Las salas advierten que el cine para mayores «padecerá un colapso tras Navidad» y temen perder nuevamente el apoyo financiero directo.

En la tercera edición, vuelven los inconvenientes. La dotación es la más baja hasta la fecha –8,5 millones– y el programa tiene un plazo de doce meses, hasta junio de 2026. Con menos recursos y más tiempo, FECE ya establece una fecha de caducidad: Navidad. «Aunque se quiera que cubra todo el año, no va a ser posible», aseguró Postigo. Este programa permite a las personas de 65 años o más acceder al cine todos los martes a un precio reducido de 2 euros. En cualquier caso, Postigo reconoce que el programa es positivo y que tanto exhibidores como distribuidores están satisfechos. A pesar de que hay que ajustar «sombras y carencias», está siendo «muy bien recibido por el público».

A la preocupación por el cine sénior se suma otro problema: las ayudas directas a salas, que enfrentan dos años de dificultades. El año pasado, los 14 millones presupuestados no se distribuyeron debido a problemas administrativos. Este año, esos fondos –reduciéndose a 8,5 millones– han sido transferidos a las comunidades autónomas, pero varias ya han comunicado que no tendrán tiempo para convocarlas antes del 31 de diciembre. Si no se publican a tiempo, el dinero se perderá. «No entiendo que todo un Estado sea incapaz de repartir estas ayudas mientras la exhibición está en una situación crítica», lamentó Postigo.

El presidente de FECE participó en una mesa de trabajo organizada por el Partido Popular en el Congreso, a la que asistieron representantes de toda la cadena audiovisual. La delegación del PP estuvo liderada por las portavoces de Cultura en la Cámara Baja y en el Senado, Sol Cruz-Guzmán y María José Ortega. El diagnóstico común fue el de un sector en declive: España cuenta con una oferta de 766 millones de butacas al año, pero solo se ocupan 70 millones, menos del 10 por ciento. Las salas de cine en España «están muy deterioradas», afirmó FECE. Si el sector no estuviera apoyado por grupos extranjeros, «muchas salas cerrarían». Las salas han perdido un 25 por ciento de negocio desde 2023 y enfrentan el aumento de gastos fijos –electricidad, alquileres, seguros, IBI– mientras que las recaudaciones disminuyen.

Ley del Cine bloqueada

El encuentro buscaba tratar la situación de la ley del Cine, que, dos años después de que Ernest Urtasun asumiera el Ministerio de Cultura, sigue estancada en el Congreso. El proyecto fue iniciado en la legislatura anterior bajo Miquel Iceta, decayendo tras el adelanto electoral; Urtasun prometió aprobarla antes de final de año. Sin embargo, no será así. Actualmente, la iniciativa acumula ya medio centenar de prórrogas en el plazo de enmiendas, aunque el ministro confía en desbloquearla «en las próximas semanas». Junts ha anunciado que esta norma queda fuera de su bloque general contra el Gobierno. Mientras tanto, continúa vigente una ley de 2007, que se ha vuelto obsoleta ante un ecosistema en plena transformación.

El sistema de ayudas generales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que se basa en un baremo de puntos, fue uno de los temas criticados. José Ángel Delgado, director del Saraqusta Film Festival y productor independiente, señaló desigualdades territoriales y plazos inconcebibles: en Aragón, las ayudas autonómicas se resuelven tan tarde que obligan a justificar los gastos incluso antes de la resolución final. También solicitó revisar ciertas medidas de discriminación positiva, como la puntuación adicional por incluir a una persona trans en los equipos técnicos. «A veces nos pasamos de la raya», afirmó.

Estela Artacho, presidenta de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), agregó que la distinción entre distribuidores independientes y no independientes a menudo bloquea proyectos en los que las empresas han estado trabajando durante meses. También advirtió sobre la calificación por edades: «En algunos momentos del año se producen atascos; siempre estamos a la espera, preocupados porque no podemos estrenar». Fedicine propone adoptar un sistema de series y videojuegos, donde el distribuidor califica bajo un modelo de autorregulación.

Fernando Victoria de Lecea, presidente de Profilm, sugirió la creación de un Consejo Estatal del Audiovisual que coordine producción, distribución, exhibición, incentivos y relaciones con las comunidades autónomas y otros ministerios. También alertó que parte de los fondos del Hub Audiovisual europeo podrían tener que devolverse a Bruselas. «Se devolverá dinero porque no habrá tiempo para gastarlo o invertirlo», advirtió. Aclaró que muchos pensaron que la iniciativa estaba destinada a ayudas a producciones, cuando en realidad se trataba de inversión a empresas con un plan de negocio: «Y eso no se monta de la noche a la mañana».

Respecto a los incentivos fiscales, Adriana Oliveros, presidenta de la Red Española de Clústeres Audiovisuales, advirtió de que España está perdiendo competitividad frente a países vecinos. Francia eleva la deducción al 40 por ciento si hay efectos visuales; Italia incentiva la postproducción al 40; Portugal se mueve entre el 30 y el 40; Bélgica alcanza el 42. España se mantiene en el 30. «Mientras debatimos, otros lugares están absorbiendo la postproducción de nuestras propias series. Eso significa perder valor añadido y empleo de calidad», enfatizó. Oliveros exigió un plan estratégico global: «No necesitamos una pequeña ley sectorial. Requerimos un mapa de carreteras».

El director de Cineteca, Luis Parés, denunció el costo prohibitivo del archivo audiovisual público, en particular en RTVE y Filmoteca Española. «No puedes realizar un documental sobre el entierro de Franco porque te cuesta 3.000 euros el minuto», ilustró. Se produce la paradoja de que el ICAA concede ayudas para documentales cuyos productores deben luego pagar a Filmoteca, que depende del propio ICAA.