Los letrados de Ábalos se retiran de su representación debido a la falta de pago de los honorarios.

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha quedado nuevamente sin defensa legal. El despacho Chabaneix Abogados Penalistas, que asumió su representación en octubre de 2025, ha notificado este miércoles al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, su renuncia a llevar el caso. Esta decisión ha sido motivada por discrepancias económicas con el político, quien se encuentra actualmente en prisión provisional.

Fuentes del entorno de Ábalos, consultadas por OKDIARIO, han confirmado que la causa principal para esta ruptura es el impago de los honorarios del despacho por parte del ex dirigente del PSOE. El bufete había establecido un ultimátum que vencía el 31 de diciembre de 2025, pero Ábalos no habría cumplido con sus compromisos financieros.

Desde el despacho se ha decidido no dar más margen al político. La razón es clara: se trata de «política de ese despacho no hacer excepciones con ningún tipo de cliente», según han señalado las mismas fuentes.

La decisión ha sido comunicada al ex ministro en la prisión de Soto del Real este miércoles por su letrado, Carlos Bautista, quien dirigía la defensa desde el despacho. La notificación al magistrado del Alto Tribunal se realizó simultáneamente con la presentación de un escrito de dos páginas, que fue consultado por este periódico. En otro documento, también ha dejado el caso el procurador del ex ministro, Samuel Martínez de Lecea Baranda.

En el escrito de renuncia de Bautista presentado ante el juez, la defensa ha solicitado que se paralicen los plazos procesales para no causar indefensión al ex ministro. Esta petición busca garantizar que Ábalos tenga tiempo suficiente para encontrar una nueva representación legal sin que avance el procedimiento judicial en su contra.

Segunda renuncia consecutiva

No es la primera vez que Ábalos enfrenta esta situación. En octubre de 2025, ya rompió con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, quien también renunció a su defensa. En aquel momento, las discrepancias incluían una pérdida mutua de confianza y problemas similares de impago.

A pesar de esta renuncia, es previsible que el ex fiscal Carlos Bautista deba continuar con la representación legal hasta que otro abogado solicite la venia en el Supremo. Esta continuidad es necesaria porque el próximo 15 de enero hay una vista programada en la Sala de lo Penal del Supremo.

La vista evaluará los recursos tanto de Ábalos como de su ex asesor Koldo García contra la decisión del juez Puente de enviarles a prisión provisional sin fianza el pasado 27 de noviembre de 2024. Ambos permanecen en prisión preventiva desde entonces.

La defensa de ambos se centra en negar todos los delitos que se les imputan. Consideran que no hay ninguna organización criminal ni colaboraciones con el empresario arrepentido Víctor de Aldama que ha destapado la situación.

Argumentan que los contratos para la adquisición de mascarillas se llevaron a cabo desde la legalidad total. Además, defienden que no hubo pagos ilícitos por los mismos, ni se dio trato de favor en el rescate de Air Europa, ni hubo gestiones para obtener una licencia para la operadora de hidrocarburos Villafuel. No hay, a su juicio, ni dádivas ni recompensas por su actuación. Respecto al piso que un socio de Aldama pagaba a la ex pareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, consideran «inverosímil» calificarlo como una dádiva.

Este miércoles, el magistrado Leopoldo Puente ha rechazado la solicitud del hasta ahora abogado y fiscal en excedencia. El juez consideró que la complejidad del asunto requiere un tribunal profesional como ocurrirá en la Audiencia Nacional y desestimó la petición de un tribunal de jurado popular.

Ahora, con esta nueva renuncia de sus abogados, Ábalos enfrenta el desafío de encontrar representación legal de cara a la vista del 15 de enero y, sobre todo, al juicio que se llevará a cabo en esta primavera de 2026. Esta tarea se presenta más complicada tras dos abandonos consecutivos de sus letrados por motivos económicos. El ex ministro deberá resolver este obstáculo financiero si desea preparar adecuadamente su defensa ante los tribunales.