Los residentes afectados por la L7B del Metro solicitan aclarar la situación urbanística de los terrenos de sus viviendas.
-
- 29 de agosto de 2025
La Asociación de Afectados Rafael Alberti Presa de San Fernando de Henares por la Línea 7B de Metro ha exigido este viernes a la Comunidad de Madrid «transparencia» y «soluciones» sobre la modificación urbanística de suelo tras años de espera, en una situación que consideran «insostenible».
Estas demandas han sido reiteradas después de haber solicitado en varias ocasiones una reunión y «diálogo» con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
A través de una respuesta recibida este mismo viernes respecto a sus solicitudes, la asociación informa que desde el departamento dirigido por Carlos Novillo se les indica que «la situación jurídica del suelo de los edificios afectados implica el planeamiento urbanístico municipal» y que, a la espera de que el Ayuntamiento presente una propuesta de modificación, no pueden avanzar en la solución del problema.
En este contexto, desde la Asociación de Afectados Rafael Alberti Presa han criticado que se mencione una «falta de coordinación entre administraciones» como justificante para mantener «bloqueada» una solución que consideran «urgente y necesaria».
La Comunidad expropiará los solares de las viviendas derribadas por la L7B de Metro
Del mismo modo, han denunciado que no se les ha dado «la deferencia» de recibirlos y escuchar directamente sus propuestas, y han enfatizado que los afectados siguen pagando el IBI de unos terrenos de los cuales son titulares pero que no pueden utilizar.
«Esta situación es insostenible y requiere un compromiso real y respuestas claras por parte de las administraciones implicadas», ha declarado la asociación en un comunicado.
En este contexto, han anunciado que en los próximos días solicitarán una reunión con el alcalde de la localidad, Javier Corpa (PSOE), para confirmar si efectivamente el Ayuntamiento ha recibido las propuestas mencionadas por la Consejería, aclarar por qué se está retrasando la modificación urbanística mencionada y determinar de manera transparente quién es el responsable del «bloqueo».