42 puntos por debajo de la comunidad que más invierte, el País Vasco, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas presentado en noviembre.

Se encuentra en la parte baja del ranking nacional en áreas que conforman los servicios fundamentales: sanidad, servicios sociales y educación, donde ocupa la peor posición. Este déficit en inversión también es corroborado por diversos análisis de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Esos cálculos son previos al acuerdo alcanzado el martes entre Ayuso y los rectores de las seis universidades públicas de la región, que supondrá casi 14.790 millones de euros hasta 2031, aunque críticos sostienen que esta inversión dejará los campus con un financiamiento alrededor del 0,5% del PIB, muy lejos del objetivo del 1% previsto en la ley estatal de universidades.

Entre los expertos, esta política económica genera debate y diversas opiniones. Juan Antonio Gimeno, rector emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y coordinador de la Plataforma para la Justicia Fiscal, evalúa las rebajas tributarias de la Comunidad de Madrid de manera “extremadamente negativa”.

A su parecer, se reduce la recaudación de impuestos para favorecer principalmente a los ciudadanos con mayores ingresos, mientras se minimiza la presencia de servicios públicos a través de políticas privatizadoras. “Merman los derechos de la población, sobre todo de los grupos más vulnerables. Si las rebajas implican el deterioro de los servicios públicos, resultan muy costosas. La Comunidad de Madrid es la autonomía con más seguros médicos privados”, advierte.

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno de Ayuso se incluye una deducción por gastos relacionados con el arrendamiento de inmuebles y para nuevos residentes que inviertan en productos financieros o empresas en Madrid. También se ha incrementado la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias y donativos entre hermanos, así como entre tíos y sobrinos y el tercer grupo de parentesco. Esta última reducción beneficia a alrededor de 14.000 ciudadanos, de acuerdo con datos de la propia comunidad, un porcentaje pequeño en una población que supera los siete millones.

Respecto al Impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria constató que durante 2020 el Gobierno de Ayuso exoneró de pagar 992 millones de euros a 18.225 contribuyentes con patrimonios millonarios, alcanzando una bonificación media de 54.431 euros. Esto se debe a la exención del 100% de este tributo, ya vigente antes del inicio del mandato de la actual presidenta autonómica. En 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, precisamente para contrarrestar estas políticas. Paralelamente, Ayuso anunció en 2025 una nueva bonificación de hasta el 95% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios y hosteleros con antigüedad.

La penúltima medida comunicada por la presidenta, en enero, consistía en una reducción de medio punto en el tramo autonómico del IRPF, con entrada en vigor prevista para 2027. Esta iniciativa se suma a la bajada histórica de medio punto aplicada desde 2022, y se estima que generará un ahorro de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, mayoritariamente con rentas bajas, según estimaciones del Gobierno regional. Con esta nueva reducción, el tipo mínimo del tramo autonómico se sitúa en el 8% y el máximo en el 20%.

Tanto el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, César García Novoa, como el inspector de Hacienda y expolítico de Ciudadanos, Francisco de la Torre, consideran esta iniciativa positiva al favorecer también a personas con menor capacidad adquisitiva; sin embargo, Gimeno discrepa: “Las estimaciones de los beneficios son discutibles y son mucho más relevantes para los niveles altos de renta, casi nulos para los más bajos”.

La teoría del PP de Madrid sostiene desde hace años que al bajar los impuestos hasta cierto punto, aumentará la recaudación; una idea popularizada en los años setenta por el economista estadounidense Arthur Laffer, quien supuestamente expuso sus ideas en una servilleta a funcionarios de la administración del presidente republicano Gerald Ford.

Según García Novoa, esto solo ocurre cuando se reduce el tipo general del impuesto, no cuando se aplican beneficios muy específicos o limitados a ciertos contribuyentes. Con el tiempo, cree que una menor presión fiscal puede estimular la actividad económica, aunque no de manera inmediata. En general, opina que suele haber una tendencia a anunciar recortes fiscales como estrategia preelectoral.

El catedrático emérito de Economía Aplicada de la Rey Juan Carlos y presidente del comité de expertos para la reforma tributaria en 2022, Jesús Ruiz-Huerta, sostiene que reducir impuestos no garantiza, “como aboga la propuesta de Laffer”, un aumento de la recaudación tributaria o un estímulo en la actividad económica. Por el contrario, cree que la reducción de recursos, junto a la promoción y financiación de centros privados, produce efectos negativos en los servicios públicos, “como demuestran las frecuentes manifestaciones de médicos y educadores en Madrid, demandando más recursos y mejores condiciones laborales”.

Añade que las rebajas fiscales generan una competencia a la baja entre territorios que puede llevar a la desaparición efectiva de figuras tributarias aprobadas por el Parlamento español. “Esto explica la preocupación de muchos especialistas y del propio Gobierno central en su reciente propuesta de reforma de la financiación autonómica, con el fin de poner freno a esta competencia fiscal”.

Existen evidencias de que la pérdida recaudatoria debido a la reducción de impuestos en Madrid es superior a la recaudación adicional que podría generarse por la llegada de contribuyentes de otras partes del país atraídos por esta política fiscal, según el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Mollinedo. En concreto, Mollinedo menciona varios estudios de Dirk Foremny y David R. Agrawal publicados por la Universitat de Barcelona.

Desde un enfoque general, Ruiz-Huerta enfatiza que aunque es necesario evaluar seriamente las prestaciones y servicios públicos, “también es imperativo defender su importancia y su papel crucial en sociedades tan complejas como la nuestra”. Otros alivios impositivos en Madrid tienen un enfoque más social, como la reducción de matrícula en estudios universitarios y de Formación Profesional para aquellos que estudian y trabajan simultáneamente. En el ámbito de la vivienda, esta autonomía también implementa medidas, como la ampliación de la edad hasta 40 años para deducir el 30% del alquiler.

De la Torre opina que de las 36 rebajas fiscales anunciadas, algunas son significativas, pero otras, como la eliminación de impuestos sobre residuos, no tanto. Resalta que Madrid ha logrado reducir su déficit global. “En 2024 fue del 0,18% del PIB, mientras que la media de las comunidades autónomas fue aproximadamente del 0,2 %”, explica. A su juicio, la política fiscal de Madrid es ”razonablemente responsable”.

Defiende que una reducción puede ser sostenible si se acompaña de un control del gasto, aunque reconoce que el modelo de Ayuso invierte menos en servicios públicos fundamentales. “Hay otros partidos que abogan por destinar más fondos a estos recursos, pero a cambio exigirán un aumento de impuestos. Es una postura política legítima”, considera.

En diciembre, la presidenta alertó desde su sede en la Puerta del Sol que su región estaba “gravemente infrafinanciada por parte del Gobierno de España”, un discurso político contradictorio en opinión de Mollinedo: “No parece muy coherente quejarse de falta de financiación al tiempo que se aprueban recortes en los tributos estatales que el Gobierno ha cedido a las comunidades autónomas de régimen común para financiar sus gastos públicos”. Madrid es la única autonomía que no posee ningún tributo propio.