Las universidades se oponen a las «miserias» de Ayuso para «desmantelar por completo la educación pública».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca mitigar la crisis que atraviesan las universidades públicas de la región, las cuales están al borde de la quiebra debido a la falta de financiación, a través de un aumento en el presupuesto que se encuentra considerablemente por debajo de lo que establece la propia ley madrileña. Tras el escándalo político seguido del cese del anterior consejero del área y miembro de ‘Los Pocholos’, Emilio Viciana, así como la paralización de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), la contienda se centra en la cuestión de la financiación.

El Gobierno del Partido Popular (PP) ha comenzado a difundir, en forma de globo sonda, un supuesto aumento del presupuesto para los próximos años que, al traducirse en cifras, significaría un incremento más que mínimo, además de distante del 1% sobre el Producto Interior Bruto (PIB) regional que la norma establece. Una serie de cifras que, fuera de contexto, pueden parecer adecuadas, pero son insuficientes para satisfacer las necesidades de los centros en la provisión de una educación superior de calidad.

No nos conformamos con sobrevivir con simples migajas

“Es engañoso presentar datos económicos descontextualizados, o cifras de aumentos interanuales, cuando hablamos de una asfixia que se ha gestado durante al menos dos décadas”, denuncia la plataforma en defensa de la universidad, la cual agrupa a las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos). El plan plurianual de Ayuso implicaría, de media, un aumento anual de aproximadamente 72 millones de euros en los próximos cinco años, a repartir entre las seis, incluso por debajo del parche aprobado para 2026, situando el total al término del periodo en 1.600 millones.

“Si proyectamos un crecimiento del PIB de la Comunidad de Madrid del 3% en los años venideros, una estimación conservadora, esos 1.600 millones de euros en 2030 seguirían representando alrededor del 0,4% del PIB”, advierten desde la plataforma, temiendo que los rectores pudieran aceptar este incremento pírrico. Además, estos 72 millones anuales deben dividirse entre las seis universidades públicas, lo que equivale a aproximadamente 12 millones para cada una, una suma que la comunidad universitaria considera “claramente insuficiente para aliviar la asfixia».

Buscan desmantelar la universidad pública, favoreciendo a las privadas

“Ni siquiera compensa el volumen del plan de recortes de 33 millones de la UCM o el déficit de 76 millones de la URJC. En efecto, las universidades públicas madrileñas continúan cerrando sus ejercicios con déficits mucho mayores, lo que demuestra que la medida es insuficiente para abordar el problema estructural”, destaca la plataforma en un comunicado conjunto de los diferentes centros. “Esta propuesta de presupuesto plurianual perpetúa la asfixia económica y, ante una financiación pública inadecuada, condena a las universidades públicas madrileñas a implementar recortes severos en los próximos 5 años”, recalcan.

Una financiación justa para detener la tendencia privatizadora

La comunidad universitaria tiene clara la intención detrás de la propuesta del equipo de Ayuso: “desmantelar la educación universitaria pública madrileña en favor de las privadas”, y demandan el cumplimiento de la ley. Esto implica que, hacia 2030, se alcance el 1% del PIB en financiación, lo cual se traduciría en “al menos duplicar el presupuesto actual”.

“El aumento que se está discutiendo representa solo un 14% de lo que exigimos. Alcanzar el 1% del PIB requiere un respaldo siete veces mayor de esa cifra en los próximos cinco años”, aclaran. “No nos conformamos con sobrevivir con simples migajas”, enfatizan, demandando que “la educación universitaria y la producción de conocimiento deben ser servicios públicos nuevamente y dejar de ser negocios con fines de lucro”. Una clara afirmación que anticipa que no aceptarán una subida superficial y claramente insuficiente.

“No aceptaremos nada que no comience a revertir las tendencias estructurales que han llevado a que la Comunidad de Madrid sea la primera en la privatización del sector y la última de las 17 en todos los indicadores claves: trasvase de estudiantes y personal a universidades privadas, salarios bajos, reducción de oferta de plazas y cierre de grados, esfuerzo público autonómico, inversión por estudiante, precios públicos de matrícula”, señala la plataforma.

Finalmente, advierten tanto a los líderes madrileños como a los rectores que dirigen sus universidades que “si hacen anuncios oficiales que contradicen los objetivos mínimos que tenemos” se convocarán de urgencia “para organizar y llevar a cabo movilizaciones, acciones y huelgas tan intensas como sea necesario hasta que se cumplan los mínimos establecidos”. “Si no hay alivio para las universidades públicas, no habrá paz ni para rectores ni para políticos”, concluyen.