Los temas candentes sobre la inmigración entre Ayuso y Sánchez.
El conflicto entre el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y varios Ayuntamientos en el ámbito de la migración ha estado presente durante meses y encuentra sus últimas actualizaciones en los dos reveses que ha sufrido la región esta semana. Por un lado, el Tribunal Supremo (TS) rechazó la solicitud de la Autonomía para suspender doce actos administrativos relacionados con el traslado de menores extranjeros no acompañados en Ceuta y Canarias, y por otro, se ha vuelto a suspender el cierre del centro de refugiados en Pozuelo de Alarcón.
Con respecto a lo primero, la Consejería de Asuntos Sociales, consultada por ElPlural.com, indicó que “ya están cumpliendo con el reparto forzoso e impuesto que Sánchez acordó con los independentistas catalanes y vascos”. Esta afirmación refleja claramente la tensión entre las partes, que no ha disminuido con el tiempo, sino que se ha intensificado.
Desde Moncloa, en cambio, celebraban la decisión del Alto Tribunal. El primero en hacerlo fue el delegado del Ejecutivo en la capital, Francisco Martín Aguirre, quien aplaudió que “se priorice la dignidad y el bienestar de los menores migrantes que han padecido situaciones de vulnerabilidad extrema”. “La solidaridad y la Justicia son nuestra fortaleza”, escribió en X, la antigua Twitter.
El interés y la protección de la infancia debe estar siempre por encima de cualquier otro cálculo político.
Hoy se prioriza la dignidad y el bienestar de los menores migrantes que han vivido situaciones de vulnerabilidad extrema.
La solidaridad y la justicia son nuestra…
— Fran Martín Aguirre (@franmartagui) January 21, 2026
En una línea similar, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó de “positiva” la noticia, subrayando que es “lo mejor para los niños”, quienes, insistió, “son la prioridad”. “(Pero también) por humanidad, porque es de justicia y porque la ley que hemos logrado sacar adelante con gran esfuerzo debe ser cumplida”.
Por su parte, fuentes de la Autonomía encabezada por Isabel Díaz Ayuso añadieron que “ya han atendido a 120 menores, algunos de los cuales han sido trasladados como paquetes en contra de su voluntad”, detallando que “lo que ha rechazado el Tribunal Supremo son medidas cautelares sobre la iniciación de los expedientes de traslado”; y que “los Reales Decretos para imponer el reparto forzoso continúan en recurso y en estudio por este tribunal y el Constitucional”.
Noticia positiva. Para los niños, que son la prioridad.
Por humanidad, porque es de justicia y porque la ley, que hemos logrado sacar adelante con mucho esfuerzo, hay que cumplirla. https://t.co/ziCDDhOETM
— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) January 21, 2026
Adicionalmente, informaron que han enviado un escrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para solicitar que se aceleren los procedimientos para el inicio de la acogida de menores solicitantes de asilo. “La Administración regional ha tenido que atender en el último año a 117 menores que han solicitado protección internacional, cuando es de competencia exclusiva estatal (…). No se ha hecho cargo de un solo menor solicitante de asilo, sin cumplir el auto del Supremo del pasado 18 de diciembre”.
Este medio también ha buscado detalles sobre las localidades o centros en los que están llegando estos menores, pero la región se niega a proporcionar dicha información “por protección a los menores”, en un contexto donde, cabe recordar, la ubicación geográfica -en el sentido estricto de la materia- ha sido el foco de la batalla judicial.
Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares
Aquí es imprescindible detenerse en dos puntos: Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares. Ayuso inició su campaña contra el primero para proceder a su cierre. Este centro iba a cerrar definitivamente el 17 de enero, pero la Justicia en los últimos días apoyó las medidas cautelares del Ejecutivo Central para evitar su cierre.
El Creade, como se denomina el lugar, se localiza en la Zona Sur del municipio, bajo la administración de Patricia Peinado, hija del juez que conduce la investigación de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, y ha dado cobijo a centenares de refugiados de Ucrania o Afganistán. Fuentes conocedoras de la situación informan a ElPlural.com que el Creade tiene capacidad para recibir a una docena de personas. Actualmente, presenta una ocupación de 70 plazas, todas ocupadas por niños ucranianos con protección temporal y varias mujeres afganas junto a sus hijos.
El otro punto crítico es Alcalá de Henares. La localidad complutense dirigida por Judith Piquet y la administración de la Puerta del Sol también demandaron el cierre del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ubicado en el cuartel Primo de Rivera, argumentando que no cumplía con los requisitos necesarios para atender a las personas que llegaban a este lugar.
Este centro de acogida fue el mismo que Ayuso utilizó como un argumento contra sus opositores, vinculando sin evidencia a los residentes del mismo con incidentes de violencia, agresiones sexuales y brotes de sarna en Alcalá, lo que fue negado tanto por el Ejecutivo central como por la Policía.
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