Lawfare: Todos cayeron por la misma razón.

Se presenta un nuevo panorama en el caso residencias de la Comunidad de Madrid, que hace seis años dejó uno de los episodios más oscuros de la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la región.

A su nombre se suman como implicados el ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, así como el ideólogo y firmante de los llamados protocolos de la vergüenza –Francisco Javier Martínez Peromingo y Carlos Mur-, quienes impidieron la atención médica de los internos durante lo peor de la pandemia. Estos dos últimos han declarado recientemente en los tribunales señalándose mutuamente.

El pasado jueves, El País informaba que la Audiencia Provincial de Madrid había rechazado la solicitud de los familiares de las víctimas para consolidar todos los casos en un solo proceso. La decisión, emitida por la sección número 16 de este órgano judicial, se presenta antes de la resolución de la sección 1, donde las familias ahora depositan su esperanza para cambiar la situación.

Este revés no es el primero que reciben los allegados de aquellos que fallecieron sin atención en marzo de 2020. En septiembre del año anterior, el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital tomó una decisión similar a la que ahora adopta la número 16 de la Audiencia Provincial.

La parte afectada presentó un recurso en aquel momento, que aún está a la espera de resolución por parte de la sección primera, por lo que el actual escenario no es definitivo. Esta área inició hace unos días los primeros trámites para estudiar el recurso y todavía se desconoce la fecha de deliberación y el fallo.

Es posible que estos otros magistrados de la Audiencia Nacional decidan abrir una macrocausa; en este caso, podrían darse resoluciones contradictorias del mismo organismo. En tal sentido, podría llegar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Hartazgo de los familiares: «Lo mismo de siempre»

ElPlural.com ha podido conversar con algunas víctimas para conocer sus impresiones sobre esta noticia, después de más de cinco años buscando justicia y reparación. Lo primero que aclaran es que insistirán, aunque no ocultan su desánimo. “Es lawfare, una vergüenza”, manifiestan. “Lo mismo de siempre”, resumen.

En esta línea se expresa Concha Quirós, quien presentó una querella que llevó a altos responsables del Ejecutivo de Ayuso a juicio en el marco del quinto procedimiento judicial relacionado con los mencionados protocolos. Coincide con sus compañeros en justificar la solicitud de fusionar todas las causas en una sola, argumentando que lo contrario “no solo prolongaría los procesos”, sino que niega algo que consideran evidente: “todos murieron igual y por lo mismo”.

Durante la conversación, define a la presidenta madrileña como una “persona indigna” que “controla todos los hilos que quiere con las víctimas y con quien le interesa para salir victoriosa de cualquier situación”. “Tanto que le gusta hablar de España, las personas que dejaron morir asfixiadas levantaron un país después de una guerra… Esto solo provoca que revivamos todo el sufrimiento que ya hemos atravesado”, añade.

Desde la plataforma Marea de Residencias, esperan «con impaciencia y esperanza la resolución número 1 de la Audiencia Provincial». «De cualquier modo, aunque lamentaríamos profundamente que finalmente no haya una macrocausa por un supuesto delito de flagrante discriminación que claramente ocurrió, independientemente del resultado, desde el momento en que se dictaron órdenes de exclusión sanitaria a un sector vulnerable de la población, las familias agrupadas en Marea de Residencias estamos decididas a llegar hasta el final en nuestra búsqueda de justicia, sin importar las dificultades que encontremos en el camino», insisten.

El firmante de los protocolos miró hacia arriba

La última declaración de las personas en el centro de la controversia por el trato a los mayores en los centros de la tercera edad durante la pandemia del Covid se realizó el 10 de febrero, en un procedimiento impulsado, precisamente, por la querella de Quirós.

Mur defendió ante la jueza lo que conocía, lo que desconocía y lo que ordenó Escudero. En concreto, indicó que el consejero sabía que la medicalización en residencias no era efectiva y que los protocolos, elaborados por él mismo, eran en última instancia el desarrollo de esa idea de medicalizar esos espacios.

El firmante de esos documentos subrayó que había enviado un mensaje al propio Escudero y a otros altos funcionarios madrileños que estaban en copia, advirtiendo que el plan para tratar a los enfermos en esas instalaciones no era viable. Envió un correo electrónico en el que expresó que no quería que ninguna autoridad se sintiera culpable por “muertes evitables”.

Ese correo estaba dirigido a un alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales, y entre los destinatarios estaban también el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero -quien dimitió denunciando este proceder-, así como la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila.

La declaración de Mur representa la señal más clara hasta el momento de una posible responsabilidad del antiguo consejero de Sanidad, quien no se encuentra imputado y ya no ocupa su cargo desde junio de 2023. En la actualidad, es senador, por lo que goza de fuero.