Los empresarios de Madrid se oponen a la nueva Ley Antitabaco.

El tejido empresarial madrileño ha encendido las alarmas ante el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo. La asociación Madrid Foro Empresarial, que agrupa a más de 350 empresarios de distintos sectores, ha manifestado su “firme rechazo” a un texto que, según denuncian, supone “una prohibición generalizada, de difícil aplicación y con graves consecuencias sociales y económicas”. Y es que, para los empresarios, la regulación sanitaria es necesaria, pero no a costa del empleo, la convivencia y el dinamismo económico que caracterizan a la capital.

El borrador legislativo, impulsado por el Ministerio de Sanidad, extiende la prohibición de fumar y vapear en terrazas, así como en un perímetro de 15 metros alrededor de edificios públicos y en varios espacios al aire libre. Los empresarios madrileños consideran que esta medida no solo impactará en la convivencia urbana, sino que también amenaza la competitividad de la capital frente a otras grandes ciudades europeas.

“Estamos de acuerdo en que debe existir una regulación que proteja la salud pública, pero sin asfixiar los espacios de convivencia ni a los motores económicos de nuestra ciudad. La hostelería, el turismo y el pequeño comercio se verán gravemente afectados si se aprueba este texto tal como está planteado”, alerta Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial.

Los datos, según la asociación, respaldarían esta preocupación. El sector hostelero madrileño genera más de 233.000 empleos, cuenta con 29.000 locales y contribuye con el 9,1% del PIB regional, de acuerdo con la organización. Además, es uno de los principales escaparates de la ciudad ante el turismo internacional. “Una medida que prohíbe fumar en terrazas no solo perjudica al sector, también resta competitividad a Madrid frente a otras capitales europeas”, enfatiza Alfaro.

Los empresarios además advierten que la aplicación de esta norma podría desencadenar efectos contrarios a los deseados. La prohibición de fumar en terrazas podría trasladar el consumo a aceras y accesos de los locales, generando aglomeraciones, molestias y tensiones en la convivencia urbana.

En términos económicos, Madrid Foro Empresarial subraya que la reducción del consumo en establecimientos hosteleros podría resultar en una menor recaudación de impuestos especiales e IVA, sin que haya evidencia concluyente de que el cambio del consumo a espacios privados disminuya el tabaquismo entre adultos.

Además, la organización señala que la ley pone en riesgo la viabilidad de miles de negocios, incluidos los estancos, y podría impulsar el mercado ilícito de tabaco. “Los expendedores de tabaco operan bajo concesiones administrativas que están sujetas a estrictos controles de trazabilidad y obligaciones fiscales. Limitar drásticamente el consumo legal afectaría directamente su sostenibilidad económica e incentivaría el comercio ilegal”, afirman.

Con el fin de mitigar estos impactos, Madrid Foro Empresarial ha presentado una serie de alegaciones al Ministerio de Sanidad. Entre ellas, sugiere sustituir la prohibición absoluta en terrazas por áreas habilitadas y señalizadas para fumadores; reducir los perímetros de prohibición a entornos verdaderamente sensibles, como hospitales, colegios o parques infantiles y escuchar e incorporar la voz de empresarios y ayuntamientos en la redacción final de la norma, buscando un equilibrio entre salud pública y sostenibilidad económica.

La organización demanda al Gobierno la elaboración de una ley “más proporcionada, sensata y viable”, que proteja la salud sin poner en riesgo la economía y las libertades de los madrileños. “Confiamos en que se nos escuche y se corrija un texto que, en vez de proteger la salud pública, amenaza la libertad ciudadana y el desarrollo económico de nuestra capital”, concluye Hilario Alfaro.

Así, el debate sobre la nueva Ley Antitabaco llega al núcleo de la economía madrileña, donde la hostelería, el turismo y el comercio local –sectores que aún están en proceso de recuperación tras el impacto de la pandemia- temen una nueva normativa que podría alterar su funcionamiento y disminuir su competitividad frente a otros destinos europeos más flexibles.