Los laboratorios de la DGT para la homologación de la baliza V16 están relacionados con el Gobierno de Illa.

Los dos laboratorios que ha elegido la Dirección General de Tráfico (DGT) del Gobierno de Pedro Sánchez para homologar y certificar los modelos de la baliza V16 –obligatoria en los coches en circulación– están asociados al Gobierno catalán liderado por el socialista Salvador Illa.

Estos son la firma Idiada Automotive Technology SA, en la que la Generalitat posee un 20% de participación, y el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCEO), que forma parte de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, una organización privada que colabora con el Gobierno catalán en otra empresa del sector conocida como Centro de Ensayos, Innovación y Servicios SL (CEIS).

Cualquier modelo de baliza V16 (hay más de 200 certificados) que necesite homologación en relación a los requisitos técnicos del dispositivo debe ser evaluado por los peritos de estos dos laboratorios en los que la Generalitat de Cataluña tiene intereses.

Concretamente, según los datos más recientes disponibles en el Registro Mercantil, consultados por OKDIARIO, la empresa Idiada Automotive Technology SA, ubicada en Tarragona, está participada en un 80% por Applus Servicios Tecnológicos SLU, mientras que el 20% restante es propiedad de la Generalitat de Cataluña a través de la pública Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña SA (Avançsa), de la cual el Gobierno de Illa tiene la totalidad de la propiedad.

Fue en julio de 2024 cuando se supo que la empresa del grupo líder en las ITV y las inspecciones técnicas de vehículos había conseguido el nuevo contrato para la gestión de Idiada -algo que ya estaba llevando a cabo- con una oferta de 428 millones de euros, un monto que supera en un 80% el precio inicial de licitación, que fue fijado en 238 millones.

La Generalitat comunicó en ese momento que Applus pagaría esos 428 millones, lo que representa el 1% del Presupuesto de la Generalitat, en septiembre, como efectivamente ocurrió bajo la administración de Salvador Illa.

Además, la compañía se comprometió a transferir al Gobierno catalán el 20% de los dividendos generados por Idiada Automotive Technology SA, una cuota concesional anual de cuatro millones de euros y un pago adicional correspondiente al 2% del ebitda generado cada año.

En total, esta transacción, considerada «la principal operación patrimonial de la historia del Govern», según la misma Generalitat, aportará al Ejecutivo catalán ingresos por más de 800 millones de euros –incluyendo los 428 millones de la compra del 80% de Idiada– a lo largo de los 25 años del contrato, según las proyecciones realizadas.

La oferta de Applus también incluyó otros compromisos como «el aprovisionamiento de materias primas en proveedores con establecimiento industrial operativo en Cataluña» o «el desarrollo del ecosistema científico, tecnológico y formativo catalán (por ejemplo, mediante la propuesta de programas de colaboración de Idiada con los centros de FP de la veguería del Penedès o con los agentes de investigación en Cataluña)».

Una «infraestructura de país»

Para el Gobierno catalán, «el complejo de Idiada, ubicado en Albornar dentro de un conjunto de inmuebles propiedad de la Generalitat, es un activo considerado infraestructura de país y esencial para el futuro del sector automotriz, el cual tiene un impacto significativo en la economía y el empleo de la comarca del Baix Penedès y, por extensión, en toda Cataluña».

Por otro lado, el segundo laboratorio certificador, el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCEO), forma parte de la FFII (Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial), una Fundación privada sin ánimo de lucro creada en 1992 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. De hecho, el presidente de la Fundación es el director de dicha escuela, cargo que actualmente ocupa Sergio Domínguez Cabrerizo.

Certificación de un modelo de baliza de Osram por el laboratorio Idiada.

Es interesante señalar que esta Fundación –que gestiona el laboratorio certificador– es socia del Gobierno de Cataluña en otra empresa del sector, llamada Centro de Ensayos, Innovación y Servicios, SL (CEIS), cuyo capital social era de 2,4 millones de euros al cierre de 2024. Tanto la Generalitat como la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial tienen cada una un 5% de la sociedad, mientras que la Asociación Española de Normalización (UNE) posee un 85%, con el 5% restante perteneciendo a la Fundación Tecnalia Research & Innovation.

Código impreso

Estos dos homologadores han estado certificando los distintos modelos de baliza V16 desde el 22 de diciembre de 2022, cuando se validó la pionera, creada por la firma gallega Netun Solutions SL de los exguardias civiles Jorge Torre y Jorge Costas, y fabricada por la aragonesa Kepar Electrónica SL. En este caso, fue el LCEO quien realizó esta certificación, tal como se documenta en el texto que reproduzco aquí OKDIARIO. Esta homologación tuvo lugar dos días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el Real Decreto 1030/2022, que permitió la comercialización de estas balizas.

Para verificar si una baliza está homologada por la DGT, que es dirigida por Pere Navarro y está bajo el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, el propio dispositivo debe incluir un código de homologación que contenga un número alfanumérico precedido de LCOE o IDIADA, los nombres de los laboratorios mencionados. Esto resulta clave para evitar la compra de falsificaciones.

Actualmente, hay más de 200 modelos homologados por la DGT (como se puede ver en su página web), y existen decenas de fabricantes de estos dispositivos, tanto españoles como, en su mayoría, de origen chino.