Madrid contribuirá más y Cataluña lo hará en menor medida a la solidaridad.

El reciente sistema de financiación que ha presentado la ministra de Hacienda María Jesús Montero para las Comunidades Autónomas incrementará en un 26% la diferencia en la aportación neta al sistema entre la Comunidad de Madrid y Cataluña. Aunque faltan información adicional del Ministerio, una simulación realizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) muestra que la región dirigida por Isabel Díaz Ayuso aportará más, mientras que la que preside el socialista Salvador Illa aportará significativamente menos en términos netos al sistema.

Específicamente, si la disparidad con el modelo vigente fue de 5.709 millones de euros en 2023, la Comunidad de Madrid ahora contribuirá con 7.203 millones de euros más que la segunda región más rica de España. Esto es afirmado en un informe firmado por el director gerente de Fedea, Ángel de la Fuente, quien es uno de los principales especialistas en financiación autonómica del país.

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Los análisis del centro de estudios indican que la contribución de Cataluña se disminuirá un 62% (1.456 millones) con el nuevo modelo que se espera instigar en 2027. Mientras que con el sistema actual, en el último ejercicio disponible (2023), Cataluña aportó alrededor de 2.266 millones, con la reforma esta cifra se reduciría a solo 810. En contraste, Madrid pasará de aportar 7.975 a 8.013 millones, un aumento de 39 millones. Estas son las dos regiones, junto con Baleares (194 millones), que tienen que ‘pagar’ al sistema.

La ministra andaluza salió de la reunión con los consejeros regionales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) defendiendo el modelo acordado por el Gobierno con Esquerra (ERC), frente a las críticas del PP. Montero refutó que el sistema estuviese «diseñado para satisfacer a Cataluña» y justificó la inyección adicional de 21.000 millones de euros anuales a las comunidades de régimen común, proponiendo un aumento en la cesión de impuestos a los territorios, inyectando el 55% de IRPF y el 56,5% de IVA, en lugar del 50% actual.

Fedea reconoce que la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas propuesta por Montero crea un sistema de reparto más justo que el vigente, que lleva en desuso más de una década. En este contexto, indica que «el núcleo central del nuevo modelo es muy razonable». Montero se apoyó en esta afirmación durante su rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal.

No obstante, Fedea cuestiona varios elementos del modelo, argumentando que introduce «soluciones» arbitrarias que benefician a Cataluña. Esto incluye específicamente el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes. «Reintroducen la arbitrariedad que se intentó eliminar con buen criterio, y otra parte queda indefinida hasta que se precise la evolución futura de las compensaciones de statu quo que se implementan para evitar que ciertas comunidades pierdan recursos con el cambio de sistema», resalta el informe.

Según los datos del informe, de los 31.448 millones que recauda Cataluña, finalmente podrá retener 30.637 millones. Los 3.975 millones que aporta a la caja común se ven compensados por varios de los elementos previamente mencionados. A través del Mecanismo IVA de las pymes recibe 1.441 millones, que De la Fuente califica como «una excusa ingeniosa para otorgar a Cataluña una atractiva prima de financiación». «No está claro que esto genere beneficios sociales que justifiquen cuantiosas transferencias, ni que el mecanismo propuesto incentive la formulación de una política racional de apoyo a las empresas», critica.

En cuanto al Fondo Climático, la comunidad recibirá 216 millones; y otros 1.268 por nivelación vertical, que es un mecanismo para reducir la diferencia entre las regiones y Madrid, la región que más recauda. Esta última, a diferencia de lo que ocurre con Cataluña, solo podrá quedarse con 25.000 millones de los 33.047 millones de euros que recauda.

Fedea también advierte sobre el riesgo que supone la disminución de recursos para el Estado central y argumenta que esto «dejará al Estado con escaso margen presupuestario» para abordar el aumento del gasto en sectores como la defensa o para cubrir el creciente déficit de la Seguridad Social. «Para que las comunidades autónomas dispongan de más recursos, el Estado tendrá que conformarse con menos o aumentar los impuestos», advierte.

Finalmente, Fedea expresa su preocupación por «la insistencia en avanzar hacia un sistema asimétrico y a medida de gestión tributaria ‘en red'» por parte de la Agencia Tributaria, con el fin de dar cabida al acuerdo de financiación único para Cataluña. Según su opinión, esto «podría terminar rompiendo efectivamente el principio de caja única, dejando al Estado en una situación fiscal comprometida». Montero desestimó esta afirmación en la rueda de prensa.

Por otro lado, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que las seis comunidades autónomas (CCAA) que más financiación reciben en términos absolutos bajo el modelo actual continuarán en el mismo orden con la reforma propuesta: Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León. También se anticipan algunos cambios en Castilla La Mancha, que superaría a Canarias, y la Región de Murcia, que superaría a Aragón. Mientras tanto, Baleares, Extremadura, Asturias, Cantabria y La Rioja permanecerían en el mismo orden antes y después de la reforma propuesta.

Tras la presentación de la propuesta, el Gobierno comenzará a interactuar con las comunidades autónomas en reuniones bilaterales técnicas antes de elaborar el proyecto de ley. Una vez que el texto esté preparado, se iniciará la negociación formal con los grupos políticos, con la intención de que se presente en el Congreso durante esta legislatura para su aprobación este año, con efectividad a partir de 2027.

Se estima que el modelo proporcionará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales. Sin embargo, el PP se opone a su aprobación. Ante la negativa de los de Alberto Núñez Feijóo, Montero anunció que la inscripción de las comunidades en el nuevo sistema será «voluntaria». Aquellas que no deseen participar podrán continuar con el modelo actual, lo que implicará una reducción de millones en sus arcas públicas regionales. En este sentido, Montero subrayó que de los 20.975 millones adicionales que contempla su propuesta, más de 15.000 millones están destinados a comunidades autónomas donde gobiernan los ‘populares’.