Los sindicatos analizan la posibilidad de llevar a los tribunales la jornada partida en las escuelas públicas.

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO., UGT, CSIF y ANPE) están considerando acceder a acciones legales contra la normativa que regula la implantación de la jornada partida en los colegios públicos de Infantil y Primaria y de Educación Especial de la Comunidad de Madrid. Argumentan que esta medida “coarta la democracia” en los centros, podría hacer que los alumnos “no rindan adecuadamente” y dará lugar a un deterioro de las condiciones laborales del profesorado.

Así lo han comunicado a Europa Press los representantes sindicales luego de examinar el contenido del decreto. CSIF ha sido la primera organización en dar este paso, anunciando la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). CC.OO. y ANPE también han decidido llevar el asunto a los tribunales, a la espera de definir sus alegaciones con sus respectivos equipos legales, mientras que UGT sigue evaluando posibles acciones legales.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Aída San Millán, ha destacado que “no se trata de si la jornada continua o la partida es mejor”; aunque recordó que hay informes que indican que la atención del alumnado disminuye después de la comida. Según su perspectiva, los centros deberían tener “democracia interna” y no se puede decidir “desde una silla sin tener en cuenta las zonas y los barrios específicos”, ya que “no todos necesitan lo mismo”.

San Millán también ha denunciado que la nueva normativa “coarta” la democracia en los colegios, dado que en los procesos de votación para el cambio de jornada “la última palabra” pertenece a la Dirección de Área Territorial correspondiente. “Están quitando el derecho a decidir”, advirtió.

En la misma línea, el secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, Javier Becerra, ha criticado un texto que “afecta de manera directa las condiciones de trabajo del personal docente en las etapas educativas más tempranas sin haber negociado previamente con las organizaciones sindicales”. A su juicio, la norma elimina la necesidad de llegar a un consenso entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y “facilita que la Administración continúe a pesar de la voluntad general del centro”, lo que genera “un clima de convivencia cada vez más tenso”.

Becerra también ha expresado su pesar por la falta de claridad en la normativa sobre si se proporcionarán los recursos económicos, materiales y de personal necesarios para “llevar a cabo la transformación al modelo propuesto”, ni sobre el posible sobrecoste que podría recaer sobre las familias.

“Afecta a las condiciones laborales”

Por su parte, el presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, ha denunciado que el decreto no haya sido objeto de negociación sindical a pesar de que “modifica sustancialmente las condiciones laborales del profesorado, vulnerando los principios básicos de la negociación colectiva en el ámbito educativo”.

González ha acusado al Gobierno autonómico de haber aprobado la norma “con el mayor sigilo posible”, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Navidad del profesorado, “en un claro intento de minimizar la reacción social, sindical y mediática ante una medida de gran impacto”.

Desde CSIF creen que la “justificación” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que asocia la jornada partida con la mejora del rendimiento académico, la conciliación familiar o la libertad de elección, se ha dado “sin aportar estudios ni datos objetivos que respalden dichas afirmaciones y a costa de perjudicar las condiciones laborales del profesorado”. También han criticado la “práctica habitual del Gobierno autonómico” de aprobar normativa educativa “importante” en periodos no lectivos, “sin diálogo previo y con escaso respeto institucional hacia los docentes”.

“Hay niños que después de comer no vuelven”

La vicepresidenta de ANPE, Carolina Fernández, ha reprochado a la Comunidad de Madrid que “no respete la autonomía de los centros para poder cambiar de jornada” y ha defendido que los docentes “conocen las realidades de los alumnos, que varían según la zona en la que se encuentren”.

Fernández ha instado a abordar estos cambios “con calma” y ha advertido que “no se puede modificar así de rápido solo porque ahora lo creemos”. En este contexto, ha señalado que “hay niños de colectivos vulnerables que si regresan a casa a comer, no vuelven” y ha recordado que España supera el promedio europeo en horas lectivas en Primaria y Secundaria.

A su juicio, la medida representa un “desprecio” hacia el profesorado y ha enfatizado que los docentes “no son cuidadores”. “Cada profesión debe tener su espacio y realizar lo que le corresponde, pero se está transmitiendo que somos aptos para todo”, concluyó.

El decreto

El Consejo de Gobierno autorizó el pasado 23 de diciembre el decreto que establece que la jornada lectiva se organice, de manera general, en dos sesiones de mañana y tarde separadas por un intervalo de dos horas, manteniendo la opción de jornada continua en septiembre y junio.

Los colegios públicos que lo deseen podrán iniciar el procedimiento para modificar su jornada escolar al horario partido. La iniciativa deberá surgir de al menos un tercio del Consejo Escolar del centro y incluirá consultas al claustro, al consejo y a las familias, además de una votación presencial o telemática, que requerirá una mayoría favorable de los votos emitidos.

Una vez confirmado el escrutinio, el resultado será enviado a la Dirección de Área Territorial correspondiente, cuyo titular deberá aprobar el cambio, previa evaluación de la Inspección Educativa y considerando criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación familiar. Todo el proceso deberá completarse antes del 15 de marzo de cada año.