Leire Díez, Antxon Alonso y el exjefe de la SEPI comparecen ante el juez, mientras persiste la incertidumbre sobre la magnitud de la trama | España

No es la primera vez que Leire Díez, exmilitante y exconcejala del PSOE, junto con el empresario vasco Joseba Antxon Alonso y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, se presenta ante un juez en calidad de imputados. Sin embargo, este sábado en la Audiencia Nacional lo harán con algunas diferencias respecto a sus experiencias anteriores. En esta ocasión, los tres asistirán después de pasar tres días en los calabozos de la Guardia Civil y se enfrentarán a preguntas sobre una causa cuyo alcance desconocen, ya que el juez Antonio Piña mantiene el secreto sobre la misma y, por consiguiente, sus defensas no han tenido acceso a los indicios que presuntamente les incriminan.

Los tres arrestados tampoco tienen claridad sobre la posibilidad de ser enviados a prisión. Lo único seguro es que están acusados de presuntamente participar en una trama de corrupción centrada en la SEPI, la sociedad pública dependiente del Ministerio de Hacienda que gestiona las participaciones del Estado en empresas. Por ello, el magistrado les investiga por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

En el caso de Díez, las investigaciones se centran en las presuntas irregularidades que pudo cometer mientras ocupó cargos en dos empresas públicas: ENUSA Industrias Avanzadas, responsable de garantizar el abastecimiento de uranio enriquecido a las cinco centrales nucleares activas en España, y Correos. La Guardia Civil ha recurrido a ambas para solicitar información sobre expedientes de adjudicaciones bajo sospecha. Díez fue nombrada responsable de prensa de ENUSA en 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, y permaneció en ese cargo hasta 2021. En 2022 se unió a Correos como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, puesto que ocupó hasta 2024. Durante las detenciones, la UCO registró un piso en la madrileña calle Diego de León, donde supuestamente Díez se reunía con empresarios.

El empresario vasco Alonso es consciente de que las acusaciones en su contra se centran, una vez más, en su sociedad Servinabar 2000, donde también es socio el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, lo que ya le obligó a comparecer como imputado ante el Tribunal Supremo en la causa que investiga al político navarro y al exministro socialista José Luis Ábalos por el presunto amaño de contratos públicos durante el mandato de este último en el Ministerio de Transportes. Si bien en esta última causa las investigaciones giran en torno a adjudicaciones obtenidas junto a la constructora Acciona, en la nueva que está llevando la Audiencia Nacional y por la que declarará este sábado ante el juez Piña, el foco está, al menos, en su colaboración con Forestalia, una empresa aragonesa dedicada a las energías renovables. Servinabar asesoró a esta compañía en un proyecto de línea de alta tensión que cruzaba Navarra y también participó en parques fotovoltaicos en los que estuvo involucrada esta empresa.

El empresario vasco también es objeto de investigación por su relación con Fernández Guerrero, quien ha sido citado para declarar este sábado en la Audiencia Nacional. Fernández Guerrero fue nombrado presidente de la SEPI en 2018, justo después de que Sánchez llegara a La Moncloa, cargo que ocupó durante un año y cinco meses. Tuvo que dimitir tras ser imputado por supuestas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar mientras ocupaba un cargo en la Junta de Andalucía. Tras su salida de la SEPI, Fernández Guerrero asumió varios trabajos, entre ellos, el de asesor externo de Servinabar. En la investigación del Supremo constan documentos que detallan que esta empresa pagó al expresidente de la SEPI un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra envió información de que la constructora le retuvo 40.800 euros en impuestos en 2022, aunque la documentación no especifica lo que percibió durante ese ejercicio que justificara tal retención elevada.

Las sospechas sobre Fernández Guerrero no se limitan a esos pagos. Su gestión al frente de la SEPI también está bajo el escrutinio de la investigación, ya que la UCO ha investigado al menos cuatro sociedades vinculadas a la empresa pública que presidió: ENUSA, Mercasa, Sepides y Cofivacasa, para obtener documentación sobre expedientes de adjudicación de contratos y subvenciones. Además, sus negocios posteriores, incluidos aquellos relacionados con la gestión del Bar La Bola, en el polígono de La Cartuja de Sevilla, y su considerable patrimonio inmobiliario suscitan dudas. Cuando Fernández Guerrero compareció en el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo el pasado 22 de julio, el PP insinuó la posibilidad de irregularidades en sus propiedades. En ese momento, el expresidente de la SEPI optó por guardar silencio, ya que seguía procesado por el caso Aznalcóllar, del cual finalmente fue absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla unos días antes de su detención por la UCO. Este sábado, ante el juez, también tendrá la opción de no responder en su calidad de investigado.