Los sectores más moderados del PP muestran preocupación por el enfoque rígido sobre la inmigración | España

“Si yo fuera Vox, también estaría preocupado”, ironizó este lunes desde la calle Génova la vicesecretaria de Coordinación sectorial y responsable del plan de inmigración del PP, Alma Ezcurra. La dirigente madrileña, una de las figuras al alza en la cúpula de Alberto Núñez Feijóo, que en poco tiempo ha ganado mucha influencia en la dirección, expresó su satisfacción por el plan de mano dura del PP en temas de inmigración, ya que, según su opinión, a Vox le inquieta que el PP compita en su terreno con propuestas más serias.

“Cuando un partido”, refiriéndose a Vox, “toma un tema y lo distorsiona para ganar votos de forma engañosa, y otro partido [el PP] presenta una propuesta viable, ordenada, legal y humana; eso es motivo de preocupación”, argumentó Ezcurra. Sin embargo, esta perspectiva genera dudas dentro del PP. Aunque todos los barones han suscrito la declaración de Murcia que formaliza el giro sobre la inmigración, los sectores más moderados del partido temen que el endurecimiento del discurso del PP refuerce precisamente a Vox, que siempre podrá llevar su discurso un paso más allá que el PP.

El debate interno está siendo dominado por el ala dura, aunque los moderados esperan que al menos el PP no continúe centrándose en la inmigración como tema central. Los centristas admiten que era necesario que el PP desarrollara una propuesta detallada sobre un tema que preocupa a muchos españoles según las encuestas, pero desconfían de que sea positivo entrar en el terreno de Vox.

Además, algunas medidas del plan son consideradas “excesivas”, como aquella que establece que solo los inmigrantes “en búsqueda activa de empleo” puedan recibir el ingreso mínimo vital (IMV), según la declaración de Murcia. Feijóo negó en su discurso en Murcia que “cualquier inmigrante irregular pueda empadronarse y solicitar el ingreso mínimo vital”, a pesar de que para acceder al IMV es necesario tener residencia legal continua durante al menos un año antes de la solicitud.

La estrategia del PP consiste en posicionarse en un presumido punto intermedio entre lo que consideran la postura del PSOE y la de Vox. Sin embargo, el PP ha estado endureciendo su propia posición política durante un año, acercándose más a la del partido de Santiago Abascal, con una propuesta que busca aumentar las restricciones para las regularizaciones, priorizar las “culturas” más cercanas y facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos.

Paralelamente, la propuesta del PP ha intensificado su confrontación con Vox, no tanto porque los populares cuestionen por completo la visión extrema sobre la inmigración ―el PP ha adoptado su tesis de vincular inmigración y delincuencia—, sino porque ha comenzado a disputarle su bandera. “La solución no es ni regularizarlos a todos ni expulsarlos a todos”, afirmó el líder del PP el domingo, caricaturizando la posición de los socialistas y de los ultras. Abascal respondió indignado que les “demonizaba con mentiras y manipulaciones”, y los principales dirigentes de Vox han estado en una guerra en redes sociales con los populares en las últimas horas.

Frente a las reservas de los sectores moderados del PP sobre poner el foco en Vox y entrar en su terreno, Génova sostiene que la prueba de que su estrategia es efectiva radica en que el Gobierno progresista no ha salido a criticarlas abiertamente, porque “saben que su electorado las respalda”, afirman fuentes de la cúpula popular. “No pueden impulsarlas porque perderían el apoyo de los partidos con los que comparten el Consejo de Ministros o intereses parlamentarios. Pero saben que nuestra posición no solo coincide con la de los líderes europeos de todos los partidos, sino que también cuenta con el respaldo de muchos ciudadanos que hasta ahora votaban a Pedro Sánchez”, argumentan en la dirección del PP.

El reto para el PP, una vez que ha logrado un acuerdo entre sus barones en una declaración de máximos, es mantener un discurso unificado sobre la inmigración que respete las diversas sensibilidades internas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este lunes una retórica muy dura hacia los extranjeros, advirtiendo que se puede observar en las calles a inmigrantes en “manada” que asaltan a personas mayores y a jóvenes. Ayuso también sostuvo que la inmigración hispanoamericana “no es inmigración” y promovió la asimilación cultural de otros extranjeros. “Lo de solo trabajar no me parece suficiente. Quiero que [el inmigrante] sea uno más a todos los efectos. No puedes ser solo mano de obra”, razonó, especialmente en relación a “países con una integración potencialmente complicada, donde se practica la ablación, los matrimonios infantiles no están permitidos” o que no hablan español.

La artífice del plan, la vicesecretaria Alma Ezcurra, detalló seis criterios para “objetivar” la idoneidad de los inmigrantes que deseen obtener residencia legal en España. “Formación, experiencia, idioma, edad, capacidad de cubrir ocupaciones en escasez y los vínculos previos con el país”, explico. Según Ezcurra, los marroquíes no enfrentarían barreras significativas en su sistema. “A excepción del idioma y tal vez de los vínculos previos, un marroquí podría cumplir los mismos criterios que un colombiano, un chino, un filipino o un guineano. No veo un problema con Marruecos”, razonó. En todo caso, la vicesecretaria admitió que su modelo “está por construir” y, por lo tanto, “las cosas no están perfectamente definidas”.

Mientras tanto, el Gobierno considera que el plan del PP es “inconstitucional”, según palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El Ejecutivo de coalición progresista es una excepción en Europa, ya que ha optado por un discurso positivo sobre la inmigración. La semana pasada, en Nueva York, Pedro Sánchez dejó claro en todos los foros, especialmente en entrevistas, que España es un ejemplo evidente de que los discursos anti-inmigración de Donald Trump y de la derecha y la ultraderecha europea no responden a la realidad. Desde que Sánchez asumió la presidencia, dos millones de inmigrantes han llegado y el desempleo ha disminuido drásticamente, la economía ha crecido y los índices de delincuencia se han mantenido estables e incluso han disminuido en algunos casos. En esta línea, Financial Times publicó este fin de semana un editorial en el que señala que España es la economía más destacada de Europa, especialmente gracias a la inmigración.

La ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz, también rechazó categóricamente el plan del PP, afirmando que “en algunos aspectos está incluso por delante de Vox en términos de ultraderecha”. Sáiz desglosó en La Sexta todas las medidas del PP, buscando demostrar que se basan en premisas erróneas. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital no se recibe inmediatamente al llegar a España. “El 83% de los hogares que perciben el IMV son españoles; más del 40% de los beneficiarios son niños y niñas. Para acceder al IMV hay que haber residido de forma legal e ininterrumpida durante más de un año. Para otras prestaciones de la Seguridad Social, es necesario haber cotizado al menos un año. Esto alimenta el mito de que ‘vienen a cobrar una paguita’”, afirmó. Los visados por puntos “no tienen cabida en la normativa comunitaria ni en la española sobre visados. Son contrarios a los valores constitucionales y discriminatorios”, insiste la ministra.

Así, el Gobierno está decidido a mantener un discurso positivo sobre la inmigración y a tratar de desmantelar toda la información tóxica que se difunde, confiando en poder hacer frente a la ola antiinmigración que detectan los sondeos y que creen favorece a la ultraderecha, motivo por el cual les resulta tan incomprensible que el PP se alinee con esta tendencia.