Los residentes de Tribulete inician su lucha legal contra el fondo al que acusan de hostigamiento inmobiliario | Noticias de Madrid.

Los residentes de la calle Tribulete número 7 en el barrio madrileño de Lavapiés han iniciado su resistencia en los tribunales. Este martes, ante la jueza de Instrucción número 17 de Madrid, han ratificado la querella colectiva presentada contra el fondo de inversión Elix Rental Housing, a quien acusan de un presunto acoso con el fin de forzarlos a abandonar el inmueble. Desde que este fondo adquirió el edificio hace dos años, los vecinos afirman haber experimentado amenazas verbales, coacciones y obras que, según denuncian, buscan hacer el lugar “inhabitable” para facilitar una operación especulativa.

Durante su declaración judicial, los vecinos contaron que las intervenciones en el edificio comenzaron en noviembre de 2024 y que, desde entonces, los trabajos parecen interminables. Describieron la presencia constante de andamios, boquetes abiertos y acciones que consideran “agresivas”. Según los residentes, estas obras han generado ruido constante, filtraciones de agua, humedades y situaciones de inseguridad por la posible caída de escombros. También denunciaron cortes recurrentes de suministros y niveles de ruido que sobrepasan lo permitido, así como supuestas deficiencias en las medidas de seguridad.

La situación ha llevado a que aproximadamente 30 personas abandonen el edificio en los últimos meses, según informan los vecinos. Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas que representa a los denunciantes, detalló que todos coincidieron en que “desde que Elix adquirió el edificio en 2024, comenzaron a recibir comunicaciones indicándoles que tendrían que abandonar sus hogares sí o sí”. Jacinto también enfatizó que las obras “han creado un ambiente hostil y humillante” para quienes aún residen en el edificio. Estos métodos, señala la abogada, han tenido éxito, reduciendo la cantidad de viviendas de más de 50, con más de 100 habitantes, a solo unas 25 en 15 pisos.

“Uno de los puntos que hemos defendido es que, si Elix realmente quería desalojar a estos inquilinos, debió haber iniciado las acciones de desalojo correspondientes por expiración de contrato y no tomar la justicia en sus propias manos”, criticó Jacinto por teléfono. También negó que existan negociaciones entre el fondo de inversión y los vecinos que permanecen en Tribulete, 7.

Los denunciantes solicitaron al Ayuntamiento de Madrid que ejerciera el derecho de tanteo y retracto, que otorga prioridad a los inquilinos para adquirir el inmueble, con el fin de evitar la operación. Sin embargo, informan que dicha petición no fue atendida. Los vecinos se han organizado con el respaldo de colectivos y sindicatos, exigiendo la suspensión de las obras hasta que se ajusten a la normativa vigente y se garantice la seguridad del edificio y de los residentes.

El fondo Elix Rental Housing sostiene que “las obras realizadas en el edificio están dirigidas a mejorar la accesibilidad, reforzar la estructura de los pilares y renovar la cubierta”. Afirman que estas acciones son “imprescindibles para garantizar la seguridad y habitabilidad del inmueble”. Aseguran también que los trabajos se llevan a cabo “de acuerdo a las especificaciones técnicas del Ayuntamiento de Madrid”. “Como propietarios, tenemos la responsabilidad legal de realizar estas mejoras para proteger a los residentes y mantener el inmueble en condiciones de uso, y para estas obras contamos con todos los permisos necesarios según la normativa vigente”, añadió el fondo en su respuesta escrita a EL PAÍS.

Asimismo, subrayan que han alcanzado acuerdos con más de 30 vecinos del edificio. “Conscientes de las molestias que pueden ocasionar este tipo de intervenciones, y con el fin de reducir al máximo el impacto en la vida de los vecinos, la propiedad ha ofrecido desde el inicio alternativas para quienes se ven directamente afectados por las obras, proporcionando opciones de reubicación temporal en otras viviendas y alojamientos adaptados a sus necesidades”.

Dos años de resistencia

La lucha de los vecinos de Tribulete, 7 comenzó en marzo de 2024, cuando Elix Rental Housing compró el bloque de viviendas en Lavapiés con 54 residentes. En ese momento, se informó a todos ellos que sus contratos de alquiler no serían renovados, lo que llevó a que muchos se marcharan. Solo un grupo de once vecinos se quedó, formando la resistencia. Se negaron a abandonar sus hogares y decidieron seguir pagando el alquiler hasta que un juez resolviera el asunto. Sin embargo, su situación se volvió angustiante, según denuncian, con obras constantes durante el día, daños en las zonas comunes, desprendimientos en el tejado y un portal que se inunda periódicamente. Todo esto, afirman, con el objetivo de obligarlos a salir del edificio.

Los vecinos experimentaron un momento de esperanza cuando el Juzgado número 17 de Madrid admitió la querella que presentaron, acusando a Elix Rental Housing de acoso inmobiliario. Esta acción marcó un precedente en las luchas comunitarias, ya que es la primera vez en España que unos vecinos se movilizan contra un fondo de inversión. La jueza María Isabel Garaizabal Ariza investiga si las acciones denunciadas por los residentes pueden constituir una estrategia de presión para forzar el abandono de las viviendas, lo que podría encajar en el delito de acoso inmobiliario.

El jueves 19 de febrero, los representantes de Elix Rental Housing, un fondo inmobiliario propiedad de AltamarCAM Partners, deberán comparecer ante el juzgado. Posteriormente, el proceso continuará el 3 de marzo, cuando se presentará como testigos el portero del edificio y el arquitecto Pablo García Bachiller.