Madrid destina más de 51 millones a cuatro hospitales público-privados debido a fallos judiciales adversos | Noticias de Madrid

Desde hace más de una década, la Comunidad de Madrid ha desembolsado 51 millones de euros a cuatro hospitales públicos de carácter público-privado debido a sentencias judiciales desfavorables, según un informe de la Intervención regional al que tuvo acceso EL PAIS. Los gestores de los hospitales de Majadahonda, Parla, Arganda del Rey y Coslada lograron que los tribunales reconocieran su derecho a recibir mayores cantidades por mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones, así como la anulación de sanciones impuestas por la administración, o la variación del tipo de IVA aplicable en los pagos anuales tras haber construido los edificios. Esto es solo la punta del iceberg: a finales de 2023, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tenía provisionados 62,5 millones de euros para litigios pendientes con las concesionarias, que desde principios del siglo XXI, hasta finales de 2024, habían interpuesto 209 recursos contencioso-administrativos.

Madrid alberga una decena de centros construidos durante el mandato de Esperanza Aguirre (2003-2012) bajo la modalidad de colaboración público-privada. En algunos, las empresas gestionan los servicios médicos (Valdemoro, Villalba y Móstoles, de Quirón, y Torrejón, de Ribera Salud). En otros, solo la empresa constructora se encarga de los servicios no asistenciales (Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas, este último en Madrid capital).

El informe de la Intervención se centra en el periodo de enero de 2021 a agosto de 2024, enfocándose en estos últimos siete hospitales, que reciben un pago anual de la administración y pueden solicitar un reequilibrio financiero si consideran que la mejora de los servicios o infraestructuras afecta al pacto original. En caso de no cumplir con el servicio esperado, estas entidades son penalizadas, recibiendo pagos menores a lo acordado mediante el canon anual, lo que se asemeja a una multa indirecta. Si surgen discrepancias, las partes acuden a los tribunales, logrando con frecuencia resultados favorables para al menos cuatro hospitales.

“En la ejecución de los contratos se observa una notable litigiosidad, que se ha traducido en pagos significativos a favor de la sociedad concesionaria, como en el caso del hospital Puerta de Hierro-Majadahonda”, destacan los interventores que firman el informe de control interno del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. “Hasta 2019, se facturaron pagos derivados de acciones judiciales por un monto de al menos 39.293.375,75 euros, sin incluir las sentencias relacionadas con ajustes de volumen y eficiencia energética”, añaden, sin precisar si hubo sentencias favorables a otros centros antes de que Isabel Díaz Ayuso asumiera el cargo.

Además, los interventores apuntan que entre 2021 y agosto de 2023 se pagaron otros 12.584.989,53 euros distribuidos entre el hospital de Majadahonda (11.590.763,50 euros); el de Arganda del Rey (955.821,40 euros); el de Coslada (28.404,63 euros) y el de Parla (10.000,00 euros), superando así los 51 millones de euros en sentencias acumuladas.

Y advierten: “La provisión para responsabilidades derivadas de los contratos de concesión en el ejercicio 2023 ha ascendido a 62.565.137,80 euros, lo que representa el 19,80% del total provisionado para procedimientos judiciales del SERMAS”.

135 camas

Los conflictos legales entre ambas partes han abarcado diversos temas. Desde los reequilibrios de la concesión, hasta el impuesto de bienes inmuebles (IBI), incluyendo la demanda de compensaciones mayores por mejorar la eficiencia energética en los hospitales, o la penaltización por los retrasos en los pagos administrativos. Sin embargo, ningún otro litigio ha resultado más gravoso para la administración que el que involucró a 135 camas del hospital de Majadahonda.

Todo comenzó con Esperanza Aguirre, quien, al visitar el centro entre 2003 y 2012, observó que había varias habitaciones dobles, lo que consideró innecesario y ordenó su transformación a individuales. Esta decisión dio lugar a un conflicto administrativo y judicial, que resultó en que la Comunidad de Madrid tuviera que desembolsar 29.705.262,20 euros. De esta cantidad, 11.385.672,09 se corresponden a pagos atrasados desde 2013 hasta 2021, y 18.319.590,11 a pagos a realizar desde 2022 hasta el final de la concesión en 2035. La razón subyacente fue que la eliminación de camas afectaba a los cálculos de la concesión.

No será la última sentencia en contra de los intereses de la Comunidad de Madrid; así lo sugiere la estadística de casos resueltos hasta finales de 2024, donde se estima que las concesionarias logran ver estimadas parcial o totalmente sus peticiones en casi un 33% de los casos.

Por lo tanto, a finales de 2023, según el informe de la Intervención, había alrededor de una veintena de litigios pendientes, con provisiones ya incluidas en las cuentas de la administración. Hasta ocho de los casos judicializados tenían un valor superior al millón de euros. El más significativo, valorado en 13,4 millones de euros, se relacionaba con el reequilibrio del hospital de San Sebastián de los Reyes. También había disputas sobre el IBI, sobrecostes derivados de la pandemia del coronavirus, o la subrogación del personal de cafetería y limpieza.

Esta serie de sentencias ya firmes, junto con otras que están por venir, complican aún más el cálculo de los costos exactos de estos hospitales, según la oposición. A esto se suma el sistema de pagos y penalizaciones en constante revisión que recoge el acuerdo de gestión mixta que vincula a las dos partes, lo que, según Más Madrid y el PSOE, penaliza a la sanidad pública pura. El motivo es que los demás hospitales del sistema público no cuentan con la misma capacidad de decisión y financiación que tienen las empresas de los hospitales de carácter público-privado, que pueden recurrir a los tribunales.