Madrid critica el «obstáculo» del Gobierno por su acuerdo con Junts, que frena la construcción de viviendas.

El Ayuntamiento de Madrid amortizará 483 millones de euros de deuda -procedente del superávit de 2024- tras la «burla» del Gobierno de España al no permitir destinar el superávit a la construcción de vivienda, dado que el decreto estatal exige que las inversiones estén concluidas en un año.

«No se puede construir vivienda en un año. No se pueden generar expectativas que no son reales», ha afirmado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno extraordinaria.

«Es un pago adicional a Junts», ha comentado la vicealcaldesa, Inma Sanz. Hidalgo, por su parte, ha criticado al Gobierno de España por «generar unas expectativas que han sido completamente desmentidas por la realidad». Ha explicado que la semana pasada el Gobierno municipal presentó un expediente a la Junta de Gobierno que finalmente fue retirado «porque apareció una ministra en rueda de prensa (en referencia a María Jesús Montero, ministra de Hacienda) diciendo que los ayuntamientos podrían usar este dinero para vivienda, que es algo que realmente preocupa a los ciudadanos».

«Pero cuando se publicó el real decreto en el Boletín Oficial del Estado, nos dimos cuenta de que la letra pequeña no coincidía con lo que se había afirmado, y que una vez más, los ayuntamientos habían sido objeto de engaño respecto a las expectativas generadas, dado que esos fondos no pueden destinarse a vivienda, como afirmó la señora ministra, porque el decreto obliga a que las inversiones se realicen en un año, lo que hace que nadie pueda construir una vivienda en ese plazo», ha lamentado Engracia Hidalgo.

Añadió que para diciembre, los ayuntamientos ya han amortizado deuda o han contenido esas amortizaciones en el proyecto de presupuestos.

Desoír a la FEMP

Engracia Hidalgo ha señalado que el Gobierno central «ha frustrado las expectativas porque no ha prestado atención a los ayuntamientos, que durante todo el año y a través de la Federación Española de Municipios (FEMP), independientemente del color político, han estado solicitando que se permita el uso de esos ahorros para inversiones realmente significativas para los ciudadanos, que aumenten la productividad y contribuyan al crecimiento económico».

Desde Cibeles consideran «una falta de respeto hacia los ayuntamientos» lo que no es más que «un peaje adicional que el Gobierno de la Nación está pagando a Junts». Engracia Hidalgo añadió que el decreto contiene «algo tan crucial como la transferencia de los habilitados nacionales, que socava la cohesión territorial una vez más y es un nuevo engaño a los ayuntamientos».

«Nadie puede afirmar que no hemos hecho el máximo esfuerzo por intentar destinar este dinero a inversiones productivas y significativas para los madrileños, pero la normativa del Gobierno de la Nación lo impide», se lamentó la titular de Hacienda.

Deuda

Con esta amortización, la deuda del Ayuntamiento de Madrid se sitúa en 1.542 millones de euros, «la más baja en los últimos veinte años» y representa el 0,7% del PIB, en comparación con el 95% del PIB correspondiente a la deuda estatal o el 21% de las comunidades.

La inversión prevista en el proyecto de presupuesto de 2026 supera los mil millones, con obras como la A-5, Ventas o Castellana, además del destino para 47 equipamientos, destacó la delegada, quien insistió en que «la solvencia financiera del Ayuntamiento está garantizada», junto con los ahorros acumulados de años anteriores. Por todo ello, Hidalgo reiteró que esto es «una broma de mal gusto» por un «desprecio y maltrato a los ayuntamientos».