Leganés se transforma en la primera «aldea gala» que se opone al aumento de tarifas de basura.

El Ayuntamiento de Leganés discutirá el jueves 13 de noviembre una propuesta formulada por Unión por Leganés (ULEG) para que el Consistorio inicie una recogida de firmas destinada a pedir al Gobierno la derogación de la controvertida tasa de basuras. Esta iniciativa, promovida por el partido independiente que forma parte del equipo de gobierno junto al PP, tiene como objetivo detener un tributo que consideran injusto y desigual para los vecinos.

ULEG ha mantenido una defensa constante de los ciudadanos ante lo que consideran una carga fiscal excesiva. Su presidente y primer teniente de alcalde, Carlos Delgado, comparó la situación con la conocida aldea gala de Astérix: “Estamos luchando contra una chapuza legislativa que afecta los bolsillos de los vecinos y crea desigualdades entre localidades”, afirmó.

La lucha del partido se remonta a 2001, cuando el gobierno municipal, formado por PSOE e IU, estableció un tributo similar, conocido como Ecotasa. Desde ULEG se movilizó a la ciudadanía a través de manifestaciones, recogidas de firmas y acciones legales, lo que resultó en la eliminación de dicho impuesto en 2008, demostrando que la justificación europea presentada por el gobierno anterior no era necesaria.

La tasa de basura: un mandato legal controvertido

La actual controversia surge tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes a implementar una tasa de basura. Según esta norma, las entidades locales deben financiar la gestión de residuos a través de un tributo o una prestación patrimonial de carácter público no tributario, en un plazo de tres años desde la aprobación de la ley.

No obstante, ULEG denuncia que la legislación estatal impone una obligación que no está respaldada directamente por normativa europea. La directiva 2018/851 de la UE establece principios como la responsabilidad del productor, el principio de “quien contamina paga” y la implementación de sistemas de pago por generación de residuos, pero no exige la creación de una tasa específica.

Además, la ley invierte las competencias municipales, ya que, según la Ley de Bases de Régimen Local (7/1985), son los ayuntamientos los que deciden sobre la organización y financiación de la gestión de residuos. ULEG considera que la norma estatal sitúa a los municipios en una posición de riesgo financiero, similar a la controversia del impuesto de plusvalía, cuya nulidad parcial ocasionó serios problemas económicos a varios consistorios.

Para evaluar la implementación de la tasa, en diciembre de 2024 se aprobó una moción en el Pleno municipal para establecer una comisión de estudio. Sin embargo, los grupos PSOE, Podemos-IU-AV y MM votaron en contra o se negaron a participar, dejando a ULEG y al gobierno local la responsabilidad de analizar un tributo que consideran desfavorable para los vecinos.

Carlos Delgado señala que, al permitir que cada municipio regule la tasa de forma concreta, la ley estatal genera desigualdades entre los ciudadanos de diversas localidades: “Es un tributo de alcance nacional que discrimina a los ciudadanos según el ayuntamiento en el que residan. Es una chapuza normativa que el propio Ministerio de Hacienda ha dejado sin supervisión”, afirma.