Las dos Españas se visten de toga | España

El 20 de noviembre de 2025, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco, “fue un día desolador para la democracia”, confiesa en anonimato un magistrado del Tribunal Supremo. En esa fecha tan significativa, la más alta instancia de la justicia española emitía, por primera vez, una condena contra un fiscal general del Estado. El estruendo de una profunda fractura política sacudió la nación. Las dos Españas se manifestaron, reflejadas en dos grupos de togas: cinco magistrados de la Sala Segunda del Supremo que decidieron imponer a Álvaro García Ortiz una condena de dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por revelación de datos reservados, y las dos únicas progresistas que dejaron constancia de su discrepancia en un voto particular.

El cava fluyó entre la derecha política y social, que había tratado al máximo responsable del Ministerio Público como un “delincuente” y lo apodaba Alvarone. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuyo compañero sentimental, procesado por delitos fiscales, ejercía la acusación particular, celebró la sentencia con su conocida afirmación de que España se ha convertido en una dictadura.

La parte socialista del Gobierno, cuyo presidente había proclamado la inocencia del fiscal en medio del juicio, intentó ocultar su indignación. Sin embargo, ese sentimiento se desbordó como pocas veces se había visto entre la España progresista. Que García Ortiz fuese condenado sin pruebas contundentes que lo incriminen en la filtración de un correo del novio de Ayuso, mientras se presentaron testimonios que lo exoneraban por parte de varios periodistas, avivó la sensación de rabia y estupefacción que recorrió sedes de partidos y redes sociales. Para aumentar la confusión, el fallo se hizo público sin detallar su motivación, a la espera de que se redacte la sentencia.

Ese mismo sábado, la vicepresidenta segunda y líder del Movimiento Sumar, Yolanda Díaz, acusó a ciertos jueces de “suspender sus funciones constitucionales para intervenir en política”. En el PP, la vicesecretaria Carmen Fúnez denunciaba que Pedro Sánchez “ha debilitado todos los contrapoderes del Estado”.

Una acérrima división también se ha manifestado en los medios. Miembros del tribunal comentaban durante la vista su “asombro” por las versiones tan diferentes que se estaban dando del juicio en medios de comunicación y debates políticos. “Hay una división brutal, parece que están asistiendo a juicios opuestos”, se sorprendía uno de ellos. “La sentencia, sea cual sea, será un ataque para alguno de los lados. Si condenamos nos atacarán unos, y si absolvemos, los contrarios”.

Tras la explosiva noticia del 20-N, magistrados del Supremo consultados expresan su “preocupación” por la imagen de polarización de la justicia que se ha transmitido. Cuando la valoración ciudadana de la Administración de Justicia ya está por los suelos: es el servicio público peor considerado, con un 71,5% de suspensos, según el CIS. Entre jueces de tendencia progresista se percibe un sentimiento generalizado de “ira absoluta”. Apenas una hora después de que se hiciera pública la condena a García Ortiz, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia difundió un comunicado de su portavoz, Edmundo Rodríguez, titulado: “Con esta sentencia todos perdemos”. Rodríguez lamentaba la división en el Supremo y advertía que la decisión “no será comprendida por buena parte de la sociedad, convencida de la inocencia del fiscal general”.

Otros magistrados progresistas del alto tribunal hacen un llamado a la “contención”. “Es peligroso revolver el sistema”, afirma uno de ellos, que admite su “desolación” por la posible pérdida de confianza en la justicia. Este magistrado, entre otros consultados, asegura que la condena no se debe a motivos ideológicos, pero reconoce que el hecho de que los conservadores la hayan firmado y que solo las dos progresistas propusiesen la absolución, no apoya ese argumento. “Los progresistas del Supremo defendemos a la sala. Todo se resuelve en términos judiciales. Pero la imagen es devastadora porque las dos progresistas absuelven y los conservadores condenan”, advierte.

Desde hace tiempo en España, justicia y política parecen ir de la mano. Como si la política se hubiera judicializado y la justicia, politizado. Los casos en los tribunales que afectan al Gobierno alimentan casi exclusivamente el discurso de la oposición del PP. Hay un asunto cuya gravedad no discute ni el Ejecutivo: la trama corrupta que involucra a los dos anteriores secretarios de organización del PSOE. Sin embargo, otros episodios que complementan el menú del PP infunden en el Gobierno y la izquierda en general la sensación de persecución. Las excentricidades del juez Juan Carlos Peinado en su insistente hostigamiento a la esposa del presidente o el inminente juicio al hermano de Sánchez tras una denuncia promovida, como en el caso anterior, por activistas de ultraderecha, aumentan las quejas. Al igual que la cantidad de procedimientos abiertos contra dirigentes de Podemos que quedaron sin resultado tras alimentar los titulares más escandalosos.

Antes del caso del fiscal general, el Supremo ya se había involucrado en controversias. Por decisiones como las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE, o al diputado de Podemos Alberto Rodríguez -a quien se le privó del escaño- que luego fueron anuladas por un Tribunal Constitucional (TC) de mayoría progresista (de nuevo, la adscripción ideológica influye). O por la negativa del alto tribunal a aplicar la ley de amnistía a los independentistas catalanes, contra la que, incluso antes de ser aprobada en el Congreso, se manifestaron jueces de toda España en sus togas. Otro magistrado, Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional, ya intentó obstaculizarla en vísperas de la investidura de Sánchez, cuyos apoyos dependían de esa medida de gracia.

Lo ocurrido con la amnistía está directamente relacionado con el papel destacado que asumieron los jueces en respuesta al procés. Un fiscal que conoce el tema a fondo lo resume así: “Aquello cambió la naturaleza de la justicia en España. El poder político fue incapaz de dar respuesta a un problema político y lo delegó en los jueces. Desde entonces han asumido un poder que ya no quieren soltar”.

Los seis primeros años de Sánchez estuvieron marcados por una anomalía institucional: el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que le permitió mantener la mayoría para controlar los nombramientos de magistrados del Supremo. En noviembre de 2018 se había llegado a un preacuerdo para renovar el Consejo entre PSOE y PP, pero se frustró tras filtrarse un mensaje del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que presumía de que su partido iba a controlar la Sala Segunda del Supremo “por la puerta de atrás”. El elegido para presidir el CGPJ fue Manuel Marchena, participante en las últimas decisiones del alto tribunal, desde la ley de amnistía hasta la condena a García Ortiz.

El PP sostiene que para despolitizar la justicia es necesario dejar los nombramientos en manos de los propios jueces. Su discurso de que Sánchez ataca la independencia judicial se ha visto respaldado por nombramientos por parte del Gobierno que son difícilmente defendibles: Dolores Delgado y Juan Carlos Campo pasaron de ser ministros de Justicia a fiscales generales, el primero, y a magistrado del TC, el segundo. También por aquellas declaraciones de Sánchez en las que afirmaba que la Fiscalía depende de él.

Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, presenta un dato sociológico: España es el país europeo junto a Bulgaria con más litigios judiciales. “Somos un país muy litigioso”, apunta. Y recuerda que Sánchez llegó al poder citando una sentencia judicial sobre la corrupción del PP, de la cual ahora busca venganza. El politólogo señala que el clima de confrontación política conduce a una “desconfianza generalizada” y a una “incapacidad civil” para juzgar ciertos comportamientos, lo que lleva a delegar esa responsabilidad en los tribunales. La polarización se ha filtrado “a la justicia, a las fuerzas de seguridad o a los cuerpos de altos funcionarios del Estado”. Una idea que refuerza un veterano magistrado del Supremo al referirse a sus colegas llegados en los últimos años: “Un juez debe ser impermeable a cuestiones ideológicas o partidistas, pero algunos más nuevos se muestran muy receptivos a este tipo de cosas”.

García Ortiz terminó en el banquillo por la respuesta que desmentía un bulo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, cuando él y la propia presidenta denunciaban una “operación de Estado” contra el novio de esta. Una cuestión que genera incertidumbres entre algunos magistrados del Supremos, que confían en que se aclaren cuando se publique la sentencia. “Es complicado ver qué mecanismos existen cuando se propaga un bulo que ataca a una institución. A ver qué dice la sala. ¿Pero cómo se lleva a cabo? No tengo claro cuáles son los límites de lo que podemos hacer en esos casos”, afirma un magistrado que no forma parte de la Sala Penal y plantea otra duda. “¿Cuál es el conjunto de indicios que debe haber para considerar que ya existe una prueba suficiente para condenar? No lo sé”. La misma fuente añade: “Los que no somos de penal siempre creemos que es una fortuna poder recurrir al ‘in dubio pro reo [el principio de que, en caso de duda, se falla a favor del reo]. En otros ámbitos no tenemos esa opción para resolver casos inciertos”. Frente a la controversia por la decisión de la Sala de adelantar el fallo cuando la sentencia aún estaba en proceso de redacción, fuentes del alto tribunal defienden que es habitual esta práctica en asuntos “de gran relevancia pública”. Las mismas fuentes destacan que en la Sala Penal se hizo con los casos de La Manada y de los ERE. Sin embargo, aquellas sentencias resolvieron recursos contra resoluciones de órganos inferiores, por lo que los afectados ya conocían los argumentos para su condena, lo que no ocurre en este caso. “Adelantar el fallo es algo excepcional y no ha quedado claro si estaba justificado en un caso de tanta relevancia”, admite un magistrado.

Además de perder su cargo, García Ortiz deberá indemnizar con 10.000 euros y pagar algunos miles más al abogado del novio de Ayuso. Alberto González Amador protagonizó un emocional testimonio en el juicio, donde llegó a afirmar que los bancos habían dejado de financiarlo desde que se hizo público su fraude fiscal. Un día antes de conocerse la condena, EL PAÍS publicó que González Amador compró el ático de lujo donde reside con Ayuso, valorado en un millón de euros, tras obtener una hipoteca de 600.000. Su juicio por fraude fiscal aún está por finalizar.