Las autoridades no logran detener el comercio ilegal de citas previas para extranjeros en España.

Madrid se ha visto inundada de filas, pero algunas de ellas requieren un pago para ser parte de ellas. No se trata de las que permiten el acceso a las terrazas de hoteles de lujo ni a los grandes conciertos más esperados. Son, en realidad, colas para sobrevivir en España, para renovar documentos y mantener un trabajo que a menudo respalda a familias enteras, aquí y a miles de kilómetros de distancia. Estas colas no deberían tener un costo, pero para los inmigrantes significan desembolsar cientos de euros, ya que conseguir una cita online es casi una misión imposible. A excepción de los intermediarios que reservan turnos en masa y los revenden en un mercado que, aunque es ilegal, no se oculta: opera en toda España, se promociona abiertamente en Instagram, TikTok y WhatsApp, y se alimenta de una demanda que la Administración no puede satisfacer.

La cola frente a la oficina de asilo y refugio en la calle Pradillo, en Madrid, se renueva cada hora. Está formada por decenas de personas que esperan las instrucciones de los policías para acceder a la sala de espera. La mayoría son venezolanos, colombianos, malienses y peruanos, las mismas nacionalidades que abarcan más del 80% de las 77.000 solicitudes de asilo registradas en España en el primer semestre del año. Necesitan renovar sus documentos para no caer en la irregularidad mientras esperan respuesta a su solicitud de protección internacional. Si sus papeles expiran, también lo hacen sus contratos y empleos. No es un trámite menor, ya que afecta a más de 270.000 personas que residen en España como solicitantes de asilo.

A las 11.00 de la mañana, la última de la cola es Teresa, una mujer colombiana de unos 50 años con una cicatriz profunda en la mano derecha. Vivía en Cali, una ciudad del suroeste de Colombia, donde dirigía un restaurante. Hasta que aparecieron unos hombres armados a exigirle la vacuna, extorsión. Se negó a pagar y la apuñalaron en el pecho, pero logró protegerse con esa mano que ahora exhibe como prueba del atentado. Lleva más de dos años esperando la respuesta a su solicitud de asilo. Aquí, aunque sin amenazas, no ha tenido más remedio que pagar. Para ella, como para la mayoría, su cita para renovar los documentos le costó 150 euros. “No sé cómo lo hacen, pero lo logran”, afirma sobre los intermediarios que la asistieron.

La cita para la renovación de estos documentos se solicita a través de la web, es gratuita, pero casi nunca hay disponibilidad. Quien la consigue ha pasado meses frente al ordenador, día y noche, refrescando la página y rogando que en algún momento se abra la opción para elegir la fecha. Y como eso no sucedía, muchos, angustiados por no cumplir con el plazo, han terminado pagando. La mayoría ha conseguido su cita por 150 euros, que parece ser el precio fijado por el mercado. Algunos han llegado a pagar hasta 200.

Funcionarios, ministerios y la policía son conscientes de que hay miles de citas que se venden al mejor postor, pero son incapaces de detener un fraude que se ha extendido a otros trámites, más allá de extranjería. Uno de los más críticos es el del Servicio Público de Empleo (SEPE), donde conseguir una cita para solicitar la prestación por desempleo es casi una misión imposible. Aquí, las citas cuestan 10 euros. Esto también ocurre en la Seguridad Social y en la DGT. El mismo modus operandi se ha replicado en muchos consulados españoles en el extranjero, donde ya no se puede solicitar un visado sin pasar por caja.

Faltan recursos para atender la demanda ciudadana y sistemas informáticos seguros que impidan que un ejército de bots capture cientos de citas en segundos, tal como lo hacen con las entradas de los conciertos de Bad Bunny. En este mercado ilegal, los extranjeros son siempre los principales perjudicados. Sus quejas son menos escuchadas (muchos ni siquiera se atreven a protestar), pagan más y constituyen la mayoría de los afectados: del más de medio millón de citas que la administración ofrece online cada mes, el 66% son para trámites de extranjería.

Patricia Fernández Vicens, abogada especializada en Extranjería, conoce bien las deficiencias del sistema. Hace unos años, todos los trámites de extranjería dependían de este mismo sistema vulnerable, pero las oficinas han comenzado a implementar fórmulas para erradicar el pirateo. Sin embargo, no ha ocurrido aún con el asilo, ni con otros trámites que también dependen de la Policía Nacional, como la toma de huellas o la recogida de la tarjeta de identidad de extranjero, para los que también se venden citas a 100 euros. “No hay voluntad política para mejorarlos”, lamenta. “Es esencial contar con un personal adecuado”, enfatiza.

Por el momento, solo se han aplicado soluciones temporales. La más reciente fue en 2023, cuando la Policía Nacional eliminó las citas para solicitar asilo por Internet y, con cientos de miles de solicitantes, regresó al siglo XX. Ahora, las citas para ese primer trámite solo se consiguen por teléfono y correo electrónico. Esta fue su forma de poner fin al mercado negro que se había infiltrado hasta el corazón del sistema gracias a cientos de robots informáticos que acaparaban miles de citas que después vendían por cientos de euros, gestores y abogados.

La decisión drástica detuvo la compraventa masiva de citas, pero no resolvió los problemas de acceso. Así, ahora hay personas que pagan a otros para que pasen el día pegados al teléfono. Desde entonces, el Ministerio de Transformación Digital ha estado trabajando en un nuevo sistema informático efectivo y seguro, pero aún no ha pasado de una fase piloto. Entre las medidas adoptadas, se ha decidido que las personas utilicen el certificado digital para obtener la cita previa a través de la página web y no se exige que sea el propio interesado quien la solicite, permitiendo que un tercero pueda gestionarla en su lugar. Según el Interior, el piloto ha tenido buenos resultados en la provincia de Castellón y se prevé expandirlo a otras provincias.

Para Adriel, pagar para esquivar un sistema que falla le recuerda demasiado a su país. Cubano de 40 años, emigró cuando sus críticas en redes sociales hicieron que la policía golpeara su puerta, así que prefiere que se le mencione con otro nombre. Profesional del ámbito audiovisual, llegó a Madrid en 2023 dispuesto a solicitar asilo, pero no pudo mover un dedo sin pagar. Varias veces.

“Llegué en el peor momento; no había citas en ninguna parte”, recuerda. Efectivamente, en ese momento, el mercado negro de citas de asilo, que la policía desmanteló, estaba desbordado. La demanda era altísima, el personal escaso, y los gestores y abogados acumulaban fortunas capturando turnos gracias a bots. “Después de intentar muchas veces, vi que era imposible por mi cuenta, hasta que encontré a alguien de una gestoría. Me ofreció una cita en Valencia o Almería por 400 euros. Al final, la conseguí en Madrid por 500”, relata.

En la barra de una cafetería cercana a Pradillo, con un cortado y un pincho de tortilla, Adriel cuenta que, un año después, tuvo que volver a pagar 100 euros para renovar ese primer documento que lo identifica como solicitante de asilo y que acaba de pagar una vez más por la segunda renovación. Esta vez, el mismo servicio ya sabía que costaba 150 euros. “De donde yo vengo, estamos muy acostumbrados a que esto suceda. Entiendo que no debería ser así, no querría pagar, pero cuando el sistema funciona mal se dejan estas brechas”, lamenta.

Los perfiles de gestores y abogados que prometen citas en un par de días proliferan en las redes. G. A. Extranjería tiene más de 24.000 seguidores en Instagram. “Realizamos todos los trámites de extranjería”, se puede leer en la descripción de su perfil. Casi todas sus publicaciones, desde la primera en octubre de 2022 hasta la más reciente en junio, son capturas de pantalla de citas de asilo confirmadas. En Madrid, Albacete, Segovia, Zaragoza… Anuncian las citas como si fueran muebles en Wallapop. Por WhatsApp, tienen un mensaje predeterminado: “Para la gestión de la cita de renovación de asilo estamos cobrando 150 euros; la sacamos en un día a dos semanas como máximo”. El pago se efectúa cuando el interesado verifica en la página de extranjería que la cita está agendada. Se realiza un Bizum y todo listo.

Una vez hecha la transacción, una leve advertencia: “Te comento que en la oficina de Pradillo son un poco meticulosos con las citas, debes decir que lo gestionaste tú, ¿vale?”. Y continúa: “Aparte (sic) de que todos los datos son tuyos, no hay manera de que comprueben que alguien la gestionó por ti (…) cualquier cosa, dices que te enteraste de las citas por los grupos de Telegram o Facebook”.

Quien vende las citas se muestra bastante claro, porque no se ocultan, ¿pero quién las consigue? ¿Y cómo? ¿Pasaron también día y noche pescando turnos como el resto? ¿Han reentrenado a los bots? ¿O cuentan con la complicidad de gente de dentro? Interior, que ha dado a conocer algunas operaciones contra estas mafias, no proporciona información.