Los residentes impactados por la venta de 13 inmuebles de la Iglesia: «Nos quieren desalojar para darles espacio a turistas» | Noticias de Madrid

Con gritos de “Especular es pecado capital” y “El Arzobispado ha hecho un pacto con los buitres”, cerca de 100 vecinos cuyas viviendas son gestionadas por una fundación vinculada al Arzobispado de Madrid, se manifestaron este domingo ante la sede eclesiástica para exigir que no se lleve a cabo su venta. El Juzgado de Instrucción número 28 debe decidir si mantiene las medidas cautelares sobre la transferencia de 13 edificios ubicados en el centro de la capital a la sociedad Tapiamar, una operación que se detuvo en 2019 debido a presuntas irregularidades y que, en caso de ejecutarse, podría dejar en la calle a unas 200 familias.

Las propiedades en cuestión, ubicadas en calles como Fuencarral, Churruca o San Bernardo, están bajo la administración de la Fundación Fusara, una entidad cuyo objetivo es “educar a menores de edad sin recursos económicos” y que se creó en 2008 tras la fusión de dos fundaciones que poseían numerosos inmuebles. Con estos bienes, financiaban orfanatos, colegios concertados y residencias. “Este patrimonio inmobiliario con fines sociales no pertenece al Arzobispado, que solo lo gestiona. Los verdaderos propietarios son los herederos universales, que son los niños pobres de Madrid y su provincia, tal como estipulan los estatutos originales de 1925. Están vendiendo algo que no les pertenece”, explica Jesús Manrique, uno de los inquilinos afectados.

En julio pasado se informó que la Archidiócesis de la Comunidad de Madrid alcanzó un acuerdo extrajudicial para vender los 13 inmuebles por un total de 99 millones de euros. Según la estimación de los vecinos, su valor actual rondaría los 250 millones. Este acuerdo es la continuación de una venta que se detuvo en 2019 y que llegó a los tribunales debido a las denuncias de irregularidades presentadas por los inquilinos. En aquel momento, el trato era por un importe de 65 millones e incluía también un edificio en la Calle Barquillo 22, donde se encuentra la sede de Fusara.

Para llevar a cabo esta operación, se establecieron, en apenas dos meses, 14 empresas con un capital de 3.010 euros cada una. Todas bajo el paraguas de Tapiamar y administradas por la misma persona: Roberto de Juan González. En el nuevo acuerdo, De Juan sigue como comprador y se incorpora a Daniel Hidalgo Pita, ambos imputados por delitos de corrupción y estafa en el Caso Fundaciones. Esta causa investiga a directivos de Fusara y Tapiamar por presuntamente expoliar patrimonio de la Iglesia en el centro de la capital y repartir comisiones.

“¿Qué adjetivo se le puede poner a que la Iglesia venda estos 13 edificios a compradores acusados de estafa y corrupción? Es un negocio fraudulento y está claro que quieren echar a nuestras casas para transformar los inmuebles en apartamentos turísticos o hoteles”, afirma Manrique mientras sostiene el megáfono que utiliza para dirigir los cánticos de protesta.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en octubre pasado la imputación de De Juan e Hidalgo, junto a una decena de acusados, a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 28 ha solicitado a las partes que presenten los escritos de acusación para dar inicio al juicio seis años después. Contactado por este periódico, el Arzobispado no ha emitido declaraciones y ha referido la respuesta a Fusara.

Desde la fundación se distancian de la administración que alcanzó el acuerdo de 2019 y justifican el nuevo pacto por la necesidad económica: “Fusara no es propietaria de esos inmuebles desde 2019. Aquella operación, aprobada con información falsa, fue perjudicial para la fundación y por ello hemos presentado una querella contra quienes la llevaron a cabo. La venta privó a la entidad de los ingresos que financiaban su labor: la educación y acogida de cientos de menores en riesgo de exclusión a través de sus colegios y residencias. Son ellos los verdaderos beneficiarios y nuestra prioridad. Para evitar la liquidación, en julio pasado la fundación alcanzó un acuerdo con la sociedad compradora para que pagara los edificios a precio de mercado. Los tribunales han respaldado ese acuerdo.”

No obstante, aún persiste la incertidumbre sobre el resultado de una venta que los vecinos se niegan a aceptar. En septiembre, y a pesar del daño que reconocen, Fusara se retiró de la acusación particular contra Tapiamar, como parte del nuevo acuerdo. Los inquilinos apelaron la operación considerando que es la consumación de la estafa, dado que los edificios se siguen traspasando por debajo de su valor de mercado. Además, la abogada de los vecinos y residente en uno de los edificios, Mónica Sevil, recalca que Fusara aún es responsable de los inmuebles por la paralización del acuerdo de 2019.

Esta situación incrementa la incertidumbre con la que viven los residentes desde entonces. Es el caso de Aurora Alonso, que a sus 84 años sigue en la casa de Angosta de los Mancebos donde nació. Mientras sostiene una pequeña pancarta que dice “La especulación no es religión”, se lamenta por los seis años de incertidumbre y falta de transparencia por parte del Arzobispado.

“Recibimos las cartas de desahucio en 2019 sin previo aviso”, recuerda, antes de expresar su temor de que sus casas se ofrezcan al negocio turístico y criticar la ausencia de alternativas. “Estoy siempre atenta a quién entra al edificio. Vienen personas que no conocemos a hacer mediciones. Ni siquiera nos han informado qué planean hacer con nuestras casas ni nos han ofrecido una alternativa”, asegura la mujer, que teme tener que empacar sus cosas hacia un destino incierto, tras haber vivido toda su vida en el mismo lugar.