Libertad bajo condiciones para los arrestados en el caso Plus Ultra.

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha decidido este sábado otorgar la libertad condicionada a tres detenidos en el ‘caso Plus Ultra’, entre los que se encuentran el presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli.

Esta información ha sido confirmada a Europa Press por fuentes legales, quienes señalaron que la decisión fue tomada por el juez Alfredo Barrera, que estaba de guardia, aunque la investigación está siendo llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 15 y sigue bajo secreto de sumario.

El magistrado ha impuesto a los tres la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de presentarse ante el órgano judicial cada quince días.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial este sábado tras ser arrestados durante la semana por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La jueza Esperanza Collazos investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que señala tanto el «uso indebido» de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno en forma de rescate durante la pandemia como el presunto blanqueo de fondos públicos y oro de Venezuela en diversos países.

Este caso fue rechazado por la Audiencia Nacional el año pasado por falta de competencia, considerando que el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid debía encargarse, ya que fue el que investigó el rescate de la aerolínea. Fuentes jurídicas informaron a Europa Press que dicho juzgado de Plaza de Castilla está indagando en los hechos denunciados por Anticorrupción, pero no solo en esos.

Uso «indebido» de 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra

La Fiscalía ha denunciado el «uso indebido» de los 53 millones de euros que recibió Plus Ultra mediante la concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, alegando que el dinero «habría sido utilizado para reembolsar préstamos otorgados a la compañía por otras entidades vinculadas a la supuesta trama delictiva».

La denuncia, presentada contra varias personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, apunta a una posible organización criminal con base en Francia, Suiza y España.

Esta estaría compuesta, según afirma, por «ciudadanos extranjeros, nacionalizados españoles y al menos un abogado español», y se dedicaría «a la realización de actos de blanqueo en los tres países mencionados».

De acuerdo a la Fiscalía, los fondos ilícitos provendrían de actos de malversación realizados por funcionarios públicos en Venezuela, de «muy alta cuantía», específicamente de «fondos públicos de programas CLAP», promovidos por el Gobierno para distribuir alimentos básicos subsidiados, así como de «ventas de oro del Banco de Venezuela».

Curiosamente, el mismo juzgado que archiveró en enero de 2023 la causa que investigaba las supuestas irregularidades en la concesión pública de 53 millones de euros a Plus Ultra en la pandemia.

Al archivar la causa, la jueza indicó que el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados «no tenían capacidad de decisión», después de que la Audiencia de Madrid diera la razón a la aerolínea y dictaminase que no era posible considerar la declaración como investigado de su representante legal, dado que se había «agotado el plazo de 12 meses estipulado» para la realización de las pesquisas.