Los sindicatos médicos abandonan las negociaciones con el Ministerio de Sanidad tras el rechazo a un estatuto específico | Sociedad

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se retiraron de la mesa de negociación con el Ministerio de Sanidad este miércoles por la tarde tras un conflicto. Ambas organizaciones han decidido no adherirse al convenio marco para todo el personal sanitario que acordaron este lunes la ministra Mónica García y los sindicatos en negociación (SATSE-FSES, CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde). El ministerio ha descartado la creación de un estatuto específico para médicos, como demandan CESM y SMA. Estas dos centrales sindicales han anunciado planes para nuevas movilizaciones, aunque aún no han definido una fecha.

El enfrentamiento se generó después de que el ministerio de Mónica García decidiera no abrir una mesa de negociación paralela a la que ya están sosteniendo con los sindicatos sanitarios; es decir, un nuevo camino para alcanzar acuerdos exclusivos con los médicos. A pesar de que las demandas de los sindicatos que buscan un estatuto marco han sido, por ahora, atendidas, la lucha paralela de médicos y facultativos por un estatuto exclusivo permanece más vigente que nunca.

Desde el ministerio, han destacado que el “foro legítimo y legalmente establecido” para abordar las demandas es el del ámbito de negociación del Sistema Nacional de Salud, del que CESM también es parte. “El Ministerio lamenta que CESM y SMA hayan decidido mantener una estrategia de presión basada en la exigencia de constituir una mesa de negociación específica y paralela”.

Mientras tanto, CESM y SMA acusan al ministerio de haber “dinamitado” las negociaciones y critican su “nula intención” de llegar a un acuerdo. “El Comité de Huelga considera que Sanidad, más allá de despreciar el tiempo y el compromiso asumido por los responsables sindicales, no ha sabido valorar el impacto del amplio seguimiento de la huelga entre los profesionales y su repercusión en los pacientes y las listas de espera”, denuncian en un comunicado.

Ambos sindicatos opinan que la profesión médica y de facultativos tiene características propias y que merecen condiciones diferenciadas respecto al resto del personal sanitario. A esta reivindicación se suma, aunque con su propia agenda y calendario de huelga, la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que es una organización específica compuesta por 16 sindicatos y asociaciones médicas de toda España creada para generar presión colectiva. Su huelga, programada para el 14 y 15 de enero, se mantiene en pie.

Una de sus principales demandas se centra en la clasificación profesional (es decir, el grupo laboral en el que se les asigna legalmente, donde se establece el sueldo base, los complementos, la carrera profesional o el reconocimiento de la responsabilidad). Actualmente, un médico especialista es considerado como otros graduados universitarios, a pesar de haber cursado seis años de carrera y haber dedicado otros cuatro o cinco a hacer el MIR, además de asumir una responsabilidad mucho más directa. Desde Sanidad defienden que ese aspecto ya está contemplado en el borrador del futuro estatuto marco y que, una vez aprobado, los médicos y facultativos pasarán a formar parte del nivel 8 de clasificación del sistema MECES, que define la graduación de los funcionarios.

Por otro lado, se encuentra el tema de las guardias. Los médicos realizan guardias obligatorias de 17 a 24 horas que no se contabilizan como horas laborales normales. De hecho, se quejan de que reciben menos por la hora de guardia que por la hora de jornada ordinaria y que no se tienen en cuenta para la jubilación. “Tengo cinco años trabajados solo en guardias que no computan para mi jubilación”, explica Ana Giménez, presidenta de Amyts (integrado dentro de APEMYF). Por ello, demandan que las guardias se contabilicen como trabajo efectivo, con límites reales de horas semanales, y que no se les pueda obligar a realizarlas de manera sistemática, sino que sean voluntarias y bien remuneradas.

En cuanto a la jubilación, desean que se considere el riesgo inherente a su profesión y que no se les iguale con otros funcionarios de similar categoría que no enfrentan dicho riesgo. Por este motivo, exigen la posibilidad de una jubilación anticipada sin penalización y una jubilación parcial real.