Las seis familias de María Guerrero permanecen en sus hogares mientras buscan negociar con la Sareb: “Buscamos un contrato de alquiler, solo eso” | Información de Madrid

Tras pasar una noche en vela, Alfredo Remigio Abad se siente un poco más aliviado. Es uno de los vecinos de las seis viviendas del número 1 de la calle de María Guerrero, en Carabanchel, que iban a ser desalojados este miércoles y que, al final, podrán seguir en sus hogares, al menos por ahora. “Lo que queremos es un contrato de alquiler, no deseamos nada más”, comenta emocionado en la entrada de su edificio, mientras quienes se han reunido para apoyar a las familias celebran con cánticos y aplausos. Unos minutos antes de las diez y media de la mañana, la comisión judicial dejó el edificio tras la decisión de la Sareb, propietaria de la finca, de solicitar la suspensión del desalojo el pasado viernes.

Aunque el llamado “banco malo” había notificado esta decisión la semana anterior, el bloque se despertó con cinco vehículos de la policía municipal en la puerta, la calle acordonada y agentes en los rellanos. A primera hora, Andrea Cesaroni, vecino del edificio, contó por teléfono a este periódico ―dado que la policía impidió la entrada o salida de las viviendas― que los agentes llegaron alrededor de las seis y media de la mañana y no les dejaron salir, incluso a quienes no iban a ser desalojados. A una madre que iba a llevar a sus hijos al colegio, afirma, solo la dejaron pasar tras identificarla y recoger su información.

Elsa Riquelme, miembro del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, señala que a ella también la identificaron, junto a otros presentes, y teme que esto resulte en sanciones económicas. “Ha sido intenso”, dice Cesaroni, ya en la calle, sin los vehículos policiales. “Cuando la gente empezó a llegar, nos sentimos un poco mejor porque al tener respaldo fuera, la policía también tuvo que salir”, agrega.

En la acera de la intersección que da acceso a la vía, la multitud que apoyaba a los vecinos clamaba consignas como “Vergüenza me daría desahuciar a seis familias” o “Gobierno progresista, hipócrita y rentista”. Antes de la llegada de la comisión judicial, los manifestantes se acercaron al cordón establecido por las fuerzas de seguridad, ocupando la calle que estaba abierta al tráfico. Los agentes advirtieron al Sindicato que si no retrocedían, actuarían, pero la situación no escaló y, tras unos minutos, quienes estaban allí regresaron a la acera.

Leyre Pérez y Lucía Ríos, de 25 y 23 años, respectivamente, acudieron para mostrar su apoyo a las seis familias que hoy podrían perder su hogar. “Sientes que hay pocas esperanzas para el futuro en cuanto a nuestra posibilidad de tener una vivienda. Habrá que luchar para intentar mejorar la situación”, comenta Ríos. Los padres de uno de los residentes y vecinos del barrio también se acercaron a dar su respaldo. “Es un barrio obrero, donde ha vivido gente trabajadora. No se puede especular, que es lo que se está haciendo con las viviendas”, declara Isabel Martínez, otra manifestante.

Los responsables del juzgado accedieron al bloque alrededor de las diez de la mañana y no quisieron hablar con los representantes del sindicato ni, según Cesaroni, con los vecinos. Tras inspeccionar los garajes, también sujetos a un requerimiento, salieron del edificio. Con abrazos, agradecimientos y gritos de “Este desalojo lo hemos parado”, los vecinos de María Guerrero 1 inician un nuevo periodo en el que esperan poder negociar con la Sareb, que asegura que están evaluando los casos de manera individualizada. Ocho de las 14 viviendas recibieron un contrato de alquiler social y otras seis una notificación de desalojo tras un proceso iniciado el año pasado, después de que la entidad adquiriera el edificio a finales de 2023.

“Hemos logrado paralizarlo. Ahora la situación es más estable e intentamos que la Sareb se siente a negociar de manera colectiva”, menciona Miren Beriain, miembro de la organización sindical y una de las personas que asomaron a las ventanas con un megáfono durante la mañana. Buscan alcanzar un acuerdo de alquiler que elimine las cláusulas identificadas como abusivas en los contratos ya recibidos —que la entidad considera dentro de la legalidad— y que incluya una que garantice la continuidad de los mismos cuando la propiedad sea transferida a la Entidad Pública Estatal del Suelo (SEPES).