Madrid: Ejemplo de Educación para el Partido Popular | Educación

El Gobierno ha presentado, a la espera de aprobación, un proyecto de reforma del modelo de financiación autonómica. Actualmente, estamos en un momento propicio para el debate y la opinión fundamentada. Este nuevo modelo, que solo afecta a las comunidades autónomas del régimen común, es decir, todas menos Navarra y País Vasco, incrementa la capacidad tributaria al aumentar los porcentajes del IRPF y del IVA cuyo manejo se cede a las comunidades autónomas. Además, se desagregan los porcentajes relativos a educación y servicios sociales, permitiendo actualizar los cálculos de la población ajustada de cada comunidad. Junto a esto, el modelo se adecúa a nuevas realidades al incorporar un fondo para abordar el desafío del cambio climático, así como nuevos mecanismos de nivelación para avanzar en la reducción de las diferencias territoriales en la financiación por habitante.

Esto es lo que propone el nuevo modelo de reforma para el futuro… Pero, ¿qué ha ocurrido en los últimos años, desde 2018, en las diferencias entre comunidades autónomas tanto en PIB per cápita como en renta neta media por persona? Ambos indicadores, calculados por el INE, son relevantes ya que, entre el PIB y la renta neta disponible, se median los impuestos, las cotizaciones sociales y otras transfersencias. En otras palabras, el indicador de renta neta disponible refleja ya el efecto más importante del gasto público: el impacto de los impuestos y de las cotizaciones sociales, que son aportados con progresividad fiscal. Aunque los pagan las personas, podemos observar su repercusión por comunidades autónomas y es esta: las diferencias de PIB per cápita y renta neta media por persona entre comunidades autónomas se han reducido de forma notable entre 2018 y 2024; además, esta disminución ha tenido lugar en un contexto de crecimiento económico y de aumento de la cuantía de la renta.

Específicamente, en 2018, la renta neta media por persona en la comunidad con el régimen común más alta era un 56,2% superior a la de la comunidad con menor renta; para 2024, esta diferencia ha disminuido al 41,7%, lo que representa una reducción de 15,2 puntos porcentuales, es decir, un descenso del 27%.

Parece razonable evaluar las nuevas propuestas a partir de los efectos de las anteriores y no solo por prejuicios o pronósticos. El gasto autonómico se destina principalmente a financiar derechos sociales y recursos destinados al gasto público sanitario y educativo, que suponen la mayoría del presupuesto autonómico. En el ámbito educativo, las disparidades entre comunidades autónomas se han reducido significativamente, gracias principalmente a los fondos finalistas aportados por el Gobierno central a las comunidades autónomas, a través de los Programas de Cooperación Territorial y de impulso de la Formación Profesional, además de los fondos destinados a los “grupos burbuja” durante la pandemia por Covid19. Estos recursos han sido distribuidos con un criterio compensatorio de las diferencias y con el consenso de las comunidades autónomas.

Este es el fundamento de la nueva propuesta de financiación. Sin embargo, no debemos suponer que este proceso de convergencia en educación es inevitable, que siempre ha ocurrido y no corre riesgo. Gobiernos conservadores han eliminado estos fondos en el pasado, y dentro de las comunidades que gobiernan, no aplican criterios compensatorios para la asignación de recursos en el presupuesto educativo: priorizan la excelencia, los cheques para financiar la elección de plazas y las subvenciones a empresas. Debatamos sobre financiación territorial, pero con datos y analizando lo realizado.

Así, en la Comunidad de Madrid, en 2018, el gasto público en educación no universitaria ―excluyendo lo destinado a conciertos y subvenciones, es decir, mayoritariamente lo orientado a centros públicos― no alcanzaba, en euros corrientes, la cifra de 2009; esta cifra se superó en 2020 gracias a los fondos del Ministerio para los grupos burbuja. En cambio, lo destinado a conciertos y subvenciones nunca disminuyó desde 2009, y ambas redes registraron incrementos similares en el alumnado (más de 100.000 en el caso de los centros públicos).

La desigualdad prevista en la propuesta de financiación del Gobierno se pone de manifiesto en el Presupuesto de Educación madrileño, destacándose el fuerte aumento de los cheques-copago (eufemísticamente llamados becas) a familias de cuatro miembros y con ingresos superiores a 144.000 euros anuales para cursar etapas postobligatorias; la tasa de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, que en muchos distritos de la ciudad de Madrid con baja renta se encuentra por debajo de la media, a pesar de que esas plazas se crean con fondos ministeriales; ayudas al comedor escolar que no garantizan la gratuidad ni siquiera para niños en familias con carencias materiales y sociales severas; una tasa de 400 euros que penaliza a alumnado de FP de Grado Superior en centros públicos; y unas inversiones en centros públicos que aún no alcanzan, en euros corrientes, los niveles de 2009, lo que penaliza especialmente a alumnado y familias de las DAT (direcciones de área territorial) o distritos de Madrid con menor renta, donde la enseñanza pública tiene mayor presencia.

Se exige una igualdad que contradice la autonomía territorial, pero se perpetúa una desigualdad que vulnera la equidad en las condiciones para ejercer el derecho a la educación.