Madrid es la región con el gasto más bajo por persona en servicios públicos esenciales | Economía

La Comunidad de Madrid es la que menos recursos destina por habitante a servicios públicos básicos, gestionados por las comunidades autónomas. Su inversión se sitúa 10 puntos por debajo de la media nacional, y es hasta 42 puntos inferior a la que realiza la comunidad que más invierte en estos servicios: el País Vasco. En todas las áreas que componen los servicios esenciales (sanidad, educación, servicios sociales), Madrid se encuentra por debajo del promedio nacional, destacando su última posición en educación, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

La razón detrás de esta discrepancia no es solo financiera. Las comunidades forales, como País Vasco y Navarra, son territorios con mayores ingresos que se benefician de un sistema de financiación particular que les permite gastar mucho más en servicios públicos por habitante. A pesar de que Madrid también cuenta con un PIB per cápita superior al del resto del país y recursos suficientes, otros factores como las decisiones políticas sobre servicios públicos, la composición de la demanda y la preferencia de algunos ciudadanos por servicios privados juegan un papel importante.

El Gobierno autonómico madrileño defiende la iniciativa privada y sostiene que «el dinero está mejor en el bolsillo del consumidor». En esta línea, ha bajado todos los impuestos de su competencia, como la parte autonómica del IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones, convirtiéndose en el territorio con la menor presión fiscal en varias categorías. Todo indica que una parte significativa de la población respalda esta política, pues el PP, promotor de las reducciones fiscales tanto dentro como fuera de la comunidad, ha gobernado de manera continua durante 30 años en la región.

Juan Pérez, investigador del IVIE y coautor del estudio junto a José Antonio Pérez de la Universitat Politècnica de València, confirma que la preferencia de los ciudadanos madrileños por los servicios privados de salud y educación, respaldados por una renta per cápita superior a la media, influye en los resultados. Sin embargo, hay otro aspecto que no se puede medir empíricamente: si esta inclinación se debe a una mejor percepción del servicio privado o responde a otras necesidades, como la reducción de tiempos de espera en sanidad.

En la comparación, el País Vasco y Navarra destinan 32 y 23 puntos porcentuales más que la media nacional a servicios públicos básicos, donde 100 representa el promedio. Después de estas comunidades, se encuentran Canarias y Extremadura, regiones con menor renta per cápita, que tienen acceso limitado a prestaciones privadas pero cuentan con buenos recursos del sistema de financiación. Cataluña y Comunidad Valenciana están cerca de la media, mientras que en el extremo inferior, además de Madrid, están Andalucía y Galicia.

Si se analiza cada tipo de servicio, la imagen difiere. Curiosamente, la comunidad que más invierte en sanidad es Murcia, con un 17% por encima de la media, a pesar de recibir menos recursos del sistema de financiación y tener una renta per cápita inferior al promedio nacional. A continuación se encuentran Navarra, Canarias y Cataluña, mientras que Andalucía, también infrafinanciada y afectada por el reciente escándalo de los cribados de cáncer de mama, queda en el último lugar con una inversión casi 10 puntos inferior a la media, seguida de Galicia y Madrid.

El País Vasco lidera el gasto en educación (52 puntos por encima de la media), seguido por Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja. En la parte baja de la clasificación, y alrededor de la media, se sitúan las comunidades infrafinanciadas como la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, junto con las anomalías de Madrid (último puesto) y Cataluña. Ambas tienen una renta per cápita elevada y recursos financieros en la media, pero sus poblaciones prefieren la educación privada y concertada.

En lo que respecta a servicios sociales, Navarra es la que más gasta (107 puntos por encima de la media), seguida de cerca por el País Vasco (102 puntos más). Nuevamente, las comunidades más ricas tienen gastos más altos que las de menor renta, excepto en el caso de Canarias y Extremadura, económicamente rezagadas pero que destinan más a protección social que la media, y Madrid, que está cerca de la media pese a su alta renta. Galicia ocupa el último lugar, aun teniendo una financiación per cápita superior a la media.

El IVIE ha realizado su análisis con datos de 2023, calculando las diferencias en recursos autonómicos para servicios básicos ajustados por habitante —considerando diversas variables— en cada política de gasto. Para servicios sociales, han dividido los desembolsos por la población mayor de 65 años; para sanidad, han tomado en cuenta la población protegida equivalente según el sistema de financiación autonómica, y para educación, la población entre 0 y 24 años.

Por debajo de la media europea

El informe también señala que el gasto en servicios públicos fundamentales gestionado por las comunidades es inferior al promedio europeo. En concreto, la inversión en sanidad representa un 6,6% del PIB en España, comparado con el 7,3% del bloque comunitario; el gasto en educación es cinco décimas menor (4,2% frente a un 4,7%) y en servicios sociales, España está a punto y medio por debajo de la media europea (1,7% frente al 3,2%).

Por otro lado, el gasto en pensiones y desempleo, que no es competencia autonómica sino que recae en la Seguridad Social, supera la media del club europeo. El primero representa el 12,4% del PIB, mientras que el promedio comunitario es del 11,8%; el coste del desempleo es del 1,5% en España frente al 1,2% de la UE.

El estudio del IVIE concluye que los gastos de las administraciones centrales en estas áreas básicas son menos cíclicos, ya que dependen de factores como las jubilaciones y el desempleo. En contraste, el gasto en servicios fundamentales de las comunidades está muy influenciado por la disponibilidad de recursos. Esto se evidencia con los datos: entre 2009 y 2013, durante la Gran Recesión, casi todo el ajuste en el gasto primario —al neto de intereses— recayó sobre las comunidades autónomas.