Las redes femeninas, el frente de resistencia ante los ultras | Sociedad | América

Por Mar Centenera

Nueve de cada diez mujeres llegan a la jubilación en Argentina sin haber acumulado los 30 años de aportes exigidos por ley para recibir una pensión. No es porque no hayan trabajado, sino porque la mayoría se empleó en la informalidad en un país con un 43% de trabajadores fuera del sistema, y/o porque estuvieron ausentes del mercado laboral para cuidar a hijos o padres. Hace un año, existía una moratoria que permitía a los trabajadores pagar por sus últimos años de aportes para jubilarse, pero el presidente Javier Milei la eliminó. Desde entonces, las opciones son trabajar hasta completar el período requerido o, a partir de los 65 años, solicitar una pensión universal para el adulto mayor que condena a la pobreza: el ingreso asciende a 250 dólares mensuales (aproximadamente 215 euros).

Para exigir pensiones dignas, el colectivo Jubiladxs Insurgentes rodea cada miércoles el Congreso argentino. Zulema Palavecino, integrante del grupo, tiene 75 años. Cuenta que eligieron los miércoles inspirados por Norma Pla, activista emblemática de los jubilados en los años noventa, que luchó contra los ajustes de Carlos Menem: trabajó desde los 13 hasta los 62 años, pero no pudo jubilarse porque nunca firmó un contrato. Tres décadas después, la situación sigue siendo la misma para miles de mujeres.

“La moratoria es un parche porque el trabajador laboró, es el empleador quien debe hacer los aportes si no lo hizo”, critica Palavecino. “No luchemos para que reinstalen el parche, sino para que no se exija pagar los aportes”, enfatiza.

Palavecino sostiene que, para lograr cambios, es necesario salir a las calles a reclamar, una tradición arraigada en la sociedad argentina. Sin embargo, advierte que esa lucha “es cada vez más asimétrica” y ha sido criminalizada. “Norma Pla podía quitarle el gorro a un policía, incluso conmoverlo. Hoy los adoctrinan para que nos perciban como enemigos”, recuerda, mencionando cómo un agente antidisturbios empujó al suelo a una jubilada con bastón hace unos meses. Aun así, hace un llamado a unir todas las luchas y recuerda que la suya está conectada con el futuro de los demás: “Si esto continúa así, nadie podrá jubilarse”.

Por Valentina Parada

Emilse Jiménez desconfía del título de lideresa social. “Se ha vuelto un comodín”, dice. A ella le basta uno solo: madre. La madre a la que llaman varias comunidades en el departamento colombiano del Cauca cuando hay un niño o niña en riesgo de ser reclutado por grupos armados. Este año, Jiménez ha logrado rescatar a siete menores de espacios de adoctrinamiento asociados a disidencias guerrilleras de las FARC en la región. No va sola: se planta frente a los comandantes guerrilleros junto a las mujeres de la Guardia Intercultural Humanitaria, un colectivo que lidera y que se mueve de vereda a vereda para evitar que los grupos armados ilegales conviertan a sus menores en niños soldados. Esta red de casi cien mujeres representa la primera organización en Colombia que agrupa a autoridades indígenas, afros, cimarronas y campesinas con el objetivo de que los menores no sean usados como carne de cañón.

Jiménez atiende esta entrevista en medio de una carretera que conduce desde Cali, la tercera ciudad de Colombia, hasta el municipio de Buenos Aires (Cauca), de donde es originaria. “Voy de camino a rescatar a una de mis niñas y no sé a qué hora volveré”, dice con la naturalidad de quien se enfrenta a un conflicto armado diariamente. Se unió al grupo cuando la guerrilla se llevó a uno de sus sobrinos hace dos años. Ahora, a sus 58 años, se ha convertido en una de las principales figuras enfrentando el delito del reclutamiento forzado, un crimen que ha aumentado dramáticamente bajo el gobierno de Gustavo Petro, alcanzando más de 1.400 casos el último año, según la justicia transicional. El 62% de estos se han registrado en el Cauca, su tierra natal.

Los niños son engañados a través de redes sociales, especialmente TikTok, donde les ofrecen trabajos, dinero fácil o teléfonos nuevos, y cuando aceptan, son citados fuera de sus veredas y llevados a zonas controladas por armados. La primera señal de alarma aparece cuando comienzan a ver pupitres vacíos. En su búsqueda de los niños desaparecidos, Jiménez ha recibido cinco amenazas de muerte. Los grupos armados la acusan de entorpecer sus operaciones. La última advertencia que le hicieron las disidencias de las FARC la obligó a desplazarse de su territorio, pero eso no ha sido suficiente para silenciarla. “Las amenazas no son lo urgente. Lo urgente son los niños”, afirma.

Por Paola Nagovitch

Carolina Ortiz supo desde los nueve años que sería defensora de migrantes. A esa edad, a su hermano, diez años mayor, lo deportaron a México, el país de donde su familia emigró cuando ella era pequeña. En Minnesota, donde se asentaron al llegar a Estados Unidos, siempre tuvo presente las barreras que enfrentaban como indocumentados: las dificultades de su madre para recibir tratamiento para su cáncer o conseguir una vivienda. “Estaba muy molesta y solo intentaba entender por qué ocurría todo esto, pero al mismo tiempo sabía que no era la única”, recuerda la mujer de 33 años.

Su compromiso con la comunidad migrante comenzó al unirse a un grupo de jóvenes en su iglesia. Allí conoció a personas que vivieron situaciones similares a la suya. “Eso me motivó y me permitió canalizar esa rabia y emoción en algo positivo”. Cuando en 2012 el expresidente Barack Obama estableció el programa DACA para indocumentados que llegaron de niños, Ortiz pasó a ser una dreamer protegida de la maquinaria de deportaciones que se llevó a su hermano.

En 2018, se unió a COPAL (Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina), una organización que estaba en sus primeras etapas y que ha enfrentado este año el megaoperativo migratorio lanzado por el Gobierno de Donald Trump en Minneapolis. Entre diciembre y enero, más de 3.000 agentes de inmigración invadieron las calles de esa ciudad y otras en Minnesota. Durante la violencia ejercida por la policía migratoria, dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados a tiros mientras protestaban.

Durante esas semanas caóticas, Ortiz, directora ejecutiva adjunta de COPAL y ahora con residencia permanente en Estados Unidos, estuvo al servicio de migrantes perseguidos. Según denuncia, en esos días, agentes llegaron hasta su casa para intimidarla.

Aunque el Gobierno republicano anunció a mediados de febrero que la operación migratoria en Minnesota había “concluido”, Ortiz sabe que el trabajo está lejos de terminar. “El trauma, el dolor que queda en nuestras comunidades… Llevará años volver a la normalidad, que sinceramente no creo que exista”. En medio de tanta crueldad y sufrimiento, la activista destaca un aspecto que le otorga “esperanza”: que las redes de apoyo que ha tejido a lo largo de los años entre las comunidades migrantes de su Estado le sirvieron para resistir la ofensiva de Trump. Ahora, mirando hacia el futuro, afirma que la “democracia está amenazada” y son esas redes las que el país deberá utilizar para sobrevivir.

Por Isabel Valdés

Sandra Salsón Martín menciona “turbo”, “capitalismo” e “individualismo” y explica que esos conceptos no son lo que ellas representan, las seis mujeres que forman el núcleo de la Escuela de Emprendedoras Juana Millán, fundadora en 2014. Se dieron cuenta de “las claras diferencias” en sus trayectorias con sus cooperativas en comparación con las de otros emprendedores masculinos. “Para nosotras, esto era crear empleo propio, pero también establecer valores y un proyecto de vida”.

Se propusieron crear un curso en conjunto con “compañeras de Euskadi, Aragón y Cataluña, para ayudar a concretar ideas a mujeres interesadas en el emprendimiento como solución a su situación laboral”. Y funcionó. Desde entonces, han ayudado gratuitamente a otras a hacer realidad sus proyectos empresariales, a consolidar aquellos que ya existen o a darles un empujón a los que lo necesiten. Además, han creado y mantenido una red entre todas. El trabajo lo realizan las seis del equipo base, “junto a 70 especialistas en diversas áreas, desde comunicación hasta aspectos concretos, como licencias sanitarias para cosmética ecológica”.

Y están distribuidas en toda España. “Lo que desean debe ser factible en los territorios donde viven y beneficiar a esas comunidades”, dice Salsón, de 48 años, originaria de un pequeño pueblo de A Coruña, Mosquetín, pero radicada en Madrid desde los tres años. Sentada en una sala de coworking en el centro de la capital, tiene claro que no todo se concentra en la ciudad.

Hasta 2020 buscaron financiamiento público y privado, y alrededor de 25 mujeres pasaban por la Escuela anualmente; desde 2021, con apoyo del Instituto de las Mujeres y del Fondo Social Europeo, pudieron “expandirse”. En los últimos cinco años, cuentan con 2.600 “juanas”: “Mujeres que no desean integrarse al sistema tal como está organizado o que han sido excluidas, por su edad o sus circunstancias. El mundo es como es a causa de cómo se ha entendido la economía, priorizando el enriquecimiento personal sobre lo comunitario”. Las mujeres históricamente no han tenido acceso a esa riqueza, al dinero, lo que significa, en última instancia, autonomía. La visión de la escuela es que las mujeres cuenten con eso para construir un mundo diferente “al actual, que genera más riqueza para unos pocos a medida que produce más destrucción”.

Por Carolina Guerra

A dos horas de Quito, en una casa en medio del bosque, reside Geraldina Guerra, activista de derechos humanos y directora de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. A sus 51 años, ha estado casi una década mapeando los feminicidios en Ecuador, con la satisfacción de que lo que inició como un esfuerzo individual, hoy se ha convertido en una red de organizaciones que documentan y verifican estos crímenes, una labor que el Estado ha sido incapaz de replicar.

La idea original surgió de un grupo de mujeres cartógrafas, un impulso que, según Guerra, tiene un significado que va más allá de simplemente registrar cifras. «Si documentamos estos casos, es para dar nombre a lo que está ocurriendo en cada región», explica. «Cuestionamos al Estado no como datos, sino como vidas que se están perdiendo».

Con el tiempo, la red ha crecido a una docena de organizaciones, líderes comunitarios y periodistas, especialmente en áreas rurales, que han logrado articularse y renovarse. Por otro lado, el Estado sigue incapaz de unificar las cifras que recaban las instituciones encargadas de la protección de las mujeres. «Ni siquiera pueden reunir datos de los organismos que deberían proteger a las mujeres. Nosotras, desde la sociedad civil, sí podemos hacerlo», sostiene Guerra. El debilitamiento del sistema estatal bajo el gobierno de Daniel Noboa ha supuesto un golpe para la lucha contra la violencia. La disolución del Ministerio de la Mujer, responsable de coordinar el sistema de prevención de la violencia, representa un retroceso. “Ya no hay autoridad, ya no hay con quién dialogar”, lamenta.

El proceso de mapeo que llevan a cabo es meticuloso. Por cada caso de femicidio se completa un formulario con detalles precisos: nombre de la víctima, edad, si tenía hijos, su lugar de residencia, si contaba con medidas de protección, si estaba embarazada, si fue asesinada con armas de fuego o algún otro objeto, e incluso si el cuerpo fue desaparecido. Estos registros permiten conocer, trimestre a trimestre, la magnitud del femicidio en Ecuador: cuántos se han cometido, cuántos niños se han quedado huérfanos y cuántos transfemicidios han tenido lugar. En 2025, contabilizaron 411 feminicidios en total, muchísimos más que los 274 de 2024.

Por Bryan Avelar

Eneida Abarca (San Salvador, 49 años) es una activista incansable que se ha convertido en el rostro más visible de la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador. Su lucha comenzó tras la desaparición de su hijo, Carlos Ernesto Santos Abarca, el 1 de enero de 2022, cuando salió a jugar baloncesto en la colonia Monserrat, en San Salvador, y no volvió. Desde entonces, Abarca ha emprendido una búsqueda que la ha llevado a organizar protestas frente a la Casa Presidencial, a encararse con el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y a fundar y liderar un grupo de madres buscadoras en El Salvador, apoyando a otras familias que enfrentan la misma incertidumbre.

Tras la desaparición de su hijo, Abarca ha recorrido cientos de kilómetros repartiendo afiches con la fotografía de su hijo en toda el área metropolitana de San Salvador. Ha buscado en barrios, colonias, quebradas, terrenos baldíos y montes. Ha pedido ayuda de las autoridades, la sociedad civil e incluso ha suplicado a los pandilleros de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha que le devuelvan a su hijo. Junto a su esposo, Ricardo, han denunciado en organismos internacionales y medios de comunicación la ineficacia del Estado.

“Sé que lo voy a encontrar porque la tierra no se lo pudo tragar. Solo tenemos que buscar, buscar, buscar. Hasta que alguien hable”, dice Abarca cuando se le pregunta qué la motiva a continuar su búsqueda. En cualquier lugar, siempre viste una camiseta con el rostro de su hijo. “La realidad, en El Salvador y en todos los países donde hay personas desaparecidas, es que no es que no se encuentren: es que nadie los busca. Si la familia no busca, las instituciones se acomodan. Por eso nunca dejaré de buscar”, añade.

Por Sonia Corona

La red que las mujeres de Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) fundaron en 2019 ha servido como un altavoz para visibilizar el acoso sexual y laboral en la industria periodística en México. Frente a la paradoja de trabajar en un medio de comunicación mientras existe un silencio generalizado sobre actitudes machistas, esta colectiva se formó para acompañar a decenas de mujeres que hicieron públicas sus denuncias, en lo que se ha conocido como el Me Too mexicano.

“Como periodistas, sabemos que no podemos asumir el papel de especialistas; no podemos ofrecer acompañamiento psicológico ni asesoría legal, porque no somos psicólogas ni abogadas, pero tenemos buenos contactos entre nuestras fuentes”, cuenta María, portavoz de la colectiva, que prefiere mantener su identidad en el anonimato por cuestiones de seguridad. El grupo ha enfrentado amenazas, especialmente después de hacer público el caso de Andrés Roemer, un exdiplomático acusado de violación por cinco mujeres.

Además, la colectiva se dedicó a realizar una encuesta entre sus compañeras para conocer sus condiciones laborales. Los resultados revelaron que hasta un 73% de las periodistas encuestadas había sufrido algún tipo de acoso. “Desde entonces, hemos observado cambios en las redacciones y en conductas, no necesariamente debido a la autorreflexión o porque hombres admitan que el acoso está mal, sino por miedo a ser expuestos”, observa María.

La colectiva también ha sido crítica con los medios de comunicación por su escasa cobertura con perspectiva de género, especialmente en su enfoque sobre feminicidios. Según señalan, la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México no ha supuesto un cambio estructural en la dinámica de poder entre el Estado y la prensa, aunque reconocen que la presencia de una mujer en el cargo más alto del país es un cambio “simbólico y valioso”. “Nuestra colectiva ha evolucionado a un acto de resistencia desde lo individual, cada vez más personal y menos público”, concluye la portavoz.

Por Antonia Laborde

Elisa Alcaíno (29 años, Santiago de Chile) conoció el sistema carcelario de niña, acompañando a su madre en una visita, un mundo que no ha dejado desde entonces. La socióloga de la Universidad Católica trabajó con la hermana Nelly León, capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde fue testigo de las desigualdades sociales que afectan a las mujeres en el sistema penal, lo que la llevó a buscar soluciones y visibilizar el problema.

Durante la pandemia, las deficiencias estructurales se agravaron aún más, y las reclusas se quedaron sin productos básicos como agua, jabón o toallas higiénicas, según lo que observó Alcaíno, quien se organizó junto a un grupo de mujeres para llevar esos insumos necesarios, especialmente en el norte y sur del país. De esta organización surgió la Red de Acción Carcelaria, una fundación compuesta por 30 voluntarias que realiza iniciativas público-privadas para, por ejemplo, llevar odontólogos o ginecólogos a las cárceles. Han atendido a mujeres que trabajaban como trabajadoras sexuales que nunca se habían sometido a un Papanicolaou (PAP, una citología).

Desde 2020, la población carcelaria femenina ha aumentado un 65,3%, alcanzando un total de 5.334 mujeres encarceladas. La Red de Acción Carcelaria también trabaja con la Defensoría Penal Pública para recopilar información e instalar en el debate público las grietas del sistema, para que sea una preocupación política. “Los temas de seguridad son actuales, pero se habla muy poco de para qué sirve la cárcel; el debate público nunca ha estado en cómo romper los círculos de violencia y delictual. No hay un índice de reincidencia actualizado, pero sabemos que hay graves vulneraciones”, indica Alcaíno, quien expresa su temor respecto al futuro Gobierno de José Antonio Kast, al considerar que la política penitenciaria podría quedar “capturada por discursos punitivos que terminan debilitando el foco, que es el cumplimiento de una pena”.

Por Florantonia Singer

Venezuela enfrenta desde hace más de ocho años una crisis que se manifiesta en desnutrición infantil, muertes por enfermedades evitables y un aumento de la violencia contra las mujeres. Varias agencias de Naciones Unidas han implementado operaciones humanitarias en el país. Dentro de esta compleja arquitectura de asistencia, ha destacado el trabajo de la psicóloga Magdymar León. Directora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa (Avesa), utiliza su experiencia en la Red de Igualdad de Género para evitar que la ayuda humanitaria replique desigualdades.

León ilustra esta tensión con un ejemplo cotidiano. En una comunidad donde se está llevando a cabo un plan de saneamiento para instalar tanques de agua, se contrata a hombres para acometer las tuberías. A las mujeres, en cambio, se les convoca para detectar necesidades, integrarse en mesas técnicas, seleccionar a los trabajadores y prepararles la comida. “A ellos les pagan y a ellas no”, explica. Esta escena revela una lógica arraigada: el trabajo masculino se remunera; el femenino se asume como una extensión “natural” del cuidado. Para León, esta división demuestra cómo las prácticas humanitarias pueden reforzar roles de género en lugar de cuestionarlos.

Una de las mayores resistencias que enfrenta es ampliar la noción de lo que significa “salvar vidas”. No se trata solo de distribuir alimentos o medicinas, sino de abordar la violencia sexual, la sobrecarga doméstica y la trata de personas, problemas que se intensifican en contextos de emergencia. Frente a un sistema patriarcal global, sostiene, la articulación es esencial. En un país polarizado políticamente durante dos décadas, el movimiento feminista ha sufrido divisiones. Pero la crisis humanitaria —que ha llevado a la migración de más de siete millones de venezolanos y ha tenido efectos diversos en las mujeres— ha creado espacios de reencuentro entre distintas corrientes. León alerta sobre los riesgos para Venezuela a partir del 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y dejó a su vicepresidenta en el cargo. “El Gobierno estadounidense ha revertido programas favorables a la igualdad de género y los derechos reproductivos. Si es el que ahora tutela al país, algo de esa lógica podría trasladarse aquí”, asevera. “Podrán llegar recursos, pero bajo una visión que no necesariamente beneficia a las mujeres ni al país”.

Por Caio Ruvenal

Cuando Irma Quezo Maita era niña, su padre les prohibió a ella y sus cinco hermanos hablar aimara. El señor Zenobio Quezo había padecido discriminación en la ciudad por hablar su lengua materna y pensó que el castellano era el único camino hacia la prosperidad. Nunca imaginó que el idioma andino sería indispensable para que Irma pudiera involucrarse en la labor que ahora ama: como técnica facilitadora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aimara (CDIMA).

La institución fue creada hace 37 años por Alicia Canaviri y desde entonces ha concientizado a más de 40.000 mujeres rurales y de áreas periféricas de Bolivia sobre sus derechos, proporcionándoles herramientas para alcanzar su independencia económica a través de cursos de costura, artesanía o gastronomía. Quezo, de 33 años, ha estado conectada con CDIMA desde que era pequeña, cuando su madre asistió a uno de los talleres que el centro llevó a su comunidad, Santiago de Callapa, en el altiplano profundo.

“Era machista en un principio. Me prohibía jugar al fútbol, que me encanta. ‘Tus hermanos irán a la cancha, tú me ayudas en la cocina”, recuerda Quezo. “En el campo, incluso los padres sostienen que, si eres mujer, no es necesario estudiar: te casarás y necesitas aprender a lavar y cocinar”. Casi tres décadas después, al visitar las comunidades, observa que la situación apenas ha cambiado. “La mujer del campo vive en violencia, pero lo ha normalizado. Nos dicen que aguantarán por sus hijos, que no pueden separarse. La información, la educación, es la mejor herramienta que puedes ofrecerles”. Esa fue una de las razones por las que optó por estudiar Ciencias de la Educación.

Por Naiara Galarraga Gortázar

El enorme estigma que rodea al aborto en Brasil, incluso en los supuestos legales, se suma a las dificultades de un país continental. En el Estado de Bahía, que es más grande que España y alberga a 15 millones de habitantes, un equipo de la Defensoría Pública —institución que defiende los derechos de colectivos vulnerables y ofrece asistencia legal— gestiona desde 2022 una red que ayuda a mujeres con embarazos inviables a acceder a la interrupción a la que tienen derecho. Esto se logró gracias a un esfuerzo cuidadoso por sensibilizar, construir alianzas, ofrecer seguridad jurídica y difundir lo esencial: que la ley respalda el aborto por fetos que no tienen opciones de nacer vivos y que existe un conjunto de profesionales dedicados a garantizarlo.

La defensora pública Livia Almeida explica, desde Salvador de Bahía, que esta iniciativa surge del convencimiento de que “el acceso al aborto es una cuestión de salud pública” y que “el aborto ilegal es una de las principales causas de mortalidad materna”. Cuando un médico diagnostica un embarazo inviable, informa a la mujer sobre las opciones, incluida “la anticipación terapéutica del parto”, es decir, un aborto, término que se evita porque, como señala Almeida, está altamente criminalizado y existe un estigma incluso para las mujeres que tienen derecho a ello.

El primer paso, el primer obstáculo. El diagnóstico debe ser realizado por un especialista en medicina fetal, que escasea en gran parte de Bahía. Si la mujer decide interrumpir la gestación, el médico solicita al núcleo de defensa de la mujer de la Defensoría Pública, que presenta una petición urgente a un juez penal. Normalmente, el permiso llega en un máximo de una semana. Entonces, la mujer, con garantías jurídicas reforzadas tanto para ella como para los médicos, puede interrumpir el embarazo. Almeida destaca que han atendido a 140 mujeres y que cada vez llegan más casos. Consciente del desafío, señala que “en Brasil todavía no se aborda el aborto en las facultades de medicina ni en las de derecho”.