Leire Díez, Antxon Alonso y el exlíder de la SEPI comparecen ante el juez con la incertidumbre sobre la magnitud de la trama | España

No es la primera vez que la exmilitante y exconcejala del PSOE Leire Díez, el empresario vasco Joseba Antxon Alonso y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero se presentan ante un juez como imputados. Sin embargo, en esta ocasión, lo harán con algunas diferencias respecto a sus experiencias anteriores. Este sábado, los tres comparecerán tras haber pasado tres días en los calabozos de la Guardia Civil y deberán responder a preguntas sobre una causa cuyo alcance desconocen, ya que el juez Antonio Piña mantiene el secreto sobre ella y, por tanto, sus defensas no han tenido acceso a los indicios que supuestamente los incriminan.

Los tres detenidos tampoco saben si existe la posibilidad de ser enviados a prisión. Lo único que tienen claro es que están acusados de participar presuntamente en una trama de corrupción centrada en la SEPI, la sociedad pública dependiente del Ministerio de Hacienda responsable de gestionar las participaciones del Estado en empresas, y que por ello el magistrado los investiga por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

En el caso de Díez, la investigación se concentra en las supuestas irregularidades cometidas durante su gestión en dos empresas públicas: ENUSA Industrias Avanzadas, encargada de garantizar el suministro de uranio enriquecido a las cinco centrales nucleares operativas en España, y Correos. La Guardia Civil ha solicitado información a ambas sobre expedientes de adjudicaciones bajo sospecha. Díez fue nombrada responsable de prensa de ENUSA en 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, y permaneció en el puesto hasta 2021. En 2022, asumió el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos, donde permaneció hasta 2024. Durante las detenciones, la UCO registró un piso en la calle Diego de León en Madrid, donde supuestamente Díez se reunía con empresarios.

El empresario vasco Alonso está al tanto de que las acusaciones en su contra se centran nuevamente en su empresa Servinabar 2000, de la que también es socio el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y que ya lo llevó a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo en la causa que investiga al político navarro y al ex ministro socialista José Luis Ábalos por supuestos amaños de contratos públicos durante la gestión de este último en el Ministerio de Transportes. Si bien en esta causa anterior las pesquisas se centraban en adjudicaciones obtenidas junto a la constructora Acciona, en la nueva que instruye la Audiencia Nacional y por la que se sentará a declarar este sábado ante el juez Piña, la atención se dirige, al menos, a su colaboración con Forestalia, una empresa aragonesa enfocada en negocios de energías renovables. Servinabar asesoró a esta empresa en un proyecto de línea de alta tensión que atravesaba Navarra, y también participó en parques fotovoltaicos en los que estaba involucrada esta compañía.

El empresario vasco también es investigado por su conexión con el tercer detenido que comparecerá este sábado ante la Audiencia Nacional, Fernández Guerrero, nombrado presidente de la SEPI en 2018 tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, cargo que ocupó durante un año y cinco meses. Tuvo que dimitir tras ser imputado por supuestas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar cuando ocupaba un cargo en la Junta de Andalucía. Tras dejar la SEPI, Fernández Guerrero emprendió varios trabajos, entre ellos como asesor externo de Servinabar. La investigación del Supremo incluye documentación que indica que esta mercantil pagó al expresidente de la SEPI un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra envió información sobre una retención de impuestos de 40.800 euros en 2022, aunque la documentación no especifica lo que recibió en ese año que justificara tal retención.

Sin embargo, las sospechas sobre Fernández Guerrero no se limitan a estos pagos. Su gestión al frente de la SEPI también está bajo escrutinio, ya que la UCO ha acudido a al menos cuatro sociedades vinculadas a la empresa pública que presidió ―ENUSA, Mercasa, Sepides y Cofivacasa― para obtener documentación sobre expedientes de adjudicación de contratos y subvenciones. Además, sus negocios posteriores ―incluyendo la empresa con la que gestionaba el Bar La Bola, en el polígono de La Cartuja de Sevilla― y su considerable patrimonio inmobiliario también generan dudas. Cuando Fernández Guerrero compareció en el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo el pasado 22 de julio, el PP sugirió la existencia de irregularidades en sus propiedades. El expresidente de la SEPI se acogió al derecho a no declarar, ya que en ese momento aún estaba procesado por el caso Aznalcóllar, del cual fue finalmente absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla unos días antes de su detención por la UCO. Este sábado, ante el juez, también tendrá la opción de no responder en su calidad de investigado.