Madrid detiene el descontrol migratorio de Sánchez.

La Comunidad de Madrid dispone de un sistema de protección de menores que se fundamenta en un marco normativo sólido y que proporciona atención especializada gracias a sus excepcionales profesionales.

No obstante, este sistema no está diseñado para enfrentar una llegada masiva de inmigrantes; su propósito es proteger a menores en situación de desamparo de manera temporal, hasta que la situación familiar les permita volver a su hogar o ser acogidos por otra familia o adoptados.

El Gobierno de Sánchez ha puesto en serio peligro este sistema debido a su irresponsabilidad, cinismo e ineptitud al abordar el problema migratorio. Esta irresponsabilidad ha facilitado, además, el trabajo de las mafias, que han dejado a decenas de miles de personas ahogadas en el Atlántico, muchas de ellas, menores de edad.

El Gobierno central intrusó en competencias exclusivas de las comunidades autónomas al forzarlas a aceptar traslados de menores entre regiones, exceptuando a Cataluña y País Vasco a cambio de apoyo político. Ante esta imposición inconstitucional, la Comunidad de Madrid tuvo que reforzar la red con recursos propios, casi sin ayuda estatal, para garantizar a todos los menores del sistema de protección madrileño la atención que necesitaban ante la crisis que se avecinaba.

Este ataque sectario e ilegal a las competencias autonómicas ha movilizado a la mayoría de las comunidades autónomas, de diferentes colores políticos, logrando revertir un estado de opinión ingenuamente tolerante con la inmigración ilegal.

Madrid ha puesto un alto a las políticas migratorias irresponsables de Sánchez y lo ha hecho:

Uno. Exigiendo al Gobierno que proporcionara información, coordinación y financiación. El gobierno opaco y autoritario de Sánchez se ha negado hasta que se ha visto obligado por Madrid y otras comunidades, por las autoridades de transparencia y por los tribunales.

Dos. Controlando el flujo en Barajas. Presionamos hasta que el ministro Marlaska extendió los visados de tránsito y detuvo la entrada de menores que hacían escala en Madrid de manera fraudulenta con el fin de quedarse en nuestro país.

Tres. Acelerando el procedimiento de determinación de edad para evitar mezclar adultos con menores.

Cuatro. Diciendo «NO» a los repartos arbitrarios para satisfacer a los independentistas. Madrid ha sido la comunidad más perjudicada por el Gobierno. Sin embargo, el Gobierno regional se ha opuesto a estos repartos opacos e ilegales, llevándolos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Cinco. Denunciando la ilegalidad en los procesos de convocatoria de las conferencias sectoriales, así como las manipulaciones y los intentos de cambiar las reglas del juego.

Seis. Presentando alegaciones y recursos, expediente por expediente, contra criterios de traslado que, en muchas ocasiones, iban en contra del interés superior del menor.

Siete. Triunfando en los tribunales. Madrid ha obligado a Sánchez a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo, a pesar de su reiterada resistencia.

Ocho. Desarticulando mafias. Hemos informado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre cómo las mafias cometen fraudes en la documentación, lo que ha llevado a las primeras detenciones.

Nueve. Transmitiendo a la Delegación del Gobierno 94 expedientes de menores problemáticos para su reagrupación familiar en sus países. Según los técnicos de protección de menores, estos casos requieren una acción inmediata de la Delegación para garantizar su retorno.

Diez. Siendo la primera región en denunciar a falsos menores por estafa agravada al aprovecharse de recursos públicos. Estas denuncias ya han producido las primeras detenciones.

La Comunidad de Madrid seguirá luchando por garantizar espacios seguros para los menores que realmente lo necesitan y bloqueando el camino a las mafias que buscan aprovecharse de la legalidad para lucrarse con vidas ajenas. Madrid integra y protege, pero también defiende lo que es justo y actúa contra el caos cuando es necesario.

Se ha cumplido un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que impuso repartos forzosos de menores a las comunidades autónomas, salvo a Cataluña y País Vasco.

La Comunidad de Madrid no reconoce este decreto y lo ha impugnado en los tribunales, pero lo ha cumplido.

Ese decreto expiró el pasado 19 de marzo y ya no está en vigor. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid estará atentamente vigilante ante cualquier maniobra legal que intente el Gobierno para prolongar esos repartos forzosos.

*Ana Dávila-Ponce de León Municio

es consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid