Los mecanismos de control del gobierno de Ayuso identifican «incumplimientos» y «errores» en la administración económica de siete hospitales público-privados | Noticias de Madrid

La gestión económica y presupuestaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en siete hospitales públicos de carácter público-privado, que facturaron 563.894.273,65 euros a la Administración entre 2021 y 2023, presenta “deficiencias” y “errores”, según indica la Cámara de Cuentas tras un informe de la Intervención general. Este balance interno, al que tuvo acceso EL PAÍS y que abarca el periodo de enero de 2021 a agosto de 2024, examina los centros situados en Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas (Madrid). Todas estas instalaciones fueron construidas por empresas y son utilizadas por el sistema sanitario público, que realiza un pago anual al concesionario y le permite gestionar las áreas comerciales. ¿Cuál es el resultado? La Intervención concluye que “no se cumplió con procedimientos esenciales” al aceptar favorablemente las solicitudes de reequilibrio financiero (más fondos); que se gastaron millones en obras gestionadas “en contradicción con las previsiones legales”; y que varias de esas facturas no debieron ser pagadas por la administración.

Madrid cuenta con cerca de diez centros construidos durante la gestión de Esperanza Aguirre (2003-2012) mediante el modelo de colaboración público-privada. En algunos de estos centros, las empresas se encargan de la gestión de los servicios médicos (Valdemoro, Villalba y Móstoles, de Quirón, y Torrejón, de Ribera Salud). En otros, la empresa constructora solo gestiona los servicios no asistenciales (Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas, el último en la capital). El informe de la Intervención se centra en estos siete centros, que reciben un pago anual por parte de la administración y pueden solicitar un reequilibrio financiero al gobierno si consideran que la mejora de los servicios o infraestructuras afecta el acuerdo original.

Este modelo parece no funcionar adecuadamente, según el resumen proporcionado por la Cámara de Cuentas del informe de la Intervención, al que la Administración de Díaz Ayuso no presentó alegaciones. Esta decisión es preocupante para los tres interventores que firman el balance, quienes expresan su inquietud: “No se ha recibido este escrito de alegaciones, y por ende, no consta que se vayan a adoptar medidas para subsanar debilidades e incumplimientos”.

Para la Cámara de Cuentas, “el informe (de la Intervención) expone diversas deficiencias en la gestión económica y presupuestaria”. Además, menciona: “Entre las que destacan: errores en la imputación presupuestaria del canon y gastos ajenos al contrato (servicios extraordinarios, COVID-19, etc.); falta de tramitación previa de modificaciones contractuales y reequilibrios económicos; actuaciones sin expediente previo que posteriormente deben ser convalidadas; deficiencias en el seguimiento contable de los activos de concesión y en la gestión de inventarios; insuficiente control de las garantías, pólizas y seguros exigidos a las concesionarias, y falta de control suficiente sobre las explotaciones comerciales en las áreas de gestión privada de los hospitales, entre otros”.

A Esperanza Aguirre, quien promovió este modelo, no le agradaban los arquitectos. “Habría que matarlos (…) sus crímenes perduran más allá de su propia vida”, declaró en una ocasión como presidenta regional. “¿Pero cómo puedes autorizar esta porquería?”, criticó en otra oportunidad un monolito. “Todo se puede delegar, menos la supervisión”, era una de sus frases predilectas para justificar el intenso control que ejercía sobre los técnicos de obras y proyectos autonómicos. Cuando la entonces presidenta se percató de que en el hospital de Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid), se planificaban habitaciones dobles, no estuvo de acuerdo: las estancias debían ser individuales. Así se ejecutó: se eliminaron 135 camas. Diez años después, el gobierno de Ayuso tuvo que indemnizar a la adjudicataria.

Según la oposición, este sistema de pagos, siempre sometido a revisión y recogido en el acuerdo de gestión mixta, penaliza a la sanidad pública pura, que carece de tal capacidad de decisión y financiación, y dificulta conocer cuánto va a costar verdaderamente cada concesión de dinero público.

Es evidente que el caso de Majadahonda no es el único gasto del actual gobierno en hospitales diseñados por Aguirre. También, que la Intervención destaca múltiples objeciones para los gastos realizados entre 2021 y 2024, especialmente cuando los concesionarios reclaman indemnización (reequilibrio económico) por considerar que están asumiendo gastos y mejoras no previstos en su acuerdo original con la administración, que no corresponden con el riesgo y ventura inherentes a una iniciativa empresarial, y que, por lo tanto, perjudican su balance.

Tras revisar los reequilibrios establecidos en 2023 y 2024 en cinco de los siete hospitales, solicitados para ajustes en los servicios no asistenciales e inversiones de reposición, la Intervención concluye que “en ningún caso se instruyó, con carácter previo a la ejecución material de las actuaciones, el correspondiente expediente de modificación contractual” y que “por ello no se cumplieron trámites esenciales como la audiencia al concesionario o el informe del Servicio Jurídico y Consejo Consultivo”.

Al mismo tiempo, los especialistas de la administración encuentran ejemplos contrarios: sobrecostes a causa de la Comunidad que alteran el equilibrio del contrato pero se pagan de manera regular sin modificar el acuerdo. Un proceder que “desvirtúa la información económico-financiera y la transparencia del contrato”.

El ente fiscalizador también ha detectado que los concesionarios han facturado importes correspondientes a gastos de obras no incluidos en el expediente de reequilibrio por al menos 10,9 millones. Y lamenta: “Al menos una parte de las obras abonadas deberían haberse ejecutado desde un punto de vista legal y contractual como obligación derivada del contrato o riesgo y ventura de las sociedades concesionarias, y, por ende, retribuidas a través del canon concesional sin derecho a compensación adicional”. Es decir, Madrid no debió abonar ninguna cantidad extra. Para empeorar las cosas, algunas de estas obras se realizaron “omitidas la fiscalización previa y otros trámites esenciales (…) lo que podría implicar una disminución de las garantías jurídicas que deben presidir la actuación administrativa en materia de contratación pública”.

Este diario solicitó aclaraciones a la Comunidad de Madrid, pero no recibió respuesta al momento de la publicación de este artículo.