Las universidades se manifiestan en contra de la ley «inconstitucional» de Ayuso en la Asamblea de Madrid.

La movilización no ha cesado y continuará. Esto es lo que desean dejar claro los estudiantes y docentes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, quienes mantienen una lucha contra la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso pretende implementar, y que, según afirman, «viola la Constitución». Su clamor ha llegado este jueves a la Asamblea de Madrid, donde se ha rechazado la proposición no de ley de Más Madrid para retirar esta ley, con el voto en contra del PP y la abstención de Vox.

Esto tuvo lugar cuando el diputado Juan Varela-Portas comenzó el debate sobre la PNL. «Señorías, compañeros, miembros de las plataformas por la universidad pública y sindicatos aquí presentes», inició. Los diputados se volvieron hacia la tribuna de invitados, donde se encontraban Eva Aladro y Jorge Martín levantando los brazos y agradeciendo los aplausos del hemiciclo.

Aladro y Martín son una profesora y un estudiante, respectivamente, ambos parte de la Coordinadora de Plataformas por las Universidades Públicas de Madrid, entidad que integra el rechazo de los seis centros universitarios públicos de la región hacia el proyecto de ley de Ayuso. «Contamos con el respaldo de toda la comunidad universitaria», señala Aladro en declaraciones a ElPlural.com. Antes de ingresar al pleno, reafirmaban su determinación: «Venimos a apoyar y a mostrar la presión que estamos ejerciendo para que se respete la autonomía de las universidades públicas», especificó.

Este acto en la Asamblea, frente a quienes votaron a favor de la LESUC, la ley «inconstitucional» de Ayuso, se produce tras meses de movilizaciones por parte de las plataformas que defienden la universidad pública. La última fue hace solo unos días, y las próximas están en el horizonte. Sus integrantes aseguran que no cesarán en su empeño: «Esta ley podría institucionalizar la crónica infrafinanciación que arrastran las universidades públicas», denuncia Jorge Martín, quien fue este jueves la voz de los estudiantes en la Asamblea.

El PP rechaza la solicitud de retirar la LESUC

Las plataformas por la universidad pública critican que el proyecto de la LESUC «atenta contra el título primero de la Constitución«, que en su artículo 27.10 reconoce «la autonomía de las Universidades». Entre muchas otras críticas al texto del PP, denuncian que permite que la Comunidad de Madrid elija a los órganos de control de los centros. También argumentan que la ley perseguirá las protestas estudiantiles, «por ejemplo, imponiendo una multa de 500.000 euros solo por colocar una pancarta», explica Martín.

Como se esperaba, el Partido Popular ha utilizado su mayoría en la Asamblea para rechazar la PNL de Más Madrid. Los miembros de la plataforma allí presentes anticipaban este resultado y lo han aceptado con dignidad. La negativa del PP no disminuye su voluntad de continuar luchando, aseguran, y ya están organizando nuevas movilizaciones. En el pleno, han contado con el respaldo de los grupos de la izquierda, que han promovido la iniciativa para intentar frenar la implantación de la LESUC.

El diputado encargado de defender la PNL, Juan Varela-Portas, ha comentado el origen del cuestionable texto presentado por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viana: «En lugar de presentar leyes elaboradas por personas razonables, no ideologizadas y expertas, que se debatieran y se alcanzaran acuerdos», el texto fue desarrollado por «un tal Castillo Algarra». Este conocido como «Rasputín de Ayuso» es responsable de un proyecto en el que las universidades se encuentran «enredadas en un ámbito indeterminado y heterogéneo, el de las enseñanzas superiores».

Varela-Portas hizo referencia a que, al inicio de la legislatura, el Gabinete de Ayuso anunció esta reforma de las universidades «como dos leyes«, pero actualmente todas las competencias de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia se han amalgamado en un único texto, en un «proceso opaco y confuso». Los borradores previos al actual han estado «marcados por un ataque sistemático a la universidad democrática, plural y moderna», afirma el diputado.