Leire Díez es liberada tras no declarar ante el juez.
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- 13 de diciembre de 2025
Madrid (EFE).- La exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso han quedado en libertad este sábado con medidas cautelares, tras ser investigados por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Con restricciones como la prohibición de salir del país, la retención del pasaporte y la obligación de presentarse cada quincena en el juzgado, los tres abandonaron la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones ante la multitud de medios que les aguardaban.
Después de ser detenidos el miércoles, comparecieron ante el juez Antonio Piña, quien, siguiendo la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, les otorgó libertad provisional con las mencionadas medidas cautelares, según informaron fuentes jurídicas a EFE.
Leire Díez, que dejó la Audiencia Nacional con el rostro cubierto, y Antxon Alonso optaron por no declarar al estar la causa bajo secreto, mientras que Vicente Fernández negó cualquier participación en irregularidades relacionadas con contratos públicos.
Contratos bajo sospecha, la segunda causa de Leire Díez
La investigación se centra en supuestos amaños en contratos públicos que podrían haberse dado en 2021 y 2022. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó esta semana numerosas inspecciones y solicitudes de información.
Leire Díez también se negó a declarar este sábado y en la sede policial, alegando desconocimiento sobre los detalles de la causa, aunque no descarta hacerlo más adelante, según precisaron las fuentes.
Esta es la segunda investigación a la que se enfrenta Leire Díez, quien también está imputada por presunto cohecho y tráfico de influencias, en relación con sospechas de que conspiró junto a un empresario para obtener información comprometida de fiscales y altos mandos de la UCO, tratando de obstaculizar investigaciones.
El expresidente de la SEPI niega amaños en ningún contrato
De acuerdo a fuentes, el único que ha declarado ante el juez es Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, quien respondió a todas las preguntas, incluidas las relacionadas con supuestas comisiones de las que se sospecha que podría haber estado implicado. Él lo negó y rechazó haber participado en el amaño de ningún contrato.
El juez también le preguntó sobre su involucramiento en la empresa Servinabar, implicada en el caso Koldo, donde Fernández trabajó tras dimitir en 2019 como presidente de la SEPI por estar acusado de otro amaño en el concurso de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), del que fue absuelto.
Servinabar está gestionada por Antxon Alonso, el tercer investigado en el caso. Este empresario también se negó a declarar, y los investigadores lo vinculan con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien supuestamente adquirió casi la mitad de las acciones de la empresa a través de un contrato que el exdirigente socialista niega que tenga valor jurídico.
Una veintena de requerimientos y registros
En el desarrollo de esta investigación, la UCO ha solicitado en días recientes información a la SEPI y Correos, además de registrar la sede de Enusa, una empresa pública vinculada a la SEPI donde Leire Díez trabajó como responsable de comunicación durante la presidencia de Vicente Fernández (2018-2019).
En Correos, donde fue directora de Filatelia, ocupó diversos cargos hasta 2023.
Esta semana, los agentes también visitaron organismos de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, además de Cofivacasa, que pertenece a la SEPI, y empresas públicas como Sepides y Mercasa, entre otras.
Además, se registró un bar en Sevilla, donde se incautaron contabilidades y dispositivos para investigar si se utilizaron para blanquear dinero presuntamente ilícito en la trama investigada.