Las leyes de organización de la Comunidad de Madrid expirarán a los cinco años.
-
- 14 de enero de 2026
Al Gobierno de Ayuso nunca le ha agradado el exceso de normativas. La presidenta regional aboga por que solo existan las leyes necesarias. Ni más ni menos. Desde el inicio de esta legislatura, la Asamblea de Madrid ha sancionado 23 leyes, y el año pasado solo se aprobaron siete … , que incluyen los Presupuestos y una reforma del Reglamento de la Cámara. En este contexto, el Consejo de Gobierno planea esta semana promover un decreto que fije un período de caducidad para las leyes organizativas, buscando simplificar y clarificar el marco legal, así como reducir la burocracia.
Por ahora, en su primera reunión del año 2026, el Gobierno de Ayuso conocerá el proyecto de decreto que también impondrá la evaluación de todas las normas cada cuatro años para analizar su efectividad. «Esta medida proporcionará a los madrileños un marco jurídico actualizado, adaptado a sus necesidades y que les ofrezca mayor seguridad», explican desde la Comunidad.
El decreto se espera que sea aprobado, probablemente, en este primer semestre, y establecerá la necesidad de realizar al menos una evaluación ‘ex post’ de la normativa antes de que pasen cuatro años desde su promulgación, salvo que una norma con rango de ley indique un plazo diferente. En esta evaluación, se comprobará si las medidas han logrado sus objetivos o si requieren ajustes.
Asimismo, se contempla la caducidad de las disposiciones reglamentarias organizativas (exceptuando los decretos de estructura orgánica) y las que regulen la organización y funcionamiento de los órganos colegiados transcurridos cinco años desde su entrada en vigor, a menos que, como resultado de la evaluación ‘ex post’, se considere que deben mantenerse. Ejemplos de normas que caducarían incluyen los decretos que establecen la Comisión Permanente de Selección, el Consejo para el Diálogo Social o el Consejo para la Promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid.
A la par, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá presentar, en el transcurso de un año desde la implementación del decreto, una propuesta para revisar los procedimientos administrativos, priorizando, en beneficio de los ciudadanos, la aplicación del silencio positivo en ausencia de resolución expresa dentro del plazo establecido.
Esta propuesta «es parte del compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por avanzar hacia una Administración más efectiva y centrada en el ciudadano», destacan fuentes autonómicas en un comunicado. Esta medida, que se incluyó en el programa electoral de 2023, fue presentada por la jefa del Ejecutivo autonómico en el reciente Debate sobre el Estado de la Región.
La reducción del exceso de regulación busca «fomentar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y facilitar la vida a los ciudadanos». «El principal objetivo de esta iniciativa es simplificar y modernizar el marco normativo actual, eliminar cargas burocráticas y fortalecer la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para las empresas y los inversores», indican desde la Comunidad.