Las dos Españas se presentan en toga | España

El 20 de noviembre de 2025, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco, «fue un día luctuoso para la democracia», revela de manera anónima un juez del Tribunal Supremo. En esa jornada tan significativa, la máxima autoridad judicial en España emitía una condena histórica al fiscal general del Estado. La noticia abrió una profunda grieta en el país. Las dos Españas emergieron reflejadas en dos colectivos de magistrados: cinco jueces de la Sala Segunda del Supremo que decidieron sentenciar a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por la revelación de información confidencial, y las dos únicas progresistas que expresarían su disidencia en un voto particular.

La celebración se extendió entre la esfera política y social de derecha, que ya llevaba tiempo calificando al máximo responsable del Ministerio Público como «delincuente», apodándolo Alvarone. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo novio se encontraba procesado por delitos fiscales, disfrutó la sentencia al reiterar su argumento de que España se ha convertido en una dictadura.

La parte socialista del Gobierno, cuyo presidente había proclamado, durante el proceso, la inocencia del fiscal, intentó ocultar su indignación. Sin embargo, ese sentimiento se desbordó como pocas veces se había observado en la España progresista. La condena de García Ortiz, sin evidencias claras que lo relacionaran con la filtración del correo del novio de Ayuso, a pesar de los testimonios favorables de varios periodistas presentados durante el juicio, alimentó la sensación de rabia y asombro en las sedes de los partidos y en las redes sociales. Para añadir más confusión, el fallo se hizo público sin detallar su justificación, mientras se esperaba la redacción de la sentencia.

Ese mismo sábado, la vicepresidenta segunda y líder del Movimiento Sumar, Yolanda Díaz, acusó a algunos jueces de «suspender sus funciones constitucionales para incidir en la política». En el PP, la vicesecretaria Carmen Fúnez denunciaba que Pedro Sánchez «ha debilitado todos los contrapoderes del Estado».

Una intensa división también se ha manifestado en los medios de comunicación. Miembros del tribunal ya expresaban durante la vista su «asombro» por las versiones tan desiguales que se estaban difundiendo sobre el juicio en los medios y tertulias políticas. «Hay una división atroz, parece que están presenciando dos juicios diferentes», se sorprendía uno de ellos. «La sentencia, sea cual sea, será un ataque a la otra parte. Si condenamos, nos atacarán unos y si absolvemos, lo harán los contrarios».

Tras la bomba estallada el 20-N, jueces del Supremo consultados manifestaron su «preocupación» por la imagen de polarización de la justicia que ha resultado. Cuando la percepción ciudadana sobre la Administración de Justicia ya es crítica, siendo, con diferencia, el servicio público peor valorado, con un 71,5% de desaprobación, según el CIS. Entre los jueces de tendencia progresista se percibe una sensación generalizada de «ira absoluta». Apenas una hora después de la condena a García Ortiz, la agrupación progresista Juezas y Jueces para la Democracia difundió un comunicado de su portavoz, Edmundo Rodríguez, titulado: «Con esta sentencia perdemos todos». Rodríguez lamentó la división en el Supremo y advirtió que la sentencia «no será comprendida por buena parte de la sociedad, convencida de la inocencia del fiscal general».

Otros magistrados progresistas del alto tribunal abogan por la «moderación». «Es peligroso agitar el sistema», afirma uno de ellos, quien confiesa su «desolación» ante la posible pérdida de confianza en la justicia. Este magistrado, al igual que otros consultados, sostiene que la condena no se ha debido a razones ideológicas, aunque admite que el hecho de que los conservadores la firmaran y que solo las dos progresistas propusieran la absolución, no refuerza ese argumento. «Los progresistas del Supremo defendemos a la Sala. Siempre resolvemos en términos judiciales. Pero la imagen es devastadora porque la absolución proviene de las dos progresistas y la condena de los conservadores», advierte.

Desde hace tiempo, en España, justicia y política parecen entrelazarse. Como si la política se hubiera judicializado y la justicia, politizado. Los casos en los tribunales que involucran al Gobierno nutren casi exclusivamente el discurso de oposición del PP. Un tema cuya magnitud no discute ni el Gobierno: la trama corrupta que implica a los dos anteriores secretarios de organización del PSOE. Sin embargo, otros episodios que enriquecen la agenda del PP generan en el Gobierno y en la izquierda en general una sensación de acoso. Las excentricidades del juez Juan Carlos Peinado en su incesante hostigamiento a la esposa del presidente o el inminente juicio al hermano de Sánchez tras una denuncia promovida, como en el caso anterior, por activistas de extrema derecha, añaden a la lista de agravios. Al igual que la multitud de procedimientos abiertos contra dirigentes de Podemos que resultaron inofensivos tras alimentar los titulares más escandalosos.

Previo al caso del fiscal general, el Supremo también había entrado en controversia. Por decisiones como las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE o al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, a quien se le privó de su escaño, posteriormente anuladas por un Tribunal Constitucional (TC) de mayoría progresista (una vez más, la adscripción ideológica influye). O por la negativa del alto tribunal a aplicar la ley de amnistía a los independentistas catalanes, ley contra la cual, incluso antes de aprobarse en el Congreso, se manifestaron jueces de toda España ataviados con sus togas. Otro magistrado, Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional, ya intentó obstruirla en vísperas de la investidura de Sánchez, cuyo apoyo dependía de esa medida de gracia.

Lo sucedido con la amnistía se vincula directamente con el gran protagonismo que los jueces asumieron en respuesta al procés. Un fiscal que conoce el asunto de cerca resume: “Aquello transformó la naturaleza de la justicia en España. El poder político fue incapaz de abordar un problema político y lo delegó en los jueces. Desde entonces han tomado un poder del que ya no desean renunciar”.

Los seis primeros años de Sánchez se caracterizaron por una anormalidad institucional: el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que le permitió mantener la mayoría para controlar los nombramientos de magistrados en el Supremo. En noviembre de 2018 se había llegado a un principio de acuerdo para la renovación del Consejo entre PSOE y PP, pero se frustró tras filtrarse un mensaje del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que presumía de que su partido iba a controlar la Sala Segunda del Supremo «por la puerta de atrás». El candidato para presidir el CGPJ era Manuel Marchena, partícipe en las últimas grandes decisiones del alto tribunal, desde la ley de amnistía hasta la condena a García Ortiz.

El PP argumenta que, para despolitizar la justicia, los nombramientos deberían quedar en manos de los propios jueces. Su discurso de que Sánchez ataca la independencia judicial se ha visto respaldado por nombramientos del Gobierno que son difíciles de defender: Dolores Delgado y Juan Carlos Campo pasaron de ser ministros de Justicia a fiscal general, el primero, y a magistrado del TC, el segundo. También por aquellas declaraciones de Sánchez donde se jactaba de que la Fiscalía dependía de él.

Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, presenta un dato sociológico: España es, junto con Bulgaria, el país europeo con más litigios judiciales. «Somos un país muy litigante», señala. Recuerda que Sánchez alcanzó el poder utilizando una sentencia judicial sobre la corrupción del PP, que ahora busca la revancha. El politólogo indica que el clima de confrontación política conduce a una “desconfianza generalizada” y a una “incapacidad civil” para juzgar ciertos comportamientos, delegando así esa responsabilidad en los tribunales. La polarización ha permeado “a la justicia, a las fuerzas de seguridad y a los cuerpos de altos funcionarios del Estado”. Esta idea es corroborada por un veterano magistrado del Supremo al referirse a sus compañeros recién llegados: «Un juez debe ser impermeable a cuestiones ideológicas o partidistas, pero algunos más recientes se muestran muy permeables a este tipo de asuntos».

García Ortiz terminó en el banquillo debido a la respuesta que desmentía un bulo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, cuando él y la propia presidenta denunciaban una “operación de Estado” contra el novio de esta. Una cuestión que genera incertidumbre entre algunos magistrados del Supremo, que confían en que se resuelvan al publicarse la sentencia. «Es complicado determinar qué mecanismos existen cuando se lanza un bulo que atenta contra una institución. A ver qué dice la sala. ¿Pero cómo se ejecuta? No tengo claridad sobre cuáles son los límites de lo que podemos hacer en esos casos», comenta un magistrado ajeno a la Sala Penal, quien plantea otra interrogante. «¿Cuál es el volumen de indicios necesario para considerar que ya hay una prueba concluyente para condenar? No lo sé». La misma fuente añade: «Los que no somos de penal siempre pensamos que es afortunado poder recurrir al ‘in dubio pro reo’ [el principio de que, en caso de duda, se falla a favor del reo]. En otros ámbitos no tenemos esa opción para resolver casos inciertos». Frente a la controversia sobre la decisión de la Sala de adelantar el fallo mientras la sentencia aún se está redactando, fuentes del alto tribunal defienden que esta práctica es habitual en asuntos “de gran relevancia pública”. Las mismas fuentes enfatizan que en la Sala Penal se aplicó en los casos de La Manada o los ERE. Sin embargo, aquellas sentencias resolvían recursos contra decisiones de instancias inferiores, por lo que los afectados ya conocían los fundamentos de su condena, cosa que no sucede ahora. «Adelantar el fallo es algo excepcional y no se ha dejado claro si estaba justificado en un caso de tanta relevancia», admite un magistrado.

Además de perder su cargo, García Ortiz deberá indemnizar con 10.000 euros y abonar algunos miles más al abogado del novio de Ayuso. Alberto González Amador presentó un conmovedor testimonio durante el juicio, donde llegó a afirmar que los bancos habían dejado de financiarlo desde que se conoció su fraude fiscal. Un día antes de la condena, EL PAÍS reportó que González Amador adquirió el ático de lujo donde reside con Ayuso, valorado en un millón de euros, tras obtener una hipoteca de 600.000. Su juicio por fraude fiscal aún se prolongará.