Madrid contrata ‘detectives’ para obtener una compensación millonaria por el fraude en los precios del cartel de pañales para adultos | Noticias de Madrid

El gobierno de la Comunidad de Madrid se alista para iniciar una batalla legal contra el cártel de empresas que fue sancionado en 2016 con 128 millones de euros por Competencia, tras acordar los precios de los pañales para adultos que comercializaban a la sanidad pública. Así lo revela documentación consultada por EL PAÍS, que detalla el interés de la administración por contratar a un grupo de peritos para auditar los 615 millones de euros empleados en la compra de material a 19 empresas en el periodo de 2001 a 2023. Aunque aún no se ha determinado la magnitud del problema financiero, la Comunidad de Madrid considera que el asunto tiene un “gran impacto económico”. Al igual que ella, numerosas regiones buscan ser indemnizadas en los tribunales; Cataluña, por ejemplo, ya reclama 526 millones. Madrid, que al menos solicitará 73 millones, no quiere quedarse atrás: planea que los peritos entreguen su informe seis meses después de ser contratados y que lo presenten ante la justicia bajo la dirección de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

“Se trata de productos de consumo sanitario”, explica un portavoz del gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso (PP). “La Comunidad de Madrid simplemente busca reclamar de manera legítima los intereses económicos de todos los madrileños”.

Todo comenzó en 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anuncia una de sus mayores sanciones por cártel a siete empresas de pañales para adultos y su asociación: 128,8 millones de euros por acordar e inflar precios desde 1996 hasta 2014 de los paquetes utilizados por pacientes adultos no hospitalizados, los cuales, en parte, son financiados por la Seguridad Social.

En específico, la CNMC determinó que Arbora & Ausonia (actualmente Procter & Gamble España), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages, junto con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), llegaron a acuerdos y fijaron los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto, que se comercializa a través de farmacias, desde al menos diciembre de 1996 hasta enero de 2014, con variaciones en la duración de la infracción según las empresas implicadas.

Los sobreprecios llegaron a ser del 40%, según el expediente, donde Procter & Gamble y uno de sus directivos quedaron exentos de la multa gracias al Programa de Clemencia, que permite evitar el pago total o parcial de la sanción a la empresa o al directivo que proporcione información relevante sobre las investigaciones.

Después de que la Audiencia Nacional (AN) validara la existencia del cártel en 2022, la Comunidad de Madrid inicia ahora un trabajo de investigación que abarca un periodo distinto al ya analizado por la CNMC y la AN, además de incluir a más empresas. Para ello, busca al menos dos expertos en económicas, con un mínimo de cinco años de experiencia en economía forense, y que hayan participado como peritos en más de tres litigios sobre defensa de la competencia.

¿Su objetivo? Navegar a cambio de unos 135.000 euros por un sinfín de facturas de más de dos décadas que van de 2001 a 2023, con el fin de identificar cualquier sobrepago entre los más de 615 millones de euros gastados, según documentación revisada por este diario.

“Se procederá a identificar y seleccionar los contratos públicos, registros, documentos, etc. que se sospecha han sido influenciados por el comportamiento del cártel”, exige Madrid a los peritos. “Se establecerán precios de referencia para los pañales para adultos mediante la recopilación de datos de precios en mercados similares y en periodos en los que se supone que no existía la influencia del cártel, tal como establece la resolución de la CNMC”, se agrega. “Este análisis permitirá determinar el nivel de precios que habría prevalecido en un contexto de competencia real”, se detalla. “Las desviaciones observadas serán analizadas para verificar si son coherentes con las prácticas de sobreprecio asociadas a comportamientos colusorios”, se añade.

Finalmente, se concluye: “A partir de las desviaciones de precios identificadas, se calculará el perjuicio económico causado al erario público. Este estimado incluirá tanto el sobreprecio pagado directamente como los daños indirectos resultantes de la distorsión del mercado. Asimismo, se analizarán todos los años necesarios con carácter retroactivo y en el futuro, si aún se viera afectado”.

1.000 horas de trabajo

La complejidad de esta tarea se refleja en las horas que la administración estima que tomará completar el encargo: cerca de 1.000. Rastrear las pistas del fraude a lo largo del tiempo y volver a épocas en las que la documentación no está digitalizada representará un desafío considerable.

El modus operandi del cártel implicaba dos técnicas fraudulentas combinadas. Por un lado, obstaculizaba las licitaciones públicas mediante las que las autoridades sanitarias adquirían pañales para personas no hospitalizadas: las empresas sancionadas interponían recursos de manera reiterada para dificultar esos procesos licitatorios, asegurando así que los pañales se vendieran en farmacias, donde obtenían mayores márgenes de beneficio.

Por otro lado, una vez orientada la distribución hacia las farmacias, los fabricantes sancionados establecían acuerdos a través del Grupo de Trabajo de Absorbentes (GTAIO) creado por la FENIN para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas. Esto distorsionaba la competencia y les permitía obtener mayores márgenes.

La fijación y mantenimiento del llamado Precio de Venta de Laboratorio —el que abonan las farmacias por los productos— para los pañales distribuidos a través de este canal resultó en que este “fuera, al final, superior al que se habría obtenido en una situación de libre competencia”, indica la Audiencia en una de sus sentencias sobre el caso.

Este diario se puso en contacto con FENIN para conocer su perspectiva, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.