Los mossos bajo investigación denuncian una «persecución general».

Los tres mossos investigados por encubrimiento en la fuga de Carles Puigdemont, tras su breve estadía en Barcelona el 8 de agosto de 2024, desean que la instrucción judicial no avance. Después de que Hazte Oír solicitara la prórroga del procedimiento –en espera del análisis de los móviles de los agentes para encontrar posibles mensajes con el expresidente de la Generalitat–, su defensa pide cerrar la instrucción para evitar una «causa general» que responsabiliza a la acusación popular. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía aún no ha emitido un pronunciamiento al respecto.

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa de David Goicoechea, Xavier Manso y Jordi Rodrigo se opone a la prórroga argumentando que la magistrada instructora, María Antonia Coscollola, «no ha acordado ninguna diligencia» fuera de la que se está llevando a cabo, la cual ha sido «rezagada» (ordenada más de año y medio después de los hechos y a instancias de la Audiencia Provincial de Barcelona) sobre el examen de los dispositivos móviles.

Los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye subrayan que la causa ya ha tenido un recorrido de año y medio, durante el cual «se han practicado numerosas diligencias de investigación», por lo que consideran que «ya no es necesario prorrogar la instrucción, salvo para la acusación popular, que busca a toda costa realizar una investigación prospectiva o causa general a partir de los hechos concretos investigados».

Según su perspectiva, «no existe justificación válida en Derecho en este momento para prolongar la fase de instrucción, más allá de lo estrictamente necesario para esclarecer los hechos investigados y la posible participación de sus autores».

El pasado 20 de diciembre, Hazte Oír solicitó a la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona que extendiera seis meses más la investigación judicial sobre la fuga de Puigdemont, que culmina el próximo 9 de febrero, ya que, según el abogado de la acusación, Javier María Pérez-Roldán, «la instrucción judicial aún no ha finalizado».

Recurso pendiente

Por un lado, el abogado recordó en su petición de prórroga que «la Audiencia Provincial acordó la investigación sobre determinadas comunicaciones» (el análisis de los móviles en busca de evidencias de posible connivencia con el líder de Junts para orquestar su fuga). Y por otro, apuntó que la Audiencia de Barcelona aún no ha resuelto su recurso de apelación contra la negativa de la magistrada de aceptar una serie de diligencias solicitadas por Hazte Oír en octubre del año pasado.

El 12 de noviembre, en la providencia que denegó esas diligencias, Coscollola calificó de «desproporcionada» y «prospectiva» la petición de Hazte Oír para que los Mossos d’Esquadra identificaran al «máximo número de personas que pudieron escoltar o estar junto al Sr. Puigdemont». Para la magistrada instructora, dar ese paso significaría ir «más allá» del objeto de la investigación.

Asimismo, rechazó la incorporación a la causa de todas las grabaciones realizadas ese 8 de agosto por los Mossos y las de cámaras ubicadas en los alrededores del Arco del Triunfo (donde Puigdemont participó en un acto independentista durante la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña), tanto las de la policía municipal como las de diversos aparcamientos de la zona.

Igual rechazo tuvo la pretensión de la acusación popular de citar a declarar a un mosso «que no pudo identificar a los asistentes». La magistrada consideró que se trataba de diligencias «que no son propias de esta fase de instrucción» de un procedimiento que –subrayó– «se instruye por determinados delitos y contra personas concretas y determinadas a las que se ha atribuido la condición de investigados».

Diligencias rechazadas

Coscollola invocó el principio de intervención mínima del Derecho Penal, que es «legítimo solo cuando otras ramas del ordenamiento jurídico no son capaces de ofrecer una protección adecuada o suficiente».

En este contexto, enfatizó que «cualquier petición destinada a cuestionar la actuación de la Administración Pública o de funcionarios públicos» debe ser canalizada a través de la vía administrativa.

Del mismo modo, dejó abierta la solicitud de la defensa de los tres mossos investigados de archivar la causa, una decisión que se pospuso al «momento procesal oportuno» tras recordar que en octubre del año pasado la Audiencia Provincial de Barcelona le ordenó examinar los móviles de los agentes imputados para verificar si existen mensajes con Puigdemont que demuestren una actuación coordinada para facilitar su huida. Un supuesto auxilio que le habría permitido eludir la orden de detención vigente en su contra del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés». Esta diligencia, que reiteró, aún está pendiente de realizarse.

La pista de los móviles

La instructora del caso se vio obligada a ordenar la requisición de los móviles de los tres mossos investigados para verificar la existencia de posibles comunicaciones con Puigdemont. Coscollola se había negado inicialmente a accionar esta medida solicitada por Hazte Oír, pero la acusación popular apeló y la Audiencia de Barcelona le dio finalmente la razón.

A solicitud de esta instancia superior, se ordenó la confiscación de los móviles de los agentes para determinar si se comunicaron en algún momento con el expresidente de la Generalitat entre el 8 de julio y el 9 de agosto del año pasado, intentando esclarecer así si se produjo una «actuación coordinada» con el líder independentista para asegurar su fuga. En esta línea, la instructora ordenó el «volcado, análisis y estudio» de siete dispositivos móviles vinculados a los agentes.