Lo que Mónica García omite: Cataluña tiene cuatro veces más dependencia de la sanidad privada que Madrid.

La sanidad en Cataluña muestra un nivel de dependencia de la gestión privada que es notablemente más alto que en la Comunidad de Madrid, concretamente cuatro veces más, de acuerdo con un informe del Ministerio de Sanidad. Esta discrepancia cobra especial importancia el mismo día en que el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que busca limitar la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud, en medio de las críticas sobre la gestión del PP de Isabel Díaz Ayuso.

El informe del ministerio sobre la penetración de la sanidad privada sitúa a Cataluña como la comunidad autónoma con mayor externalización en la gestión hospitalaria. Es más, más de la mitad de los hospitales públicos catalanes –el 58%– operan bajo fórmulas de gestión privada, y la mitad de las camas disponibles para pacientes del sistema público están gestionadas por operadores privados. En cambio, en Madrid, esta situación afecta a menos del 14% de los hospitales y a un porcentaje similar de camas.

Las diferencias no solo afectan el número de centros, sino que también se reflejan en la infraestructura asistencial: mientras que en Cataluña más de un tercio de los quirófanos públicos dependen funcionalmente de la sanidad privada, en la Comunidad de Madrid este modelo apenas llega a una pequeña fracción del total. El documento elaborado por el ministerio de Mónica García concluye que la dependencia de Cataluña del sector privado cuadruplica la de Madrid, colocando a esta última en la parte baja del ranking autonómico.

Este modelo de sanidad mixta en Cataluña no es algo reciente. Se remonta a los años noventa y ha sido sostenido por gobiernos de diferentes partidos, con el CatSalut como eje de un sistema financiado por fondos públicos pero estructuralmente apoyado en proveedores privados. En la actualidad, la comunidad alberga la gran mayoría de los conciertos sanitarios de gestión integral disponibles en España.

Datos que contrastan con el anteproyecto de ley aprobado

El contenido del informe contrasta significativamente con el debate político que ha cobrado fuerza este martes tras la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Esta norma, promovida por Sanidad, prioriza la gestión pública directa y limita la entrada de empresas con fines lucrativos, con el objetivo declarado de reducir la externalización de servicios y derogar el marco legal que la respalda desde finales de los años noventa.

Desde la Comunidad de Madrid, el anuncio ha sido interpretado como un ataque directo a su modelo sanitario. Tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como la consejera de Sanidad, Fátima Matute, han acusado a la ministra de usar la ley como una herramienta política y de centrar la atención en Madrid, a pesar de que los datos oficiales muestran una menor dependencia de la gestión privada en comparación con otras regiones, particularmente Cataluña.

En este contexto, Ayuso ha defendido que el sistema madrileño cuenta con el respaldo electoral y ha advertido sobre el impacto del mensaje político, aunque el anteproyecto no afecte a las concesiones ya establecidas.

El debate se produce en un momento de alta presencia del seguro sanitario privado entre la población. Cataluña nuevamente lidera este indicador, con más de un tercio de sus ciudadanos cubiertos por pólizas privadas, superando a Baleares y Madrid.